Hace unos días el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó la 5° edición de su informe “La cocina de los cuidados”, un monitoreo exhaustivo sobre el impacto de las medidas del gobierno de Javier Milei en las políticas sociales de cuidado. Las ediciones venian de mal en peor, pero el nuevo documento es devastador: el 92% de las políticas de cuidado fueron recortadas, paralizadas, derogadas o desmanteladas. Solo 4 de 50 continúan vigentes. El costo humano detrás de estas decisiones alcanza a 2.866.000 personas que, en apenas un año y medio, perdieron el acceso a al menos una política que les garantizaba derechos básicos.
Disfrazado por la excusa de la “eficiencia” estatal y el “déficit 0”, el modelo libertario de ajuste estructural empobrece a los sectores más vulnerables, profundiza la desigualdad de género, y deteriora todos los lazos sociales. Lo que hace el trabajo del CELS es documentarlo para que podamos darnos cuenta que el desarme de las políticas de cuidado no es un efecto colateral del ajuste, sino la idea central de un modelo económico y social que decide, con plena conciencia, retirarse de la vida cotidiana de millones.
Adultos mayores: entre la comida y los medicamentos
Uno de los sectores más golpeados por el recorte es el de las personas mayores. El informe señala que la cantidad de personas con medicamentos cubiertos por PAMI cayó de 4,6 a 3,8 millones. Además, se redujeron en más de 5.000 las camas financiadas por PAMI en residencias de larga estadía. Las jubilaciones mínimas más los bonos oficiales siguen por debajo de la línea de pobreza: faltan $45.000 por mes para cubrir una canasta básica total.
Ya sin moratoria previsional, miles de personas mayores quedaron fuera del sistema jubilatorio. Los subsidios para contratar cuidadores se redujeron en un 18% y las residencias nacionales no admiten nuevos ingresos desde agosto de 2024. Como cuenta Roxana en un testimonio del estudio, su mamá es jubilada de la mínima y tiene PAMI: “está tomando 5 medicamentos por mes, el antidepresivo, para la presión. De un día para el otro dejó de percibirlos de forma gratuita así que ahora o come o se medica”
800.000 personas mayores dejaron de tener medicamentos cubiertos por el PAMI
Discapacidad: más obstáculos y menos derechos
El informe también detalla el retroceso en el acceso a pensiones y prestaciones para personas con discapacidad. A partir de septiembre de 2024, el porcentaje de rechazos de solicitudes de pensión pasó de 40% a 75%, en gran parte por la incompatibilidad impuesta con el trabajo registrado. Se revocaron 56.000 pensiones ya otorgadas y se multiplicaron los trámites presenciales sin condiciones mínimas de accesibilidad.
A esto se le suma la desactualización de los montos para prestaciones y la ausencia de una ley de emergencia para el sector. En el Estado, el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad sigue lejos del objetivo legal del 4%: actualmente se ubica en 1,47%.
Infancias: la vuelta a una crianza solitaria y precarizada
Mientras el Gobierno Nacional sostiene (parcialmente) las transferencias monetarias como la Asignación Universal por Hijo (que es la única que aumenta día a día), desfinancia sistemáticamente todas las políticas que apuntaban a socializar el cuidado infantil. A junio de 2025, sólo se ejecutó el 24% del presupuesto para ampliar jardines de infantes, un presupuesto que además ya era 20% inferior al del 2024.
El freno a las obras de centros de desarrollo infantil dejó a comunidades enteras sin espacios de atención a la primera infancia. Según el informe, esto se traduce en una carga desproporcionada sobre las mujeres de la familia, en mucho caso abuelas, que tienen que asumir, sin apoyo estatal, la tarea del cuidado.
El cierre del espacio comunitario «Sandra y Rubén» en Tres de Febrero es el ejemplo de esta dinámica: sin fondos del Ministerio de Capital Humano y sin posibilidad de aportes familiares, el centro debió cerrar sus puertas. Los 25 niños que asistían ahora están en sus casas, muchas veces solos. Esto termina dando el resultado que se quería evitar en años anteriores: una crianza solitaria, desigual y empobrecida.
Salud sexual y reproductiva: la autonomía en riesgo
El informe también registra el desmantelamiento casi total de las políticas de salud sexual y reproductiva. La Educación Sexual Integral, los métodos anticonceptivos y la Interrupción Voluntaria del Embarazo carecen de presupuesto, insumos y personal especializado. En muchas provincias, como Tucumán o San Luis, se niegan prácticas legales, se dilatan procedimientos o directamente se niega el acceso.
El Plan ENIA, destinado a prevenir el embarazo adolescente, apenas ejecutó el 53% de su presupuesto y sólo por efecto de medidas judiciales. La ex directora de Salud Sexual, Valeria Isla, advirtió que la interrupción de la compra nacional de insumos profundiza las desigualdades entre provincias, comprometiendo la salud, la autonomía y la vida de mujeres, adolescentes y personas LGBTIQ+.
Comedores comunitarios: deudas y estigmas
En los barrios, la retirada del Estado se traduce en menos alimentos para comedores, más endeudamiento y mayor precariedad. De los 9.800 comedores registrados en el RENACOM, el Gobierno Nacional sólo asiste actualmente a 4.231. Las cuidadoras comunitarias trabajan con recursos mínimos y una creciente demanda. Al mismo tiempo, son objeto de estigmatización y violencia.
“Además del congelamiento de los trabajos, lo que más nos afectó es la estigmatización de lo que hacemos. Que nos digan planeras, corruptas, a nosotras, y al mismo tiempo nos exijan, nos golpeen la puerta de la casa a las dos de la mañana para pedirnos una leche”, cuenta una de las trabajadoras entrevistadas por el CELs.
El congelamiento del ex Potenciar Trabajo (rebautizado «Volver al Trabajo») y la eliminación del «nexo» que funcionaba como complemento salarial, impactaron directamente en los ingresos de las mujeres que sostienen estos espacios. Como denuncia una trabajadora del FOL en CABA, la gente se endeuda primero con las plataformas de pago online y después con el narco del barrio, porque no hay plata que alcance.
Trabajo y género: retrocesos y más retrocesos
El informe señala también que se desarticularon las políticas laborales de equidad de género, como el programa Igualar, y se abandonaron los cupos laborales para mujeres, personas trans y personas con discapacidad. Empresas que habían adoptado prácticas inclusivas ahora eliminan estas iniciativas o las reducen a instancias simbólicas. Las áreas de género son reestructuradas o directamente cerradas.
Las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde enero de 2025, y se eliminó la obligación de los empleadores de informar aportes para cobertura de salud o ART. En el mundo rural, el desarme del programa Pro-Huerta y otras políticas productivas dejó a miles de mujeres en emergencia alimentaria, organizando comedores donde antes había unidades productivas.
La motosierra en contra de las políticas de cuidado
El informe del CELS nos sirve para trazar una línea de continuidad entre las decisiones macroeconómicas del gobierno de Milei y su impacto directo en la vida cotidiana. El empleo registrado sigue 500.000 puestos por debajo del nivel de 2023, y el crecimiento del trabajo no asalariado refleja más precariedad que dinamismo.
Y como ya vimos, las políticas de cuidado aparecen como el blanco prioritario del ajuste. No porque sean ineficientes o insostenibles, sino porque su existencia misma contradice el dogma libertario de un Estado ausente y una sociedad atomizada. La destrucción de estas políticas no sólo empobrece: rompe el tejido que mantiene en pie a millones.
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