La Argentina fue históricamente reconocida por su sólida clase media trabajadora, la misma que hoy está atravesando una crisis socioeconómica sin precedentes, ajustes económicos, medidas de austeridad y desregulación promovida por el actual gobierno de Javier Milei están dejando su marca con mayor fuerza en las clases media, media baja y baja, despojándolas de derechos y oportunidades a las que antes podían al menos aspirar. En este artículo se analiza cómo las deudas sociales se han profundizado en estos estratos, conectando dinámicas históricas con políticas actuales a las que no deseábamos volver. Es difícil no observar que la persistencia de la desigualdad no es producto de la falta de recursos, sino de decisiones políticas que priorizan intereses de corto plazo sobre estrategias integrales de desarrollo, este análisis busca explorar cómo estas decisiones moldearon el presente y como marcan el futuro de la sociedad argentina.
La clase media en estos tiempos ha pasado de ser el motor del crecimiento a la víctima de un ajuste que estaba planificado para una casta que nunca salió al ruedo, solo quedo en definiciones electoralistas muy rentables en ese momento, así el sector medio, que en el pasado fue considerado el núcleo de la estabilidad y movilidad social, hoy enfrenta un retroceso alarmante y progresivo, las medidas económicas de ajuste fiscal como la eliminación de subsidios a servicios públicos, han reducido drásticamente su capacidad de ahorro y consumo. El informe del ODSA destaca un deterioro significativo en las condiciones económicas de la clase media que han desplazado a un número creciente de hogares hacia situaciones de inseguridad económica. Esta tendencia refleja el impacto estructural de políticas de ajuste fiscal que afectan con mayor intensidad a los sectores medios y bajos.
Este retroceso recuerda la crisis del 2001, cuando los estratos medios se vieron arrastrados a la pobreza por las políticas de convertibilidad y los recortes de gasto público, al igual que entonces, las políticas actuales redistribuyen las cargas económicas hacia abajo, beneficiando a los sectores concentrados. Los trabajadores de la clase media baja que dependen de empleos de baja calificación y estabilidad, enfrentan el deterioro de las condiciones laborales con más del 50% de los trabajadores de este estrato empleados en el sector informal, lo que los deja fuera del acceso a derechos laborales básicos. En los sectores más vulnerables, la eliminación de programas sociales y los ajustes hacia una dolarización parcial de la economía, han agravado la inseguridad alimentaria y habitacional, con más del 70% de los hogares pertenecientes a clases medias y bajas que viven en condiciones de privación múltiple, enfrentando carencias que afectan desde la educación hasta el acceso a una alimentación básica.
La inseguridad alimentaria severa retoma una tendencia ascendente, en 2024 el 28% de la población vive en hogares en condiciones de inseguridad alimentaria, y el 12,6% en hogares en inseguridad alimentaria severa; pero esto no es nuevo ya que durante la crisis de los años 90, la liberalización económica provocó un aumento similar en la desnutrición infantil, particularmente en áreas urbanas. La situación se asemeja a lo ocurrido durante el “efecto tequila” de 1995, cuando las familias más pobres recurrieron a comedores comunitarios para garantizar una comida diaria, con el costo de que la falta de una dieta adecuada no solo afecta a las familias hoy, sino que tiene consecuencias irreversibles en el desarrollo cognitivo y físico de los niños.
Desde 2010, la informalidad laboral ha crecido de manera constante, pero bajo el gobierno de Milei, se ha acelerado debido a la flexibilización laboral, la falta de controles y regulaciones ha dejado a millones de trabajadores sin acceso a seguros sociales ni jubilaciones. La marginalidad laboral no se redujo en los trabajadores de estratos bajos con un 26,6% de empleos precarios, empeoró para los trabajadores de estratos muy bajos con un 51,3% de subempleo. Más del 70% de los hogares de las clases bajas perciben que su situación económica se ha deteriorado en la última década, un sentimiento que se intensificó bajo las políticas de ajuste de Milei, lo que afecta no solo su bienestar material, sino también su salud mental. El ajuste ha exacerbado la polarización y las promesas de libertad económica para todos, dando lugar a una realidad donde los sectores vulnerables cargan con el costo de las reformas que eran para una casta que brilla por su ausencia, profundizando la desconfianza hacia el sistema político que si bien aún cuenta con niveles de apoyo moderados, no desconoce que todos los logros conseguidos penden del hilo del bolsillo popular.
Desigualdad creciente, aumento del desempleo y de la pobreza extrema, son los primeros rasgos que se vislumbran como resultado inmediato de este primer año de gestión anarcocapitalista, con la dolarización propuesta se podrían disparar aún más los precios, y con la apertura indiscriminada de las importaciones se concretaría un escenario de implosión del sistema productivo nacional dejando a los sectores medios y bajos en una situación de vulnerabilidad total. La recuperación de la clase media requiere políticas que prioricen el empleo formal, el fortalecimiento del sistema de seguridad social y la inversión, es imperativo reinstaurar y dinamizar programas de apoyo alimentario y transferencias monetarias para garantizar una red de seguridad mínima, una línea de vida por debajo de la cuál ningún compatriota deba estar; la experiencia histórica demuestra que sin estas medidas las brechas sociales solo se amplían, y ese camino no es el que queremos tomar como sociedad.
Nada es gratis, eso no es novedad, las deudas sociales son, en última instancia, una transferencia de costos desde los sectores privilegiados hacia los más vulnerables y bajo la gestión de Milei estas transferencias se han intensificado, poniendo en peligro el ya frágil tejido social de Argentina. Ahora el desafío no es solo detener el retroceso, sino construir un futuro donde las clases media, media baja y baja sean vistas no como un costo, sino como una inversión en el motor de un desarrollo inclusivo, si IN-clusivo, no EX-clusivo como el que está en marcha; las deudas sociales no son inevitables; son el resultado de decisiones políticas que aún podemos transformar en oportunidades para un desarrollo armónico de la sociedad, una sociedad que creyó que la casta pagaría la cuenta, sin saber que la casta era el 97% de esa misma sociedad, donde solo el 3% de los hogares forman la élite socioeconómica Argentina.
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