El presidente Javier Milei presentó en el congreso el proyecto de Presupuesto 2025 en medio de un conflicto con los jubilados y mientras, a la vuelta de la esquina, asoma un nuevo conflicto con las universidades.
Después de vetar la Ley de Reforma Previsional que se aprobó en el mismo Congreso donde Milei pretende que sea aprobado su presupuesto 2025, el presidente anunció que también vetará la Ley de Presupuesto Universitario.
No contento con ello, el presidente recortó en el presupuesto 2025 las partidas destinadas a educación, destinando a esa área solo la mitad de lo que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La inteligencia de las universidades
En concreto, entre todas las partidas del presupuesto 2025 destinadas al financiamiento universitario suman 3,8 billones de pesos. Esto significa un aumento a lo que Milei destina a las universidades este año, pero se debe tener en cuenta que el presidente nunca presentó un proyecto de presupuesto para el 2024, y asignó las partidas del 2023 con aumentos discrecionales.
Ajustado por inflación, los 3,8 billones que el ejecutivo propone en el proyecto de presupuesto 2025 aumenta en un 28% el presupuesto para funcionamiento y salario de las 60 universidades nacionales. Pero sigue siendo la mitad de lo que se había aprobado en la Ley de Presupuesto Universitario, donde en base a presupuestos elaborados por el CIJ se insta al ejecutivo que destine 7,2 billones a las universidades.
Lo paradójico es que, en el mismo proyecto de presupuesto 2025, el ejecutivo contempla un aumento mayor a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), destinando un 96% más de lo que destina este año.
En relación con la educación inicial y media, el Proyecto de Presupuesto 2025 suspende el Artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba el financiamiento del sistema; aspirando a una inversión consolidada (Estado nacional, Provincias y CABA) del 6% del PIB. pic.twitter.com/pxSryVmjY6
— Julio Cobos (@juliocobos) September 16, 2024
El presupuesto para la SIDE también estuvieron en discusión este año, cuando el presidente intentó por DNU reservar fondos por 100 mil millones para la secretaría que, según dicen, la maneja desde las sombras su asesor privado Santiago Caputo. Sin embargo, el Congreso le negó esta posibilidad, por lo que el presidente incluyó este aumento en el proyecto.
Aumento, pero…
Pero el aumento a las universidades tienen una letra chica. Los 3,8 billones se establece como una posibilidad en tanto y en cuanto se lleguen a algunos acuerdos como, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo pueda realizar auditorias a las universidades.
Las auditorias a las Universidades Nacionales ya están previstas en la Ley de Educación Superior. El órgano previsto para ello es la Auditoria General de la Nación (AGN), un ente autónomo que también audita a muchos de los organismos del Estado Nacional.
⬇️ Así caerán en 2025 los presupuestos de organismos de ciencia y tecnología según el proyecto presentado por el Gobierno Nacional (también medidos en valores constantes):
CONICET: -41%
Agencia I+D+i: -67%
INTI: -46.6%
INTA: -39.6%
CONAE: -40%
Banco Nacional de Datos Genéticos:… pic.twitter.com/dlgoNEa59x— Daniel Filmus (@FilmusDaniel) September 16, 2024
Esto es así para asegurar que las universidades también puedan mantener su autarquía mantengan su autonomía ya que, si fuesen auditadas por el ejecutivo, los gobiernos de turno podrían presionar a las universidades para, por ejemplo cambiar sus planes de estudio en favor de una ideología partidaria.
La insistencia del gobierno de Javier Milei por ser quien audite el presupuesto universitario puede leerse como un intento de utilizar el presupuesto para extorsionar a las universidades nacionales y obligarlas a realizar cambios en su funcionamiento o planes de estudio.
¿Hay plata?
El presidente justificó los vetos a las reformas jubilatorias, el presupuesto universitario y los recortes en el presupuesto con razones presupuestarias. En su discurso del domingo en el Congreso, volvió a marcar como horizonte el mantenimiento del equilibrio fiscal, recortando partidas en educación, salud y educaciones para pagar los compromisos con los acreedores del Estado Nacional.
Lo que viene: más impuestos para los monotributistas, menos impuestos para los ricos. pic.twitter.com/86Blu7CKMm
— BLENDER (@estoesblender) September 17, 2024
Sin embargo, el proyecto de presupuesto mantiene varias partidas en materia de extensiones impositivas que, de haberlas corregido, podrían aumentar la recaudación y alivianado la carga fiscal para destinar más dinero a salud o a la educación.
Las extensiones impositivas al régimen de Tierra del Fuego, por ejemplo, equivalen a un 0,33% del PBI, aproximadamente 1,8 billones de pesos. Sumado a beneficios que tienen otros sectores, como la industria del conocimiento y las mineras, Argentina pierde 4,72 puntos de PBI en extensiones impositivas a empresas que muchas veces no la necesitan, como el caso de Mercado Libre, Techint o las empresas mineras.
Esto equivale aproximadamente a 26 billones de pesos, con lo que se podría no solo costear los 7,8 billones que piden las Universidades, sino también los aumentos a las jubilaciones, docentes y personal de la salud. Sin embargo, el gobierno de Milei decidió mantener la totalidad de estos beneficios para el 2025.
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