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Lunes 17 de febrero de 2025
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La excusa de las auditorías: el Gobierno de Javier Milei y el desfinanciamiento de las universidades públicas

Las universidades ya pasan por auditorías internas y externas, como las que hace la Auditoría General de la Nación (AGN), pero ahora el gobierno quiere meter a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que no tiene mucha claridad sobre qué le corresponde auditar en las universidades. Para los rectores y los docentes, esto no es más que una forma de meter mano en la administración de las universidades y controlar más de lo que deberían.

Las universidades ya pasan por auditorías internas y externas, como las que hace la Auditoría General de la Nación (AGN), pero ahora el gobierno quiere meter a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que no tiene mucha claridad sobre qué le corresponde auditar en las universidades. Para los rectores y los docentes, esto no es más que una forma de meter mano en la administración de las universidades y controlar más de lo que deberían.

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La pelea entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas, viene de larga data sólo que ahora las auditorías se han convertido en la excusa para justificar medidas que, según denuncian los docentes, rectores y la comunidad académica en general, buscan no sólo controlar los fondos de las instituciones sino también debilitar su autonomía.

Hoy es el día de una nueva Marcha Federal Universitaria, la tercera en lo que va del año, en rechazo al ajuste fiscal propuesto por el Gobierno Nacional y al desfinanciamiento que afecta gravemente a las universidades nacionales en todo el país.

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La auditoría como herramienta de control

Desde la llegada al poder de Javier Milei, el Gobierno Nacional ha insistido incansablemente en la necesidad de realizar auditorías sobre el uso de los fondos públicos en las universidades nacionales. Al principio nadie tuvo ninguna objeción, porque las universidades y otras entidades públicas ya se auditan todos los años en el marco de la ley.

Ricardo Gelpi, rector de la UBA, explicó en varias ocasiones que las universidades nacionales ya están sometidas a auditorías externas e internas, como las que realiza la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Auditoría Interna. Sin embargo, el gobierno de Milei quiere que además las nuevas auditorías las realice la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), que quiere imponer nuevos controles que carecen de sustento legal y buscan vulnerar la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Nacional desde la reforma de 1994.

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La Ley 24.309, denominada “de Necesidad de la Reforma Constitucional”, fue sancionada por el Congreso de la Nación hacia finales de 1993.

¿Cuál es el problema?

Lo que realmente está en juego es el recorte constante de fondos a las universidades públicas, algo que se agravó con las políticas del gobierno de Milei. Desde que asumió, las universidades tuvieron que enfrentarse a una reducción brutal de su presupuesto, lo que perjudicó seriamente su funcionamiento y la calidad de la educación que pueden brindar.

Además, la cosa se complicó aún más con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba ajustar los fondos para las universidades según la inflación acumulada. Esto generó un rechazo fuerte en todo el ámbito educativo. Por otro lado, la precarización laboral de docentes y no docentes, sumada a la pérdida de poder adquisitivo, alimenta el malestar generalizado y amenaza a la continuidad de la universidad pública.

La resistencia universitaria: marcha y toma de facultades

En respuesta al ajuste del gobierno de Milei, la comunidad universitaria está tomando medidas de protesta, como la marcha de hoy en CABA. En la región NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), se va a hacer una movilización el 14 de noviembre, con la participación de representantes de las universidades de Chaco, Formosa y la Universidad Tecnológica Nacional.

La marcha se organizó, nuevamente, en contra del recorte de fondos y las auditorías impuestas, que tanto estudiantes como docentes ven como un intento de someter la autonomía de las universidades a los intereses políticos del gobierno. En las últimas semanas, también hubo tomas de facultades, paros docentes y clases públicas en universidades de todo el país, todo en un clima de creciente malestar y movilización.

Esta tercera marcha federal reune a estudiantes, docentes y no docentes que exigen que se restituyan los fondos necesarios para que las universidades públicas puedan seguir funcionando como tienen que funcionar. Además, la protesta se da en un contexto de fuerte rechazo a las políticas de ajuste fiscal de Javier Milei y el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.

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El choque de la autonomía universitaria

El conflicto por la autonomía universitaria viene siendo un tema constante en la historia reciente del país, pero nunca había sido tan intenso como ahora. En su último comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señaló que el Poder Ejecutivo está entrometiendose en los fondos de las universidades y reafirmó su compromiso de defender la autonomía académica y financiera. «La autonomía es un principio constitucional y no puede depender de las decisiones de un gobierno de turno», dijeron los rectores.

Algunos analistas creen que el gobierno está utilizando las auditorías como una estrategia para «embarrar la cancha» y desacreditar a las universidades públicas. No sólo buscan controlar cómo se manejan los fondos, sino también pintar a las universidades como lugares inútiles y mal administrados, ante la opinión pública. Es decir, el Gobierno Nacional tiene como objetivo desviar la atención del recorte al presupuesto universitario, haciendo que el problema parezca un tema de «gestión» y no una cuestión de falta de plata.

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