La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa expresó su preocupación por el cierre definitivo de la sucursal de Naranja X en la ciudad de Clorinda, ubicado en la Av. San Martín 1260. Esta noticia fue confirmada por su apoderado, el Dr. Gandía Arroyo Emiliano, quien indicó que la decisión responde a medidas tomadas para proteger el patrimonio de la empresa, aunque no brindó detalles adicionales.
Los adultos mayores, los más afectados por el cierre
El cierre de la sucursal afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población, entre ellos, los adultos mayores y también por la denominada clase media, que hoy hace un gran uso de las tarjetas para adquirir alimentos, medicamentos, pagar servicios públicos. Desde la Defensoría del Pueblo, que representa a un importante número de clientes de la empresa argertina, se destacó que esta medida es especialmente grave dado que muchos de los usuarios dependen de las tarjetas de crédito y débito, préstamos y billeteras virtuales para adquirir productos básicos, como alimentos, medicamentos y pagar servicios públicos.
La Defensoría subrayó que, en el contexto de la difícil situación económica que atraviesa Argentina, donde la inflación y los precios continúan en aumento, muchos ciudadanos de Clorinda y otras localidades de la Ruta Nacional Nº 86 se verán obligados a viajar hasta la ciudad de Formosa para recibir atención personalizada. Este escenario genera grandes inconvenientes, especialmente para aquellos que no pueden afrontar los gastos adicionales de los viajes, ni tienen la capacidad de adaptarse a los medios digitales.
La solicitud de la Defensoría del Pueblo
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, manifestó su rechazo a esta medida y pidió a la empresa que reconsidere su decisión. En nombre de los usuarios afectados que realizaron la petición de que no se concrete dicho cierre, la Defensoría insistió en que la empresa Naranja X realice un esfuerzo para mantener la atención personalizada, a fin de evitar mayores trastornos a los sectores más vulnerables.
A pesar de la decisión tomada por la empresa, las autoridades provinciales continuarán abogando por una solución que garantice los derechos económicos de los ciudadanos que dependen de estos servicios financieros esenciales.
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