“La universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo para la misma” vociferó el Presidente Javier Milei, en su discurso anti universidad pública mientras, irónicamente, “inauguraba” el Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.
La educación superior no se salvó de la motosierra y también se vió alcanzado por el ajuste. El mismo representa un vaciamiento de la universidad pública. ¿Por qué? Porque no sólo pone en riesgo la calidad y el acceso a la educación superior en el corto plazo, sino que también sienta las bases para lo que podría ser una privatización gradual, de la que Argentina hasta ahora ha estado relativamente a salvo.
El ajuste educativo y la privatización encubierta
Según Milei, el ajuste educativo es necesario para el famoso “equilibrio fiscal”, pero la realidad muestra que esta eficiencia se traduce en una drástica disminución del presupuesto destinado a las universidades. Un informe reciente de los espacios Unidad por la Universidad y Surplus denuncia que la reducción presupuestaria responde a una política de vaciamiento con la intención implícita de privatizar la universidad.
La disminución de los fondos, lejos de ser una medida de «austeridad necesaria», como se argumenta desde el oficialismo, podría ser en verdad un golpe mortal a la educación pública, de la que depende gran parte de la formación de profesionales en el país. Acá es donde 2 discursos que han predominado en los últimos años coinciden. Mientras que en el gobierno de Macri se justificaba la desinversión de la universidad porque “los pobres no llegan a la universidad”, Milei acaba de decir que “La universidad sólo le sirve a los ricos.”
Es importante destacar que, desde 2015 hasta el presente, la inversión educativa ha caído un 35%, con los años de mayor recorte bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei. Esta caída presupuestaria ha impactado no solo en el funcionamiento de las universidades, sino también en la calidad de la educación y en la accesibilidad para estudiantes de sectores populares.
Tal como advierten los autores del informe, el recorte en la inversión “vacía la Nación”, ya que una universidad pública y gratuita es un pilar clave para que un país pueda desarrollarse. Una población formada, equitativa y justa. Desde la perspectiva oficial, el gobierno sostiene que la universidad debe ser más eficiente, reduciendo costos y potenciando su relación con el sector privado.
De hecho, el propio presidente ha lanzado ataques contra las universidades, acusándolas de ser responsables de un gasto público «innecesario» y «millonario». Este enfoque, sin embargo, abre las puertas a un modelo que ya fracasó en otros países, como Chile, donde las universidades se han convertido en un bien de consumo privado, accesible sólo para quienes puedan pagar.

El peligro de los «vouchers» y la privatización
Una de las promesas de campaña de Milei fue el tema de los “vouchers” o vales educativos, en pos de eliminar unos intermediarios ficticios. En verdad esto significaría destinar parte de los recursos públicos a financiar el acceso a universidades privadas, lo que profundizaría la brecha entre las instituciones públicas y las privadas.
Este modelo, que ya se usó en Chile, podría llevar a una transferencia injusta de recursos hacia el sector privado, beneficiando a un número reducido de estudiantes con acceso a instituciones de élite y dejando a muchos otros sin la posibilidad de acceder a una educación de calidad.
Básicamente, el argumento del equilibrio fiscal podría ser la excusa perfecta para privatizar progresivamente la educación superior, siguiendo el ejemplo chileno. Sin embargo, lo que no se menciona es que, con este modelo, los estudiantes más vulnerables quedarían excluidos, y la calidad de la educación en general sufriría un golpe irreversible.
La universidad pública y el contraste con la experiencia chilena
La situación de la educación superior en Chile es clave para entender los riesgos que corre Argentina. Durante años, el país vecino experimentó un modelo educativo basado en la privatización, con un acceso limitado a universidades para aquellos que no podían pagar los elevados aranceles.
A lo largo de este tiempo, las universidades públicas en Chile fueron marginadas, y las universidades privadas ganaron terreno, al punto de que hoy la educación superior es en gran medida un bien de consumo privado. Es en este contexto que surgieron las movilizaciones estudiantiles de 2011, lideradas por Gabriel Boric, actual presidente de Chile.
Estas protestas, que desafiaron el sistema educativo privado y elitista, fueron el germen de una serie de reformas que buscaban devolver la educación a la esfera pública y garantizar el acceso para todos. Boric, quien como líder estudiantil se levantó en contra del modelo privatizado, ha sido el principal promotor de un nuevo sistema de financiamiento para las universidades en Chile.
El Gobierno de Boric propuso eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE), un sistema de endeudamiento que había condenado a miles de estudiantes a deudas impagables. A través de la creación de un nuevo sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), se busca eliminar las deudas de los estudiantes y ofrecer un acceso igualitario a la educación superior, sin la necesidad de endeudarse.
Con esta reforma, Boric no solo busca eliminar la deuda, sino también garantizar que los estudiantes no tengan que pagar aranceles mientras cursan sus carreras, una política de “educación gratuita” que contrasta directamente con los intentos de privatización que estamos viviendo en Argentina.

La privatización: el camino de Milei para la universidad pública
En contraposición a las reformas de Boric, el proyecto de Milei apunta en una dirección diametralmente opuesta. Desde el oficialismo se ha hablado abiertamente de la posibilidad de «privatizar» las universidades, o al menos de arancelar la educación superior, un paso que, aunque más indirecto, apunta al mismo objetivo: transformar la universidad en un bien privado al que solo puedan acceder los que puedan pagar.
Esta es la verdadera amenaza que enfrentan los estudiantes, docentes y no docentes en Argentina: la eliminación del acceso universal a la educación. El desfinanciamiento universitario propuesto por el gobierno de Javier Milei podría llevar a Argentina por un camino que Chile ha intentado recorrer durante años, y del que hoy intenta salir.
Argentina tiene la posibilidad de aprender de los errores de Chile y evitar caer en las mismas trampas que hicieron que el acceso a la educación superior se convirtiera en un privilegio para unos pocos. La privatización no sólo debilita el sistema educativo, sino que también pone en riesgo el desarrollo del país.
En tiempos de crisis económica y recortes presupuestarios, es más importante que nunca defender la educación como un bien público, que garantice igualdad de oportunidades y no se convierta en un mercado al servicio de unos pocos.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Conmoción en Formosa: a los 68 años, falleció el intendente de Clorinda, Manuel Celauro
Confirmaron un aumento salarial para estatales de Corrientes