Lastimosamente, los incendios en Córdoba se han convertido en un fenómeno recurrente y anualmente aparecen noticias de vastas áreas de bosques y terrenos siendo arrasados por el fuego. En 2024, se han perdido aproximadamente 40.000 hectáreas, un hecho alarmante que evidencia no solo la vulnerabilidad ambiental de la región, sino también la influencia de factores políticos y económicos, como la especulación inmobiliaria.
En este contexto, la ideología del Gobierno Nacional de turno, encabezado por Javier Milei, y sus promesas de eliminar al Estado no ayudan a la situación. El Presidente prometió desregular, (de hecho nombró a Federico Sturzenegger como Ministro de Desregularización) y así lo hizo: se han derogado leyes fundamentales para la protección del medio ambiente.
La desregulación y el DNU N°70/2023
La llegada de Javier Milei al poder ha traído consigo una agenda de desregulación que, lejos de priorizar la protección ambiental, ha debilitado las estructuras legales que regulan el manejo del fuego y la conservación de los bosques. A través del famoso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/2023, se derogan leyes cruciales, entre ellas:
Derogación de la Ley de Tierras
- La norma, actualmente derogada, ponía límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Esto atenta contra los bosques nativos y humedales e incentiva su destrucción.
Energías renovables y minería
- Se desarmó el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) que otorgaba préstamos y estímulos a quienes incorporaran en sus residencias equipos de generación de energía para autoconsumo o para ser introducidas a la red.
- Se derogó la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera.
Además, a lo largo de la primera mitad del año, las partidas destinadas al manejo del fuego y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego han sufrido una drástica reducción en su ejecución, alcanzando apenas un 26,7% del presupuesto vigente.
Esta disminución contrasta fuertemente con los porcentajes ejecutados en años anteriores, que superaban el 45%. La falta de inversión ha dejado a las provincias, especialmente a Córdoba, en una posición vulnerable para enfrentar la creciente amenaza de incendios.
La Ley de Manejo del Fuego
Otra ley derogada, y tal vez la más pertinente, es la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815), sancionada en 2012, que establece los presupuestos mínimos para la gestión de incendios forestales y rurales, enfocándose en la preservación del medio ambiente.
Sin embargo, con el reciente desmantelamiento del fideicomiso para su administración, se han dejado de lado recursos vitales para prevenir y combatir los incendios. Coloquialmente: no hay plata. En el contexto de incendios devastadores, la falta de un sistema de alarma temprana y recursos adecuados se ha traducido en la pérdida de hectáreas que antes se podrían haber salvado.
Otro, y quizás el más importante de sus puntos, es que esta ley prohíbe que las áreas afectadas por incendios forestales sean vendidas durante un período de entre 30 y 60 años para emprendimientos agropecuarios o inmobiliarios. ¿Por qué? Para evitar que los especuladores incendien terrenos a propósito para sus negociados.
El rol de la especulación inmobiliaria
La voracidad inmobiliaria ha estado presente en casi todos los episodios de incendios en Córdoba. Evitando pensar mal, y suponiendo que no han iniciado los incendios, las áreas afectadas por el fuego se vuelven un objeto de interés para desarrolladores inmobiliarios, quienes, tras la devastación, ven una oportunidad para adquirir terrenos a bajo costo.
En el sur de Punilla, por ejemplo, se han denunciado casos donde se sospecha que incendios fueron provocados intencionalmente para luego desarrollar proyectos inmobiliarios. La situación es particularmente sospechosa porque estos intereses inmobiliarios suelen coincidir con áreas que ya han sido afectadas por incendios en el pasado.
El reciente entusiasmo con la propuesta de derogar la Ley de Manejo del Fuego, que prohíbe la venta de terrenos incendiados, es una clara señal de cómo las fuerzas económicas buscan beneficiarse de la catástrofe ambiental.
La ley en cuestión, popularmente conocida como “Ley Máximo” por el impulso recibido de parte de Máximo Kirchner, fue implementada en 2020 con el objetivo de proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales que fueran ser usados para especulación inmobiliaria.
Los afectados
La gestión de los incendios y la protección del medio ambiente en Córdoba no son sólo cuestiones de interés económico, sino que también afectan profundamente a las comunidades locales en todo sentido posible.
La pérdida de tierras cultivables y bosques impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región. La desesperación de la población que pierde sus hogares, la fauna autóctona que aterrada busca refugio sólo tienen un poco de paz gracias a la tarea de los bomberos y brigadistas que hacen lo que pueden.
Los cordobeses ruegan que se declare “emergencia nacional”, sin embargo el Gobierno Nacional hace oídos sordos y son otras provincias las que envían ayuda. Tal es el caso que en los últimos días el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió enviar 2 helicópteros para mitigar la situación.
Si bien se agradece la solidaridad interprovincial, el abandono por parte del Ejecutivo ha generado un clima de indignación y desconfianza en la población cordobesa, que observa cómo sus necesidades son ignoradas mientras los recursos se desvían hacia intereses privados.
Los incendios en Córdoba son un reflejo de una crisis ambiental exacerbada por decisiones políticas y económicas que priorizan la especulación inmobiliaria sobre la protección del medio ambiente. Esto no es solo una cuestión de prevención, sino una batalla por la justicia social y ambiental.
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