El posible veto que prometió realizar el Presidente Javier Milei con respecto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, representa mucho más que un simple desacuerdo político: sería un golpe directo a miles de personas que dependen del Estado para sostener su calidad de vida.
La norma, que busca garantizar la continuidad de tratamientos, transporte, asistencia y prestaciones fundamentales para personas con discapacidad, responde a una realidad urgente: las instituciones que brindan estos servicios están al borde del colapso. La causa es conocida y documentada: los aranceles que paga el Estado están desactualizados, muy por debajo de la inflación y los costos reales, y en muchos casos se abonan con demoras de hasta seis meses.
«Nos estamos quedando sin terapias, sin transporte, sin apoyos», explicó Erika Nasir, madre de José Ignacio, un joven chaqueño de 21 años con discapacidad motriz y retraso madurativo, en una entrevista concedida a NEA HOY. Su testimonio expone con crudeza lo que las cifras oficiales no muestran: familias que deben suplir con recursos propios lo que la cobertura social deja de garantizar; prestadores que abandonan la atención por falta de pago; instituciones que cierran sus puertas. «José Ignacio se maneja en silla de ruedas. Por lo tanto, depende de un montón de apoyos y de cuestiones que son necesarias para él, para la familia, para todo el entorno», contó Erika sobre su día a día junto a su hijo.
«Si llegamos a diciembre sin esta ley, muchas prestaciones van a desaparecer», advirtió Nasir. Y el panorama es claro: sin esta ley, habrá menos acceso, menos derechos, menos vida digna para quienes más la necesitan.
Un ajuste que deja a miles afuera
En nombre de un plan de austeridad fiscal, el Gobierno Nacional insiste en eliminar lo que considera «gasto improductivo». Sin embargo, cuando se trata de la atención de personas con discapacidad, la discusión no es presupuestaria, sino ética y humanitaria. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde llega la racionalidad económica cuando lo que está en juego es el derecho a una vida plena?
Erika lo resume sin rodeos: “Solo una persona muy rica puede pagar todos los servicios si el Estado se corre. ¿Y el resto? ¿Qué hacemos nosotros?”. Hoy, las familias con personas con discapacidad no solo enfrentan una lucha emocional y logística diaria, sino también una amenaza creciente de quedar completamente desamparadas.
Un Estado nacional cada vez más ausente y deshumanizado
Contrario a lo que sugiere el discurso oficial, el Estado no tiene estructura ni capacidad para suplir lo que actualmente garantizan prestadores privados. «Si cierran las instituciones privadas, el Estado no cuenta con ese tipo de instituciones”, señaló Nasir. No hay centros públicos de rehabilitación con servicios integrales, ni capacidad operativa para absorber a los miles de niños, jóvenes y adultos que dependen de estos tratamientos.
Es un escenario que muchas familias conocen bien. Erika, por ejemplo, necesita entre tres y cinco sesiones de kinesiología por semana para su hijo. En el sistema público, apenas podría acceder a una cada varios meses. La consecuencia es inmediata: deterioro en la salud, pérdida de autonomía y retrocesos irreparables.
Erika Nasir remarca con firmeza que el reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad no responde a ninguna bandera política ni ideológica: «Es a favor de las personas con discapacidad, de un colectivo». Pide a legisladores y gobernantes que dejen de lado intereses partidarios y se conecten con la humanidad del tema: «Es nada más que eso, es ponerse a mirar, a sentarse y pensar: ¿qué me dicta a mí mi conciencia, mi corazón?”. Insiste en que no se trata de un privilegio, sino de una necesidad vital: «Estamos hablando de personas que realmente lo necesitan y que no pueden valerse por sí mismas». En ese sentido, subraya: «No estamos pidiendo nada extraordinario. Es algo necesario para seguir viviendo».
El veto presidencial, de concretarse, obligará a la Cámara de Diputados a insistir con los dos tercios de los votos para que la ley quede firme. No será fácil. Por eso, las organizaciones de discapacidad, las familias y los prestadores ya comenzaron a movilizarse en todo el país. Las marchas en Chaco y en en distintas regiones del país, que se dieron el viernes pasado buscaron una sola cosa: que la política no les dé la espalda. «Es una causa humana” explicó Nasir.
La política, interpelada
Este momento es definitorio. Los Diputados y Gobernadores tienen la responsabilidad de garantizar que esta ley no quede archivada. No se trata de ganar una votación, sino de preservar derechos fundamentales. Postergar su tratamiento hasta el año que viene, como advirtieron varias voces, sería condenar al sistema de atención a un colapso inevitable.
Mientras el oficialismo se atrinchera detrás del relato del ajuste necesario, la realidad golpea en los barrios, en los hogares, en las instituciones. Los números no alcanzan para dimensionar lo que está en juego. Lo explicó Erika, con la contundencia de una madre que no pide privilegios, sino conciencia, empatía y razonamiento ante esta situación que afecta a miles de familias.
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