El Gobierno oficializó este lunes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), una sociedad estatal que tenía como objeto la administración del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, la de la hidrovía que corre por el río Paraná. Se trata del primer cierre de 2025 de una empresa estatal.
En lo que va del mandato de Javier Milei es el segundo organismo que corrió esta suerte, tras la eliminación de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf). La liquidación de la sociedad vino acompañada por el nacimiento de otro organismo que se llama Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que tendrá autarquía financiera y que quedará en el organigrama del Ministerio de Economía que maneja Luis Caputo.
Este organismo será el único con autoridad portuaria nacional, y su rol será fundamental en la aplicación de las leyes y regulaciones en las áreas de puertos y navegación. La Anpyn asumirá las responsabilidades, competencias y funciones de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, así como de la AGP SAU. También se le transferirán los recursos, bienes y derechos de estas entidades.
¿Qué dispuso el decreto?
Según especificaron en el decreto, el personal de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables será reubicado conforme a la legislación vigente y el personal de la Anpyn se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo. El nuevo organismo estará dirigido por un Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado y un Subdirector Ejecutivo con rango de Subsecretario. Ambos serán nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Es de la segunda empresa pública en correr esta suerte después de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), una compañía que el Presidente Javier Milei dispuso cerrar por considerar que “malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia”.
¿Cómo funcionará la nueva agencia que controlará la hidrovía?
Según el decreto publicado hoy, estas serán las principales funciones y atribuciones de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación:
- Asesorar al Ejecutivo en la habilitación de los puertos.
- Controlar dentro del ámbito de la actividad portuaria el cumplimiento de las disposiciones y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten en el orden competencia nacional.
- Controlar que los titulares de las habilitaciones portuarias otorgadas, den cumplimiento a los proyectos constructivos y operativos que justificaron su solicitud, y den a los puertos e instalaciones portuarias la finalidad que condicionó la habilitación. Podrá suspender dichas habilitaciones hasta que sean restablecidas las condiciones exigidas o cancelarla definitivamente, cuando circunstancias objetivas y debidamente probadas, acrediten la imposibilidad de su restablecimiento.
- Promover y hacer efectiva la modernización, eficacia y economicidad de cada uno de los puertos del Estado Nacional.
- Estimular y facilitar la inversión privada en la explotación y administración de los puertos.
- A su requerimiento, dar asesoramiento técnico y jurídico a las provincias y/o municipios que promuevan las instalaciones de puertos en sus respectivos territorios.
- Fijar las políticas generales en materia portuaria y de administración y explotación de vías navegables.
- Establecer acuerdos delimitando las responsabilidades en el dragado de accesos y dársenas de cada puerto, en el caso que ello fuera necesario en zonas donde la responsabilidad sea de dudosa o conflictiva determinación.
- Ejercer la responsabilidad primaria en materia ambiental y establecer los procedimientos de evaluación y emisión de las declaraciones de aptitud correspondientes a las obras y actividades en los puertos y vías navegables en coordinación con las autoridades competentes, controlando subsidiariamente el cumplimiento de las leyes o reglamentaciones que resulten de aplicación en la materia.
- Ejercer el control de las concesiones, operadores y actividades del Puerto de Buenos Aires y el poder de policía e imposición sobre el establecimiento y los bienes muebles e inmuebles que lo integran.
- Promover la asociación público-privada y la inversión privada en centros de transferencia de carga, instalaciones ferro portuarias y de infraestructura y servicios logísticos, tendientes a reducir los costos del transporte multimodal y la eficiencia, eficacia y competitividad en beneficio de la navegación y el comercio exterior.
Fuente: Ámbito
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