La paradoja de la gestión económica de Javier Milei se vuelve cada vez más evidente: sus propias políticas generan una caída en la recaudación nacional que luego se traduce en un castigo directo a las provincias, afectando los servicios públicos esenciales y los salarios de quienes sostienen la educación, la salud y la seguridad en todo el país.
Las transferencias automáticas a las provincias, que incluyen coparticipación, leyes especiales y compensaciones, se desplomaron un 23,3% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior. Esta caída, la más pronunciada en meses, representa un duro golpe para las finanzas provinciales justo cuando más se necesita sostener los servicios públicos básicos.
Claramente el ajuste no cayó sobre el Estado. Milei es un chanta y estafador. Si ven el gráfico lo único que se puede considerar Estado es la transferencia a las Provincias. pic.twitter.com/RubZ33fntt
— Bruno Diego Arias (@brunodiegoarias) February 22, 2025
El desplome de la recaudación
El principal responsable de esta debacle es el colapso del Impuesto a las Ganancias, que registró una caída brutal del 41% real interanual. Este desplome no es casualidad: es consecuencia directa de las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional. Mientras que en mayo de 2024 las empresas con activos dolarizados habían tenido grandes ganancias de capital por la devaluación de diciembre de 2023, disparando la recaudación de Ganancias, este año ese fenómeno no se repitió.
A esto se suma la eliminación del Impuesto PAIS, que el año pasado había logrado una recaudación de $563.100 millones, y la reducción de aranceles de importación para productos tecnológicos y electrónicos. Son decisiones de política económica del propio gobierno que reducen la recaudación y, por ende, los fondos disponibles para transferir a las provincias.
El IVA, por su parte, también mostró signos de debilidad con una disminución del 1,1% real, reflejando un consumo interno que no termina de despegar bajo las políticas de ajuste. La recaudación total nacional fue de $15,9 billones en mayo, representando una caída del 19,5% en valores reales.
El impacto directo en los servicios públicos
Esta reducción de transferencias tiene consecuencias inmediatas y tangibles en la calidad de vida de los argentinos. Impacta directamente en un menor presupuesto para las provincias, que tienen que financiar servicios esenciales para la población
En promedio, el 54% de los ingresos provinciales provienen de recursos tributarios de origen nacional. Cabe destacar que estos recursos no se tratan de un «subsidio» del gobierno nacional a las provincias, sino que se trata de una redistribución de impuestos que se recaudan gracias a la actividad económica que se desarrolla en cada provincia.
Cuando un comerciante correntino paga IVA o una empresa chaqueña abona Ganancias, esos fondos ingresan al sistema de coparticipación para ser redistribuidos. Dicho de otro modo, a través de estas transferencias las provincias reciben parte de lo que sus propios contribuyentes aportan al fisco nacional.
Es por eso que, cuando la recaudación cae fruto de políticas nacionales, los gobernadores reclaman al Gobierno nacional para generar estrategias que ayuden a contrarrestar el impacto que esto genera en el presupuesto de cada provincia. Sin fondos suficientes, las provincias tienen menos margen por ejemplo para actualizar salarios de médicos, docentes o fuerzas de seguridad conforme a la inflación, generando una pérdida del poder adquisitivo que afecta la motivación y permanencia de estos profesionales en el sector público.
Además, la inversión en infraestructura de salud, educación y seguridad se resiente. Hospitales que necesitan equipamiento, escuelas que requieren mantenimiento y comisarías que precisan recursos quedan postergados ante la falta de fondos provinciales.
Casos provinciales emblemáticos
Corrientes, que recibió $199.657 millones nominales (23,4% menos en términos reales), fue paradójicamente una de las menos afectadas, ubicándose séptima en el ranking nacional. El Chaco, con una alta dependencia de fondos nacionales (más del 55% de sus ingresos), sufrió una caída del 23,1% en transferencias nacionales.
Salta logró amortiguar mejor el impacto con una baja del 19,9%, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lideró las pérdidas con un retroceso del 26%. Pero el patrón fue homogéneo: todas las jurisdicciones recibieron menos recursos.
Estas cifras no son abstractas. En el Chaco, por ejemplo, significa menos recursos para sostener el sistema de salud público en una provincia con altos índices de pobreza. En Corrientes, implica postergación de obras de infraestructura educativa. En cada territorio, la ecuación es la misma: menos fondos equivalen a menor capacidad del Estado provincial para cumplir con sus obligaciones básicas.
El reclamo postergado de los gobernadores
Conscientes de esta situación crítica, un grupo de gobernadores se preparaba para reunirse este lunes en Casa Rosada con una serie de reclamos concretos. Participarían Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).
Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, decidió suspender la reunión sin fecha definida, argumentando que esperaría el regreso del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien se encuentra en el exterior.
Los gobernadores llevaban reclamos específicos: la reactivación de obras públicas paralizadas y la necesidad de sostener los servicios esenciales. Según un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el abandono de rutas, puentes, redes de agua, saneamiento, hospitales y escuelas hace que esta infraestructura pierda valor por un total de 25 mil millones de dólares anuales.
REUNIÓN DE GOBERNADORES EN EL CFI
Gobernadores de todo el país participamos de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la cual analizamos el acceso a financiamiento para obras estratégicas, una distribución equitativa de los recursos coparticipables y el… pic.twitter.com/X15NiAQon9
— Gildo Insfrán (@insfran_gildo) June 3, 2025
Un círculo vicioso insostenible
La situación actual evidencia un círculo vicioso perverso: las políticas económicas del gobierno nacional reducen la actividad económica y, por ende, la recaudación. Esta menor recaudación se traduce en menores transferencias a las provincias, que a su vez deben recortar gastos en servicios públicos esenciales, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y la capacidad de recuperación económica.
El problema se agrava porque los impuestos que han compensado parcialmente la caída de recaudación, como el Impuesto PAIS o las retenciones, no son coparticipables. Esto significa que el Estado nacional puede contener parcialmente el golpe en sus cuentas, pero las provincias quedan completamente expuestas a la crisis.
En el acumulado de los primeros cinco meses de 2025, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron $22,9 billones, implicando una pérdida del 8,1% al descontar la inflación del período.
Perspectivas y consecuencias
Si bien algunos analistas sugieren que junio podría mostrar mejoras por la «ventaja estadística» de compararse con un mes débil del año anterior, la tendencia estructural es preocupante. La recuperación dependerá de la restitución plena del Impuesto a las Ganancias y el fin del ciclo de impuestos no coparticipables.
Mientras tanto, las consecuencias se acumulan: profesionales de la salud, educación y seguridad que ven deteriorarse sus ingresos reales, infraestructura pública que se degrada, y servicios esenciales que pierden calidad. El costo social de esta política económica lo pagan principalmente quienes más dependen del Estado: los sectores más vulnerables de la sociedad.
El desafío para el gobierno nacional es resolver esta contradicción entre sus objetivos macroeconómicos y la necesidad de sostener el federalismo fiscal que garantice servicios públicos de calidad en todo el territorio nacional.
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