En los últimos días, el diputado correntino Manuel Aguirre reflotó la cuestión de las retenciones al sector minero en el país, que viene siendo beneficiado por el Gobierno libertario por lo que en diferentes medios llamaron «vacío legal». El legislador cuestionó este término y dijo que se trata, más bien, de una decisión política del Gabinete de Javier Milei que busca beneficiar a las mineras (en su mayoría, extranjeras) para que puedan explotar los recursos naturales del país sin corresponder económicamente.
Para entender el panorama actual, la alícuota del Derecho de Exportación había sido prorrogada por última vez en 2021, durante el Gobierno de Alberto Fernández, por la cual el oro y la plata pasaban a pagar una tasa del 8% (menos que la alícuota que dejó Macri del 12%) hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, la gestión libertaria no prorrogó la medida y las empresas dejaron de abonar este tributo.
En un proyecto presentado por Aguirre para que el tema sea tratado en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, señaló que la ausencia de una norma que establezca estas retenciones desde enero de 2024 implica pérdidas significativas para el Estado. Asimismo, se indicó que esto beneficia injustamente a grandes empresas mineras y afecta la capacidad estatal de recaudar.
De este modo, volver a reglamentar la alícuota del Derecho de Exportación, de acuerdo a las bases del proyecto, permitiría incrementar la recaudación estatal y otorgar estabilidad y certidumbre a las empresas respecto a sus obligaciones fiscales. También exigiría a las mineras extranjeras un ingreso extra que contribuya a compensar los daños ambientales que se generan sobre las poblaciones y sus economías regionales.
Sin embargo, a pesar de los efectos positivos que podría resolver este proyecto, el diputado correntino, en diálogo con NEA HOY, aseguró que cuando presentó a la presidencia de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados en abril, su presidente, el sanjuanino Walberto Allende, alegó que «faltaban cosas por arreglar» y por eso no se dio espacio para su tratamiento.
Sumado a esto, el legislador aseguró que existe una falta de reclamo por parte de los Gobernadores que contribuyó a que el tema siga sin ser atendido, y aseguró que hay cierta connivencia con el Gabinete de Javier Milei para que esto suceda, puesto que el líder de una de las mayores empresas mineras extranjeras tiene vínculos con el actual Ministro de Economía, Luis Caputo.
Se trata del gigante minero canadiense Barrick Gold que extrae oro de San Juan y fue una de las principales firmas beneficiadas por la decisión del presidente (de no prorrogar el pago de retenciones en diciembre de 2023). La principal actividad de la empresa se realiza en la mina de oro Veladero, un Joint Venture con Shandong Gold, que se encuentra en plena cordillera de los Andes, en el departamento de Iglesia, y tiene encima una historia negativa por envenenamiento de suelos con cianuro.
Lo que se sabe es que uno de los asesores legales de Barrick Gold es Sergio Arbeleche, con años en el estudio Bruchou y Funes de Rioja, que redactó el mega DNU 70/2023 y conduce la UIA. Arbeleche era el candidato de Nicolas Posse para conducir la Secretaría de Minería pero quedó en el camino cuando coronó Flavia Royón que venía de ser la secretaria de Energía de Sergio Massa. De igual manera, el empresario siguió siendo un asiduo visitante del Palacio de Hacienda, de acuerdo a datos que publicó el medio La Política Online.
En este marco, múltiples analistas sostienen que el decreto que debía actualizar las regalías de los sectores exportadores quedó enterrado gracias al lobby de Arbeleche. Asimismo, la empresa canadiense se aprovechó de la situación para anunciar la extensión por 10 años de la vida útil de la mina sanjuanina, hasta el 2031. La compañía «ve con muy buenos ojos las medidas que está tomando el presidente en términos de abrir la economía, de respetar las inversiones, de abrir las inversiones», dijo, en dicha ocasión, el director corporativo para Barrick Sudamérica, Marcelo Álvarez.
Pese a esto, la empresa sigue siendo señalada por presuntas maniobras de evasión impositiva por las que en otra ocasión (marzo de 2020) fue condenada a pagar una multa millonaria por un diferencial de derechos de exportación en función a cantidades exportadas. La AFIP sostuvo, en ese entonces, que la minera simuló sus pasivos para minimizar la contribución tributaria y la Justicia Federal le dio la razón.
Ahora, en el contexto actual, hay múltiples fuentes del sector minero que aseguran que la firma canadiense «se mueve aprovechando al máximo la escasa voluntad de control». «Las empresas tienen total libertad de acción. Por ejemplo, nadie controla el pesaje de lo exportado ni de lo importado, se trata de un tramite que simplemente es informado mediante declaración jurada», dejaron saber a LPO.
Vale decir que la Argentina se encuentra en el puesto N°13 del ranking mundial, con 104,4 millones de onzas de recursos y reservas, un 1,9% del total global. De las 25 mayores minas de oro del mundo, 2 de ellas están en la Argentina: son la de Veladero en San Juan, y Cerro Negro, en Santa Cruz. Además, un informe de la Secretaría de Minería de la Nación da cuenta de que, desde la promulgación de la Ley de Inversiones Mineras, en mayo de 1993, la Argentina es un exportador neto de oro; desde entonces prácticamente no hubo importaciones y la producción se destina completa al exterior.
Es por esto que Aguirre se quejó de que, mientras a las mineras extranjeras se le exime del pago de retenciones, a otros sectores productivos -como el agropecuario- se le aplican altas tasas por exportar, siendo que materiales como el oro son «irreproducibles». El tema es mucho más preocupante si se tiene en cuenta que sólo en el primer cuatrimestre de 2024, el oro representó el 3,2% de las exportaciones totales con un crecimiento interanual del 12,5%. Este dato indica las pérdidas que produce la falta de regulación para las arcas estatales y, en consecuencia, para la economía local.
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