Sucedió a fines de julio de 2024, en un campo ubicado en Ibarreta— localidad del departamento Patiño— al sudeste de la provincia de Formosa. Todo comenzó con la desaparición de una vaca lechera. El animal, que formaba parte del sustento diario de varias familias, se había extraviado hacía dos días. Ante su ausencia, Máximo Cisneros (61), dueño del lugar, les pidió ayuda a Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) para encontrarla.
Los cuatro hombres salieron en busca de la vaca con sus perros y la encontraron muerta. Cerca de los restos del animal —explicaron más tarde— apareció el yaguareté. En ese momento, los perros comenzaron a enfrentarse con el animal. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, explicó Viterman. “Nosotros somos hombres de campo, estamos acostumbrados a trabajar con animales ariscos, pero nunca vimos un bicho tan poderoso como ese. A la vaca se la comió”, sumó Hugo.
De acuerdo con su relato, actuaron por miedo. Usaron una escopeta vieja que llevaban con ellos y le dispararon. En el expediente judicial figura que fue Claudio quien ejecutó el disparo fatal, “aunque eso no mengua la responsabilidad de quienes lo acompañaban”. De acuerdo con la ley, podrían recibir tres años de prisión.
Poco después de matar al animal, los cuatro hombres se fotografiaron sonrientes junto al animal. Las imágenes —precisan ahora— “fueron tomadas por unos vecinos”.
Cómo comenzó la investigación por la muerte del yaguareté
El 27 de julio de 2024, las fotos del yaguareté —maniatado, colgado y despellejado— llegaron al celular de Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY). Fue ella quien denunció el hecho.
La gravedad del caso justificó la intervención inmediata de la Justicia: el yaguareté está protegido por la Ley 25.463, que lo declara Monumento Natural Nacional. Apenas quedan 20 ejemplares en el Gran Chaco argentino.
Dos días después de que se radicó la denuncia, la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros en Paraje “Las Antolas”, a 15 kilómetros de Ibarreta. Durante el operativo, el dueño del campo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por las fuerzas provinciales. El 2 de septiembre, 36 días más tarde, los otros tres acusados —sobre quienes pesaba una orden de captura nacional— se presentaron ante la Justicia en compañía de sus abogados.
La causa, calificada como caza de animales silvestres cuya captura está prohibida, agravada por la participación de tres o más personas, fue elevada a juicio en diciembre de 2024. El 12, 13 y 14 de agosto, los cuatro se sentarán ante un tribunal. Será un hecho histórico: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un juicio oral por la caza de un yaguareté. El caso podría sentar jurisprudencia y establecer un precedente clave en la protección de especies en peligro crítico de extinción.
“No somos cazadores”
Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León se conectaron a un Zoom para ser entrevistados. Lo hicieron desde la localidad de Ibarreta, bajo el régimen de arresto domiciliario, en presencia de sus abogados defensores, Pablo Adrián Cardozo y Ramón Eduardo Cristaldo. Es la primera vez que hablan públicamente del caso.
A diferencia de Máximo Cisneros, que espera el juicio en libertad, ellos lo hacen con prisión domiciliaria. Durante la entrevista, Hugo fue el primero en tomar la palabra. “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, dijo. “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, siguió Claudio. “Nos defendimos como pudimos”, agregó Viterman.
Los tres hombres —padres de familia y sin estudios formales— se definieron como amigos de toda la vida y compañeros de changas en el monte. “En el campo de los Cisneros nosotros hacíamos madera y la vendíamos. ‘Changábamos’, como se dice, a la vuelta de los vecinos. Esos son nuestros trabajos, otra cosa no tenemos”, explicó Hugo.
Y siguió: “Para llegar a muchos lugares, desde la casita de los Cisneros, teníamos como tres kilómetros. Entonces nos íbamos en un carro con mulas y llevábamos nuestras cosas para armar el campamento y pasar la semana”. En ese contexto estaban el día que la causa tomó estado público. “Cuando se hizo el allanamiento estábamos en el monte trabajando con motosierras. Nos asustamos. Nunca pasamos por algo así”, dijo Claudio.
De cara al juicio oral, los tres acusados aseguran estar arrepentidos y sostienen que actuaron en legítima defensa. Lo que más los angustia hoy es su situación económica. “Nosotros vivíamos de ese campo. Ahora no tenemos nada”, explicó Hugo. “Fue una cosa fea lo que nos pasó. Primero, porque somos pobres. Segundo, porque dentro de todo antes teníamos cómo vivir, cómo alimentar a la familia. Ahora ni eso”, sumó.
Sus abogados destacan que el régimen de salidas laborales que consiguieron les permitió, al menos, intentar reconstruir algo del día a día. Pero advierten que las ocho horas disponibles para salir a trabajar muchas veces no les alcanzan. “Los lugares donde trabajan están lejos. Tienen que ir, volver, y a veces no pueden salir si llueve. Por eso pedimos una ampliación del horario. Todavía no fue resuelta, pero seguimos insistiendo”, explicaron a este medio.
Un juicio histórico
Para la Red Yaguareté, el juicio que comenzará el próximo 12 de agosto no solo representa un hito legal, sino también el caso más avanzado en casi dos décadas de trabajo judicial en torno a la caza ilegal de esta especie. “Para nosotros es el mayor logro hasta el presente en relación con la persecución y búsqueda de castigos ejemplares a cazadores de yaguaretés. Nunca antes se había dictado prisión domiciliaria por un hecho así”, explicó Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y actual director ejecutivo de la organización.
El proceso también marca un precedente por otro motivo: es la primera vez en la historia judicial argentina que una ONG ambientalista es aceptada como querellante en una causa por la muerte de fauna silvestre. Se suman la Administración de Parques Nacionales y la Fiscalía de Formosa.
Lodeiro Ocampo recordó que en 2023 hubo un antecedente en Clorinda, también en Formosa, donde otro hombre fue procesado por matar un ejemplar y debió pagar una caución de 3.770.000 de pesos.
Antes de que la Justicia provincial lo confirmara, desde la Red Yaguareté ya sabían de qué ejemplar se trataba. Las manchas del animal funcionan como huellas digitales: cada uno tiene un patrón único. Según explicó Lodeiro Ocampo, las que encontraron en las fotografías que recibieron coincidieron con uno de los cinco ejemplares registrados en Formosa. Ahora quedan cuatro.
Hoy se estima que en todo el país hay alrededor de 250 ejemplares, divididos en tres poblaciones distintas: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña —casi exclusivamente en el Chaco seco— y porciones de la selva misionera, en el corredor verde. “Nos alegramos cuando aparece uno nuevo, pero no festejamos demasiado porque sabemos que tiene los días contados. Los yaguaretés llegan esquivando balas y se van esquivando balas hasta que una los cruza y los mata”, explica el director de Red Yaguareté.
Por eso, dice, si este juicio logra una condena, aunque la pena sea leve, el mensaje será fuerte. “Queremos que les apliquen la pena máxima, aun cuando eso implique que después queden libres. De esa manera podremos trabajar sobre la Ley 22.421, de Conservación de la Fauna, que está vieja y obsoleta. Hay un proyecto para modificarla y subir las penas, pero necesitamos que se lo trate en el Congreso de la Nación. Ya fracasaron siete intentos”, cerró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Fuente: Infobae
ADEMÁS EN NEA HOY:
Agosto llega con aumentos en prepagas, naftas, alquileres, expensas y servicios domésticos
El año en que la cultura resistió: series argentinas arrasan en streaming pese a la motosierra
