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Viernes 28 de marzo de 2025
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El Gobierno de Formosa evitó un aumento en las garrafas de gas que iba a superar el 800%

Desde la llegada del Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, la desregulación del gas generó un fuerte impacto en los precios afectando principalmente a los sectores más vulnerables. En los últimos trece meses el gas a granel aumentó más de 900% pero en Formosa el precio de venta de las garrafas al público no subió en la misma medida.

Desde la llegada del Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, la desregulación del gas generó un fuerte impacto en los precios afectando principalmente a los sectores más vulnerables. En los últimos trece meses el gas a granel aumentó más de 900% pero en Formosa el precio de venta de las garrafas al público no subió en la misma medida.

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El gas butano a granel sufrió un constante incremento de precio desde la desregulación de los valores de exportación y la quita de subsidios, afectando significativamente la economía de las familias argentinas. Este gas se utiliza como materia prima básica para el envasado en garrafas, realizando un proceso de transformación de líquido a gaseoso el cual es fraccionado en las garrafas.

En enero de 2024, REFSA Gas adquirió 23 toneladas de gas butano a un valor de $1.318.230. Para febrero de 2025, esa misma compra ascendió a $14.353.780, marcando un aumento del 989% en trece meses. Al respecto, el Subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario de Formosa, Edgar Pérez, advirtió: “La eliminación de los precios máximos de referencia afecta directamente al consumidor, ya que ahora no existe la obligación de respetar un valor tope. Sin embargo, en nuestra provincia, el precio de venta de las garrafas al público no aumentó en la misma proporción, lo que demuestra el rol fundamental de la intervención provincial para mitigar el impacto económico en los hogares”.

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De hecho, en enero de 2024, una garrafa costaba $8.000 y para febrero de 2025 su precio ascendió a $18.000, lo que representa un incremento del 125% en poco más de un año. A pesar del aumento que ven los consumidores, el mismo está muy por debajo del aumento del 989% en el costo del gas a granel, el insumo básico para el fraccionamiento de las garrafas.

En enero de 2024, una garrafa costaba $8.000 y para febrero de 2025 su precio ascendió a $18.000.

Formosa y el papel fundamental de REFSA Gas

En este contexto de aumentos descontrolados a nivel nacional, Formosa cuenta con un factor importante que mitiga estos efectos: REFSA Gas. La empresa provincial interviene en los precios del mercado, fijando un valor de referencia uniforme en todo el territorio, evitando así fluctuaciones extremas y garantizando accesibilidad para los hogares formoseños.

Además de fijar un precio de referencia, el Estado provincial también subsidia parte de la logística para asegurar la provisión del producto en todo el territorio, garantizando que la garrafa tenga el mismo precio sin importar en qué parte de la provincia se compre. Esta política busca evitar desigualdades entre zonas urbanas y rurales, donde los costos de distribución suelen ser mayores.

Según Edgar Pérez, la eliminación de los precios máximos de referencia afecta directamente al consumidor, ya que ahora no existe la obligación de respetar un valor tope.

La construcción de una planta fraccionadora de gas permitió la logística necesaria para abastecerse de gas a granel. Además, la asignación de fondos públicos para la compra y el fraccionamiento del gas en nuestra propia planta nos brinda hoy la capacidad de enfrentar esta difícil situación.

En este sentido, Edgar Pérez, destacó que: “Gracias a la intervención de REFSA Gas, se logró establecer y sostener un precio de referencia en toda la provincia, evitando la especulación y asegurando el acceso al gas envasado a un costo razonable para los usuarios”.

La presencia de una empresa como REFSA Gas garantiza que los consumidores no sufran aumentos tan drásticos como en otras provincias, donde la desregulación golpeó fuertemente el bolsillo de las familias. Este modelo evidencia la importancia de contar con un sistema de referencia que proteja a los usuarios y amortigüe el impacto de las decisiones implementadas por el Gobierno Nacional.

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