Javier Milei ha tenido que deshacerse de varios dogmas desde que fue elegido Presidente, o por lo menos ha tenido que replantearse su posición con respecto a los impuestos. Entre ellos, Milei descongeló el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), que había estado suspendido desde 2020. Esto causó que aumenten los precios del combustible, si, pero también generó un aumento importante en la recaudación fiscal, permitiendo al Gobierno disponer de más dinero para distribuir entre las provincias «amigas».
Descongelamiento del impuesto y aumento de la recaudación
En febrero de 2024, el Gobierno de Milei decidió reactivar el ICL y el IDC, lo que decantó en un aumento de precios en los combustibles de todo el país. Y como somos un país muy grande que depende de este tipo de combustible para transportar bienes, ese precio se trasladó al bolsillo de todos. Según datos oficiales, la recaudación de estos impuestos tuvo un aumento interanual del 418% en el cuarto trimestre de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior.
Este aumento en la recaudación se tradujo en una mayor disponibilidad de fondos para el Tesoro Nacional. Específicamente, el 10,4% de lo recaudado por el ICL y el IDC se destina a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo que el Poder Ejecutivo puede distribuir de manera discrecional entre las provincias, es decir, repartirlo como quiera. En este caso, lo repartió entre amigos que lo ayudaron en el Congreso Nacional.
Reparto entre las provincias aliadas
El problema (para la población) es que la administración de Milei está usando los ATN como una herramienta para fortalecer su posición política en el Congreso y poder aprobar el desfinanciamiento universitario o bien rechazar el aumento a jubilados. Según informes, los gobernadores que han apoyado las iniciativas legislativas del Presidente recibieron una buena cantidad de estos fondos. Esta es la denuncia de la oposición, que acusa al Gobierno Nacional de utilizar recursos públicos para “recompensar” la “lealtad política”.
El Gobierno acumuló en 2024 $679.898 millones provenientes del 1% de la coparticipación de impuestos para financiar los ATN. Parte de ese dinero se destinó a las provincias cuyos gobernadores colaboraron con el oficialismo en el Congreso. Por ejemplo, Misiones recibió $13.000 millones, Entre Ríos $6.800 millones, y Tucumán $6.500 millones. Otras provincias como Salta ($6.000 millones), Jujuy y Chubut ($4.500 millones cada una), y Catamarca y Santa Cruz ($3.000 millones cada una) también accedieron a los fondos.
La emergencia de las elecciones
En apenas 3 meses del año electoral, el Gobierno de Javier Milei giró a las provincias casi la misma cantidad de dinero en ATNs que en todo el 2024. En el año pasado, se registraron 18 transferencias por un total de 53 millones de dólares. De enero a abril de este año, ya van 49 millones distribuidos entre una decena de distritos. Pero no solo aumentó la cantidad: también cambió la lógica del reparto.
Primera en la lista está Neuquén, gobernada por Rolando Figueroa, que recibió dos envíos por un total de 11.000 millones de pesos bajo el rótulo de “emergencia ígnea”. ¿La justificación? Una serie de incendios forestales. El mismo motivo fue usado para transferirle 7.000 millones a Chubut (donde gobierna el macrista Nacho Torres) y 3.000 millones a Misiones, otra provincia golpeada por el fuego.
Los incendios no fueron la única “emergencia” útil en tiempos electorales. El 4 de abril, Salta recibió 6.000 millones de pesos por emergencia climática. La fecha no es menor: fue apenas unos días después de que el Gobernador Gustavo Sáenz saliera a defender al oficialismo libertario. «Lo que han hecho es dar gobernabilidad a alguien que ha sido elegido legítimamente por la gente», dijo en respuesta a Cristina Fernández de Kirchner, que había criticado al peronismo colaboracionista en el Congreso.
El 10 de febrero, Río Negro (con Alberto Weretilneck de Gobernador) embolsó 5.000 millones bajo un combo de emergencias: ígnea, social, económica, habitacional y hasta desastre agropecuario. Todo junto. También se beneficiaron San Juan (Claudio Poggi) y Santa Fe (Maximiliano Pullaro), con 4.000 millones cada una, y Mendoza (Alfredo Cornejo), que recibió 3.000 millones.
Los combustibles en el NEA
Estos beneficios para gobernadores aliados tuvo como perjudicados a la población, que además de sufrir el ajuste debió pagar más caro el combustible. El aumento de los precios afectó particularmente al NEA. En febrero de 2025, los precios de la nafta súper en provincias como Misiones, Chaco y Formosa superaron los $1.200 por litro. Por ejemplo, en Misiones, el precio de la nafta súper alcanzó los $1.226, mientras que en Formosa llegó a $1.244. Este aumento representa un aumento de más del 250% en comparación con los precios de noviembre de 2023, cuando la nafta súper costaba alrededor de $341 en la región.
En el NEA, desde noviembre de 2023, el precio de la nafta súper subió un 262% , la premium un 252% y el gasoil un 248%. Tan sólo en enero la suba fue del 1,7%. En cuanto al aumento del precio de la nafta premium podemos destacar que Corrientes es la que mayor aumento presentó, alcanzando un 244%, en noviembre de 2023 el precio partía de $415 y a noviembre de 2024 alcanzó $1.428.
Como ya dijimos antes, cuando se encarece el combustible se encarece todo, es por eso que este aumento no se toma a la ligera en la economía argentina. Con el combustible no solamente aumenta el transporte y los pasajes sino que también los bienes que son transportados y los servicios como consecuencia de la gente que debe pagarlos. Todo esto es sin tener en cuenta el resto de la inflación, que continúa aumentando, exacerbando las dificultades económicas para los argentinos.
En el NEA, los costos de transporte ya son elevados de por sí debido a la distancia de los centros de producción, así que este aumento sólo empeora la situación de las cuatro provincias. Los sectores productivos y comerciales de la región ya han expresado su preocupación por la sostenibilidad de sus operaciones en este contexto.
¿A dónde van ahora los impuestos?
Según el informe de evolución del gasto público de diciembre de 2023, los impuestos recaudados durante 2022 y 2023 permitían financiar instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Mujeres, universidades públicas y organismos descentralizados. Ahora, si el Gobierno de Milei cerró muchos de estos organismos, redujo otros y se niega a transferir fondos a las universidades e instituciones restantes, ¿qué se hace con estos impuestos?
Por ejemplo, las universidades públicas sufrieron una reducción del 30% en su presupuesto y una caída salarial del 23% para el personal docente. La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció un recorte real del 80% en su presupuesto para gastos de funcionamiento, poniendo en riesgo su operatividad.
Pese a estos recortes, el aumento en la recaudación por impuestos a los combustibles no se ha destinado a reforzar estas áreas críticas del Estado. Por el contrario, el Gobierno redirigió los fondos para premiar a provincias políticamente afines y sostener su ajuste.
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