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Lunes 16 de septiembre de 2024
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“Lo barato sale caro”: el desmantelamiento de las políticas de género le cuesta 140 millones de dólares al Estado

A pesar del discurso del gobierno que minimiza la importancia de las políticas de género, un informe demuestra que las mismas contribuyeron a reducir embarazos relacionados a abusos o desconocimiento de métodos anticonceptivos, ahorrando al estado millones en atención y seguimiento.

A pesar del discurso del gobierno que minimiza la importancia de las políticas de género, un informe demuestra que las mismas contribuyeron a reducir embarazos relacionados a abusos o desconocimiento de métodos anticonceptivos, ahorrando al estado millones en atención y seguimiento.

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Las políticas de género y diversidad fueron las más perjudicadas por el gobierno de Javier Milei, marcando en algunos casos un retroceso de décadas en éstas áreas. Esto estuvo marcado por el cierre del Ministerio de la Mujer y Diversidad y el desfinanciamiento del programa acompañar y la línea 104, dejando a muchas mujeres sin el apoyo necesario en un contexto donde la violencia de género.

Amparados en una ideología que rechaza y niega la existencia de las diferencias estructurales de género, tanto Milei como sus funcionarios han justificado estos recortes diciendo que estas políticas no servían.

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Sin embargo, en agosto el proyecto Mirar publicó un informe donde se demuestra que las políticas y programas dirigidos a reducir el embarazo adolescente tuvieron un impacto positivo en las provincias que registraban un alto índice de niñas que quedaban embarazadas fruto de violaciones o desconocimiento de métodos anticonceptivos.

El informe

El proyecto Mirar es una organización dedicada al estudio y promoción de la igualdad de género y el bienestar infantil. Ya en informes anteriores había detectado que políticas como el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) había tenido un impacto positivo reduciendo los índices de embarazos no deseados en adolescentes.

Si en el 2018 se detectaba que 7 de cada 10 embarazos en niñas entre 15 y 19 años eran no intencionales, para 2021 este número se había reducido a 5 de cada 10 embarazos. Más alarmante aún, el número aumentaba en niñas menores a 15 años, ya que 8 de cada 10 de ellas no había buscado el embarazo, pero con las políticas mencionadas este número había sido reducido a 7 de cada 10.

Estos datos fueron acompañados por los del Censo 2022, que registró una reducción del 49% de embarazos en la adolescencia, reduciéndose la cantidad de adolescentes con hijos/as y ampliando el derecho a las mujeres a elegir si querían ser madres o no.

La reducción de 50% de la tasa de fecundidad adolescente observada entre 2018 y 2022 marca un quiebre en la tendencia amesetada sin descensos significativos previos. Más aun, se logró una reducción de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 57%, donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano”, explica el informe.

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Políticas de género

El informe del Proyecto Mirar, aclara que estos avances son el resultado de una serie de políticas y programas diseñados para mejorar la educación sexual, el acceso a servicios de salud reproductiva y el empoderamiento de las jóvenes.

Entre las principales iniciativas que han contribuido a esta disminución se encuentran la implementación de una educación sexual integral en las escuelas, que proporciona a los estudiantes conocimientos sobre anticoncepción, salud sexual y derechos reproductivos. Este enfoque educativo ha sido clave para equipar a las jóvenes con la información necesaria para tomar decisiones informadas y prevenir embarazos no deseados.

De esta forma, cuenta el informe, se buscó mitigar “las consecuencias adversas del embarazo en la adolescencia y resguardar los derechos de las niñas y adolescentes. La evidencia muestra que la maternidad temprana tiene impactos negativos sobre la trayectoria de vida de las adolescentes, asociados a la deserción escolar, la baja inserción en el mercado laboral y dificultad en el acceso a trabajos de calidad”.

Además, el acceso a servicios de salud reproductiva ha sido ampliado y mejorado, lo que incluye la provisión gratuita de anticonceptivos y la disponibilidad de servicios médicos especializados para adolescentes en caso de decidir realizar una interrupción legal del embarazo. Esto, a su vez, redujo los riesgos de muerte en adolescentes por abortos autoinfligidos.

El informe también recaba que hasta el 2023 se duplicaron la cantidad de instituciones que dan acceso a este derecho. “Sin distinguir el nivel de complejidad de los efectores que dan acceso, las provincias que respondieron los pedidos de informe cuentan, en total, con 2,089 instituciones que dan acceso a servicios de IVE ILE a las personas que lo solicitan”, informó.

Las políticas también han promovido el fortalecimiento de los programas de asesoramiento y apoyo psicológico, fundamentales para ayudar a las jóvenes a enfrentar los desafíos relacionados con la sexualidad y la reproducción.

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Ahorro fiscal

Aún que no fuese por la convicción de ampliar las políticas de derecho a la salud sexual y reproductiva, un gobierno tan preocupado por el déficit fiscal como el de Javier Milei debería ver que la aplicación de programas como el ENIA tienen como resultado el ahorro fiscal en gastos relacionados con la atención y seguimiento de embarazos y partos en adolescentes.

De acuerdo a un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el funcionamiento de este plan permitió ahorrar 140 millones de dólares al año al estado nacional. A su vez, pone freno a la continuidad de la pobreza intergeneracional y es beneficioso al desarrollo del país.

La maternidad temprana es uno de los principales vectores de la reproducción de los ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud, y también afecta la productividad agregada de los países”, expresa el informe del Proyecto Mirar.

Políticas en riesgo

Después de esta exposición, el informe advierte sobre el riesgo que corren la continuidad de estas políticas en la actualidad. El gobierno de Javier Milei suspendió los fondos para sostener las oficinas del Plan ENIA en cinco provincias, que resultó en el despido de 619 trabajadores del programa y dejó a sólo 57 agentes activos.

El cierre de programas y desfinanciamiento de acciones de protección está teniendo como resultado el aumento en los casos de violencia de género. En el primer semestre de 2024, se registró un femicidio cada 24 horas, lo que refleja la grave situación de inseguridad para las mujeres en el país.

A su vez, las medidas de Milei han exacerbado las condiciones de pobreza entre las mujeres, que ya enfrentan desventajas económicas significativas. La feminización de la pobreza se ha intensificado, con un aumento en la representación de mujeres en los sectores más vulnerables de la sociedad.

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