La reforma laboral ha dado su primer gran paso sin haber comenzado puesto que falta su reglamentación y ya ha provocado un fallo polémico en la provincia de Misiones. En un reciente caso, la Justicia decidió no imponer sanciones por la falta de registro laboral de un empleador hacia su empleado. El juez aplicó la nueva Ley Bases, que eliminó las multas que anteriormente se imponían a los empleadores por este tipo de incumplimientos.
El caso en cuestión es el de “A., R. A. C/ Bernardi, Juan Manuel S/ Laboral”, relacionado con un despido sin causa de un trabajador rural. El empleado denunció que durante varios años trabajó en condiciones informales, sin recibir aportes ni beneficios.
Todo esto sucedió incluso antes que el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunciara que el gobierno nacional reglamentará a la brevedad el capítulo laboral de la Ley Bases, con el objetivo de introducir cambios en el sistema de indemnización por despido, es decir, el fallo no debería haber tomado en cuenta la reforma puesto que aún no está vigente.
La propuesta, que ha sido presentada bajo el lema de “más libertad”, busca reemplazar las indemnizaciones con un «fondo de cese». Sin embargo, este cambio ha despertado serias preocupaciones sobre los posibles efectos negativos para los trabajadores, así como para la estructura laboral en general.

La Reforma Laboral y el cambio en el Régimen de Indemnización
La reforma laboral que trae la Ley Bases implica un cambio inmenso en la forma en que se manejan las compensaciones por despido. En lugar del sistema actual de indemnizaciones, que proporciona una compensación económica a los trabajadores despedidos, el nuevo modelo propuesto es un fondo de cese.
Este fondo se financiará a través de aportes tanto de empleadores como de empleados y se administrará mediante convenios colectivos de trabajo. Sturzenegger afirma que esta medida reduce la carga económica sobre las empresas y permitirá una mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos.
Según el Ministro, el actual sistema de indemnización genera “incertidumbre y costos asociados” que, en su opinión, afectan particularmente a las pymes. Esto significa que para Sturzenegger el costo de tener empleados en blanco es una carga para las empresas. Básicamente queda en manos del empleador decidir si desea poner en blanco a sus trabajadores o no.
Peligros del Fondo de Cese
El nuevo sistema de fondo de cese plantea varios riesgos significativos para los trabajadores. A diferencia de las indemnizaciones, que garantizan una compensación económica directa y tangible, el fondo de cese podría no ofrecer el mismo nivel de protección. Los críticos de la reforma advierten que, en la práctica, el fondo podría resultar en una menor seguridad económica para los empleados despedidos.
El abogado laboral Rito Barrios, en una entrevista exclusiva con NEAHOY, explicó que el fondo de cese se configurará a partir de aportes privados y dependerá en gran medida de los convenios colectivos. Esto implica que la eficacia y la equidad del fondo podrían variar según el acuerdo alcanzado entre las partes, lo cual es una contradicción con el punto anteriormente planteado: si el empleado no está en blanco, tampoco tiene convenios colectivos.
En caso de que los convenios no se establezcan o no incluyan condiciones adecuadas, los trabajadores podrían enfrentar serias dificultades financieras tras la pérdida de su empleo.

Eliminación de sanciones por trabajo en negro
Otra medida preocupante en la reforma es la eliminación de las multas para los empleadores que no registran a sus trabajadores. Bajo la legislación laboral actual, los empleadores que operan en la informalidad enfrentan sanciones severas, que buscan disuadir el trabajo en negro y garantizar la correcta afiliación de los empleados. La reforma propone eliminar estas sanciones, permitiendo que la regularización sea voluntaria.
“Actualmente y hasta antes de la aprobación de la ley existían multas que se le aplicaban a la parte empleadora si no registraba correctamente y concretamente a sus empleados”, explicó Barrios. “Existían leyes por la cual se le obligaba al empleador a registrar a los empleados que tenían en negro, ahora con esto de sacar las multas y las medidas sancionatorias va a funcionar voluntariamente dependiendo de la “buena voluntad” del empleador”.
La eliminación de las multas podría incentivar a los empleadores a mantener prácticas laborales informales, dado que no enfrentarán consecuencias económicas por no registrar a sus trabajadores. Esto, inevitablemente, podría resultar en una mayor precarización del empleo y una reducción en las protecciones laborales para los trabajadores que ya se encuentran en situaciones vulnerables.
Condonación de deudas por incumplimientos
Otra parte de la reforma que ha generado alarma es la condonación de deudas acumuladas por incumplimientos previos. Hasta ahora, las empresas que no cumplían con sus obligaciones laborales, como el pago de aportes y contribuciones, enfrentaban multas y juicios ejecutivos.
La reforma propone la condonación, es decir el perdón, de estas deudas, lo que podría liberar a las empresas de importantes obligaciones financieras relacionadas con prácticas laborales pasadas. Pagar juicios laborales, por ejemplo.
Esta medida ha sido presentada como un incentivo para la regularización, pero muchos abogados, como Barrios, argumentan que podría tener el efecto contrario. Al eliminar las consecuencias de las prácticas laborales irregulares, la reforma podría desincentivar a las empresas a cumplir con las normativas laborales, perpetuando la informalidad y el incumplimiento.
Los Derechos Laborales y la Constitución
Quien se ve más vulnerado por estas reformas es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza derechos laborales. La Constitución establece derechos adquiridos que no pueden ser modificados sin un proceso legislativo adecuado. La reforma, al introducir cambios en el sistema de indemnización y en la regulación del trabajo en negro, entra en conflicto con estos derechos fundamentales.
La reforma laboral también plantea serias preocupaciones en cuanto a la protección de los derechos laborales. La eliminación de indemnizaciones y la reducción de sanciones para el trabajo en negro afectan directamente a los derechos adquiridos por los trabajadores. La indemnización por despido, un derecho establecido durante décadas, tiene un valor simbólico y práctico en la protección de los empleados frente a despidos arbitrarios.
El Gobierno Nacional también dio indicio de querer sacar las licencias por vacaciones y algunas otras licencias que el trabajador tiene por ley. Pero la Ley Bases sigue siendo una ley, y por eso no se puede anteponer a lo establecido en la Constitución, que tiene más jerarquía. Como bien explicó Barrios: “estos derechos son adquiridos y aparte están establecidos en la Constitución Nacional principalmente en el artículo 14 bis y también en convenios internacionales”.
Para que sigan quitando derechos, el Gobierno Nacional debería modificar la Constitución. “Al gobierno actual lo que molesta es el artículo 14 bis de la Constitución donde están con todos los derechos de los trabajadores”, afirmó Barrios.
Sobre Macri, Bolsonaro y Milei
La reforma laboral en Argentina tiene paralelismos con reformas similares, como Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro y las políticas implementadas durante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina.
En Brasil, la reforma laboral de 2017 condujo a una significativa precarización laboral y una reducción de los derechos de los trabajadores. De manera similar, en Argentina, las reformas anteriores también buscaban reducir los costos laborales y flexibilizar el mercado de trabajo.
Estas reformas, aunque presentadas como soluciones para estimular la inversión y el crecimiento económico, no han demostrado nada más que inseguridad laboral y precarización. “Esta receta ya la vimos, sabemos como fue en los 90, con Bolsonaro, con Macri y sabemos cómo van a terminar ahora”, aseguró el abogado.
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