Cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, no sorprendió a nadie. El veredicto estaba anunciado desde hace tiempo, y no lo decimos nosotros, lo dijo la propia Cristina hace años: «la sentencia ya está escrita». Lo sabía ella, lo sabían los jueces, lo sabían hasta los que todavía se esfuerzan en creer que en la Argentina las decisiones judiciales se toman por fuera de la rosca política y del poder económico.
Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (los únicos tres jueces que hoy integran la Corte) se selló una condena que, más que cerrar una causa, nos muestra como son las nuevas reglas de juego del lawfare y el sistema judicial argentino. Nace un nuevo descubrimiento por el tercer poder y es lógico porqué: 2 de esos 3 jueces fueron designados por decreto por Mauricio Macri, el mismo que luego se vería beneficiado por la inacción de ese mismo poder judicial frente a las múltiples causas que involucran a su familia, a sus empresas y a sus funcionarios.
Un triunvirato de los impresentables
La ex Presidenta los describió sin pelos en la lengua: “monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos”. Se refería, claro, a los 3 jueces supremos que firmaron el rechazo al recurso extraordinario presentado por su defensa. Rosatti, ex Ministro de Justicia de Néstor Kirchner pero devenido conservador institucional, fue uno de los nombrados a dedo por Macri en 2015. Rosenkrantz, abogado del Grupo Clarín y La Nación, también fue puesto por decreto por el expresidente. Los paladines dell lawfare.
Y después está Lorenzetti, quien llegó a la Corte por iniciativa de Néstor Kirchner, pero que desde hace años juega su propio partido, con lealtades móviles y una agenda judicial que cada vez más se aleja de los intereses populares. Su apoyo a la candidatura de Ariel Lijo (un gesto mal leído como un guiño al peronismo) alimentó por un tiempo las ilusiones de que podría actuar como un dique de contención frente al avance del partido judicial. Pero no, Lorenzetti también firmó.
El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 13, 2025
Los otros nombres del aparato judicial
El fallo de la Corte fue el último eslabón de una cadena de lawfare construida con paciencia quirúrgica desde los tiempos de Cambiemos (ahora PRO). La senadora Teresa García lo dejó claro en una enumeración tan precisa como contundente: Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Juan Bautista Mahiques, Ignacio Mahiques, Leopoldo Bruglia, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Mario Villar, Rodrigo Giménez Uriburu, Diego Luciani… Todos intervinieron, de una u otra forma, en causas contra el kirchnerismo. Todos, de una u otra forma, orbitan el universo macrista.
Los vínculos van desde lo ideológico hasta lo directamente personal. Giménez Uriburu, por ejemplo, jugó partidos de fútbol con Mauricio Macri en la quinta de Los Abrojos, mientras llevaba adelante un juicio clave contra Cristina. ¿Eso no alcanza para excusarse? ¿No debería al menos fingir ofenderse quienes dicen defender la transparencia de las instituciones?
El rol de la Corte: la porra de Macri
La Corte no revisó los argumentos. No se pronunció sobre el fondo. No entró en la discusión penal, técnica, procesal o constitucional. Simplemente dijo: no. Con ese silencio, con esa negativa encapsulada en un formalismo extremo, dejó en claro cuál es su papel en este tablero: actuar como último garante de un sistema que se disfraza de justicia pero funciona como un mecanismo de disciplinamiento político.
El “cepo al voto popular” del que habló Cristina no es una metáfora retórica, es una catástrofe política y social. Porque si una figura con el nivel de representación que ella tiene es proscripta a través de fallos judiciales sin instancias reales de revisión, lo que está en juego no es una candidatura: es la soberanía popular.
La paradoja de la prisión y la marea popular
A días de que se cumpla el plazo para que Cristina quede a disposición del tribunal, el juez Jorge Gorini (Presidente del Tribunal Oral número 2) debió cancelar intempestivamente su licencia. ¿El motivo? Iba a reemplazarlo, nada menos, que Giménez Uriburu. El mismo juez que se “dejaba hacer goles” por Macri en partidos privados, y que se convirtió en símbolo de la connivencia entre el poder político y el judicial.
Primero los medios oficialistas se deleitaban con la idea de Cristina encerrada en una celda común, sola y triste, pero terminaron rabiando porque una señora saludaba desde el balcón. Siendo justos, no es la primera vez que al antiperonismo los molesta una mujer en un balcón, pero para esas comparaciones ya está la historia.
El miedo no es zonzo, dicen, y cuando día tras día no mermaron las vigilias peronistas en la calle de la mandataria, y es más, comenzaron a doblarse en cantidad de gente, la “justicia” decidió mandarle un mail para no enojar a nadie. Eso sí, tras rabietas varias de periodistas oficialistas pusieron una ambivalente cláusula que pide que no salga al balcón.
Se le otorgó la prisión domiciliaria pero eso no desactivó la movilización. Porque la marcha de este miércoles 18 a las 14:00 en Plaza de Mayo no se trata de cómo cumple su condena una mujer de más de 70 años. Se trata del grito colectivo de un pueblo que no cree más en las sentencias diseñadas para proscribir. Se trata de una ciudadanía que no se resigna.
Los movimientos sociales, sindicatos, organizaciones barriales y una inmensa cantidad de militantes y ciudadanos sin estructura detrás ya decidieron: van a marchar. Porque entienden que lo que está en juego no es el futuro de una persona, sino el de la democracia misma.
La pesadilla del Gobierno: Cristina y la multitud
Para la Casa Rosada libertaria, la imagen de una Cristina rodeada por una marea humana es un dolor de cabeza monumental. Lo es para Milei, lo es para Francos, lo es para todos aquellos que intentaron instalar que este fallo sería el “punto final” de la era kirchnerista. Lejos de eso, lo que se viene es una foto que dará la vuelta al mundo: una ex Presidenta condenada por la justicia, pero reivindicada en las calles por cientos de miles.
En privado, el Ejecutivo intentó desactivar la movilización. Pidió que se le notificara por Zoom, que se evitara la escena de Comodoro Py rodeado. Que la Corte y el TOF 2 hagan su trabajo, pero que no se vea. Pero ya es tarde. El mensaje fue claro: si el pueblo cree que hay una injusticia, va a hacerse ver. No importa si lo tratan de “aparato”, de “corporación”, o de “masa fanática”. Lo que hay es conciencia política. Y esa conciencia no se disciplina ni con causas armadas ni con fallos cocinados flojos de papeles.
El río que no se puede frenar
Cristina lo dijo con la claridad de quien ya no necesita agradar: “El pueblo es como un río. Se le puede poner piedras, se puede desviar el cauce, pero el agua pasa”. Y eso es lo que estamos viendo. A pesar de todos los atentados en su contra, su liderazgo político sigue vigente.
La condena judicial no logró su objetivo. No disciplinó, no desactivó, no cerró. Al contrario, volvió a abrir, a multiplicar, a unir y sobre todo, a politizar. Y frente a un Poder Judicial que ya no puede ocultar sus servidumbres, frente a una Corte que firma sin leer, frente a un gobierno que simula imparcialidad pero opera en las sombras, el pueblo se organiza y camina. Y eso, en la Argentina, siempre termina teniendo consecuencias.
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