Agustín Gentile tiene 31 años, vive en Raleigh, Carolina del Norte, desde que era un niño, y es padre de dos hijos nacidos en Estados Unidos. A pesar de ser titular de una green card, documento que otorga residencia legal permanente, está detenido desde abril por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro penitenciario Stewart, en Georgia.
Su situación ha generado una ola de indignación no solo por el carácter legal de su estadía, sino también porque su caso revela el nuevo rostro de las deportaciones masivas bajo la administración de Donald Trump.
Gentile emigró con su familia desde Argentina cuando tenía apenas seis años. En Estados Unidos formó su vida: estudió, trabajó y tuvo hijos. Su vínculo con su país de origen es prácticamente nulo. Sin embargo, hoy enfrenta la posibilidad de ser expulsado a la Argentina, donde ya no tiene arraigo, o incluso a otros destinos más hostiles como El Salvador, según teme su familia.
Una condena menor, el desencadenante
El motivo formal detrás de la detención remite a una condena por “lesiones” dictada en California en 2020. En aquel momento, Gentile fue sentenciado a cinco años de libertad condicional por un hecho que, según su entorno, no involucró armas ni lesiones graves. La pena fue luego reducida a tres años, y la causa se cerró en 2023. Según sus padres, solo pasó dos días en la cárcel del condado de Los Ángeles.
Pero en febrero de este año, al regresar de un viaje al exterior —cuya fecha no fue precisada públicamente—, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Allí, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional le confiscaron la green card y su pasaporte argentino, y le ordenaron presentarse en una oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Raleigh.
Cuando Agustín se presentó el 14 de abril, fue detenido en el acto. Pasó dos días en una cárcel local antes de ser trasladado al centro Stewart, una enorme prisión al sur de Georgia que alberga a más de 1.700 personas detenidas por ICE. La detención fue sorpresiva incluso para su familia, que desconocía que una condena menor cerrada pudiera motivar semejante decisión.
Deportaciones sin distinción
En el contexto del segundo mandato de Donald Trump, el caso de Gentile ilustra cómo el discurso de “tolerancia cero” hacia la inmigración ya no distingue entre personas con antecedentes graves y migrantes legales con causas menores.
“Trump dijo que iba a perseguir a criminales indocumentados. Nunca imaginamos que eso iba a alcanzar a nuestro hijo, que está acá legalmente desde hace casi 25 años”, se lamenta Débora Rey, madre del detenido, en una entrevista con The Atlanta Journal-Constitution.
Tanto ella como su esposo, Martín Verdi —ambos argentinos con ciudadanía estadounidense— votaron al republicano con la esperanza de que “ordenara” el sistema migratorio. Hoy se sienten “traicionados”. “Nos vendieron una cosa y nos dieron otra. No sabíamos que esto podía pasarle a alguien con papeles en regla, que ya cumplió con la Justicia”, agregó Verdi.
La ley migratoria estadounidense contempla que incluso los residentes legales pueden ser deportados si cometieron ciertos delitos, incluidos algunos considerados menores. En la práctica, el endurecimiento de los criterios bajo la gestión actual ha provocado un aumento de casos como el de Gentile, donde personas legalmente establecidas y con vínculos familiares sólidos en el país son puestas en procesos de expulsión por antecedentes antiguos o ya resueltos.
Una cárcel cuestionada
La detención de Agustín en el centro Stewart agravó la situación. Según organizaciones de derechos humanos como Detention Watch Network, ese centro de detención ha sido denunciado reiteradamente por malas condiciones sanitarias, falta de acceso médico, hacinamiento, alimentación deficiente y abusos.
Según su madre, Agustín les relató que algunos detenidos duermen en el piso, que escasean los artículos de higiene personal y que muchas veces su única comida son sopas instantáneas. “A veces me llama y ni siquiera sabe qué día es”, dijo Débora Rey a medios estadounidenses.
El consulado argentino en Atlanta tomó conocimiento del caso el 21 de abril y, desde entonces, brinda seguimiento y asistencia a la familia. En paralelo, los padres de Gentile presentaron un recurso de hábeas corpus para impugnar la detención. La audiencia ante el tribunal de inmigración podría concretarse después del 12 de mayo, aunque no hay fecha confirmada.
Mentiras piadosas y el peso del trauma
Mientras tanto, los dos hijos de Gentile, de seis y ocho años, siguen esperando el regreso de su padre sin saber exactamente qué ocurrió. “Les dijimos que está trabajando fuera por un tiempo. No podemos decirles que está en la cárcel”, explicó su abuelo.
La familia viajó más de 850 kilómetros desde Raleigh hasta Georgia para acompañarlo y recibir apoyo en un centro de asistencia a familias migrantes llamado El Refugio. Allí, entre otros casos similares, encontraron contención emocional y asesoramiento legal.
“Si esto se prolonga demasiado, Agustín está considerando pedir su propia deportación a Argentina, aunque no conoce el país. Siente que al menos allá tendría libertad”, comentó su madre. “La libertad por encima de todo”, agregó.
Un símbolo de una política más amplia
El caso Gentile es el primero conocido que involucra a un ciudadano argentino en el marco de las nuevas deportaciones impulsadas por Trump. Pero podría no ser el único. Las organizaciones migratorias advierten que la cantidad de residentes legales detenidos aumentó significativamente en los últimos meses. La situación también refleja el clima hostil hacia las personas migrantes, incluso aquellas que están plenamente integradas al tejido social y legal de Estados Unidos.
Trump ha manifestado públicamente que no puede intervenir en decisiones judiciales. Sin embargo, su influencia sobre la política migratoria y el poder judicial es innegable: su administración ha recortado programas de asistencia legal para migrantes, reemplazado jueces y consolidado un aparato legal centrado en la expulsión por sobre la integración.
“Nos mintieron”, dice la madre de Agustín. “Pasamos de tener una puerta abierta a cerrar todo con diez cerrojos. Y ahora nuestro hijo está preso sin haber hecho nada grave. Eso no es justicia. Es crueldad”.
Mientras el futuro de Gentile se decide en una corte migratoria, su caso sigue resonando como una advertencia: en la nueva era de deportaciones, ningún migrante está a salvo, ni siquiera quienes tienen los papeles en regla.
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