Luego de la aparentemente ya olvidada controversia con los comedores, el Ministerio de Capital Humano, liderado por la Ministra Sandra Pettovello, ha decidido dejar sin cobertura de salud a más de un millón de monotributistas sociales en Argentina.
Esta medida entra en vigencia el 1 de octubre y ataca, nuevamente, a los sectores más vulnerables de la sociedad en un contexto económico que ya es desfavorable para millones de trabajadores.
¿Qué es el Monotributo Social?
El Monotributo Social es un régimen que permite formalizar trabajos, ingresar al sistema jubilatorio y acceder a la cobertura de salud para el trabajador y su grupo familiar. Está destinado a personas que realizan una actividad económica y se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica que cumplan con alguna de las siguientes categorías:
- Trabajadores independientes de bajos ingresos
- Emprendedores de la economía social
- Beneficiarios de programas sociales
- Pequeños productores
Además, el monotributo social es compatible con otros programas como:
- Asignación Universal por Hijo
- Asignación por Embarazo
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano

La realidad de los Monotributistas Sociales
El reempadronamiento obligatorio dispuesto por el gobierno afecta a 617.626 titulares de monotributo social y 585.415 adherentes, muchos de los cuales provienen de programas sociales. Este cambio no sólo significa la pérdida de acceso a servicios de salud, sino que también pone en riesgo la posibilidad de que estas personas trabajen de manera registrada.
Hasta la fecha, menos del 5% de los beneficiarios se han reempadronado. Esto se explica con las dificultades que enfrentarían para asumir el costo mensual de $6.900, un gasto que representa una carga económica insostenible para muchos de ellos ya que muchos ganan $78.000 por mes.
Noelia Villafañe, titular de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), explicó: «la obra social que actualmente proporciona cobertura sufrirá una caída brutal en el número de afiliados, lo que llevará a su desfinanciamiento y eventual cesación de pagos». Es decir que ésto será un problema para todos, no sólo los monotributistas sociales, sino también a los monotributistas comunes, quienes dependen del mismo sistema de salud.
Aumento desproporcionado
La nueva disposición del Ministerio de Capital Humano implica que, además de reempadronarse, los monotributistas sociales deberán asumir el 50% del costo de su obra social. Esto representa un aumento de más del 700% en los costos para aquellos que, según la normativa, ya viven por debajo de la línea de pobreza.
Villafañe explica que «un monotributista social que tiene problemas de salud, como diabetes, le costaría al Estado mucho más si queda sin cobertura. Un tratamiento para un paciente diabético puede ascender a 600.000 pesos mensuales, un costo que el Estado terminará asumiendo si estas personas quedan fuera del sistema».
Además de eso, el diputado Daniel Arroyo, advierte sobre las consecuencias de esta medida. Según él, la eliminación de la categoría de monotributo social incrementará la informalidad laboral, dejará a miles de personas sin acceso a servicios de salud y en situaciones económicas aún más precarias.
«Este régimen es el primer escalón hacia la formalidad para muchos trabajadores que realizan changas o pequeñas ventas. Si lo eliminan, simplemente dejarán de existir como trabajadores registrados», explica Arroyo.
Toda decisión es política
Esta decisión política no parece tener en cuenta la realidad económica de los monotributistas sociales, quienes perciben beneficios que rondan los $78.000 mensuales. «Con un ingreso de esa magnitud, no pueden hacer frente a los 6.900 pesos de la obra social», dice Villafañe.
Es quizás por ésto, la falta de información y apoyo por parte del gobierno, que se ha registrado una escasa convocatoria para el reempadronamiento, dejando a la mayoría de los monotributistas en una situación de vulnerabilidad.
La situación se complica aún más con la exigencia de emitir e imprimir al menos una factura al mes para mantener la categoría de monotributo, que es otro gasto y obstáculo para aquellos que ya enfrentan dificultades económicas.
Con la fecha de reempadronamiento a la vuelta de la esquina, los pronósticos no son alentadores. Se estima que, con mucha suerte, solo un 20% de los beneficiarios logrará reempadronarse antes del 30 de septiembre.
«Será la sociedad en su conjunto quien pague las consecuencias de esta mala decisión política»
Los Monotributistas Sociales más afectados
Muchos monotributistas sociales son mujeres y jóvenes que han encontrado en esta categoría una forma de formalizar su trabajo y acceder a derechos básicos. La pérdida de la cobertura de salud no sólo amenaza su bienestar físico, sino que también les quita la oportunidad de mejorar sus condiciones laborales y de vida.
Con la fecha límite de reempadronamiento aproximándose, las demandas de los monotributistas se han intensificado. Villafañe ha solicitado al gobierno que extienda el plazo hasta el 31 de diciembre y se reúna con funcionarios clave para discutir las repercusiones de esta medida.
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