El Gobierno de Javier Milei se encamina a recibir este jueves un sonoro cachetazo político en el Senado de parte de una amplia mayoría opositora que podría unirse por primera vez desde que asumió la administración libertaria para avalar el reparto de fondos que los gobernadores provinciales sostiene que les pertenecen y que la Casa Rosada viene reteniéndoles de manera indebida para sustentar el superávit fiscal.
La sesión comenzaría a las 14, que es la hora y el día previstos para sesionar, además de los miércoles, que los senadores votaron en marzo último en una sesión preparatoria. Es que, por primera vez en su historia, la Cámara alta podría sesionar sin que medie una convocatoria oficial de algunas de sus autoridades.
El de no convocar de manera oficial a sesión fue el camino que decidió tomar Victoria Villarruel para evitar la señal de debilidad política de quedar cediendo a la presión de la oposición para que abra el recinto. No obstante, y tras palpar el clima de rebelión contra la Casa Rosada que atraviesa a varios bloques de la Cámara alta, la vicepresidenta comunicó que presidirá la sesión si, como se espera, hay quórum para habilitar el debate.
Tensión entre Nación y provincias por fondos: Milei amenaza con vetos y los gobernadores responderán en el Senado
Este jueves el Senado tratará cinco iniciativas: tres con media sanción de Diputados
(aumento jubilatorio, emergencia en discapacidad y moratoria previsional) y dos
impulsadas de forma unánime por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño:
la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del
impuesto a los combustibles líquidos.
Según anticiparon desde los bloques federales, las cinco iniciativas tienen posibilidades
de ser aprobadas. Incluso algunos mandatarios provinciales que dudaban sobre los
proyectos de Diputados habrían modicado su postura tras las últimas declaraciones
del Presidente.
Milei, por su parte, buscó dar una señal a los mercados. Aseguró que desde el Ejecutivo
están “absolutamente tranquilos” y minimizó el posible impacto scal: “Si me rechazan
el veto lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad
de dinero. No les dan los tiempos para causar daño”.
Los gobernadores justifican sus propuestas citando datos de la propia Secretaría de
Hacienda, donde se observa una baja en la presión tributaria provincial respecto al PBI
en 2024, mientras que la nacional aumentó. También denuncian la subejecución de los
ATN, cuya nalidad es atender emergencias provinciales.
Además, propone redistribuir los fondos del impuesto a los combustibles líquidos, hoy
centralizados en fideicomisos, para garantizar inversiones en infraestructura,
especialmente en rutas. Aseguran que ambas medidas implican un costo fiscal del
0,11% del PBI y no afectan el equilibrio macroeconómico.
Las negociaciones con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no llegaron a buen
puerto. Según fuentes cercanas, la Nación considera que el impacto scal real sería
mayor al estimado por las provincias y no están dispuestos a ceder manejo
presupuestario.
Fuente: La Nación / El Territorio
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