Según un informe nacional, en el NEA Formosa fue la única provincia que en lo que va del año cumplió totalmente con el dictado de las horas de clases, teniendo del otro lado a Misiones que atravesó fuertes conflictos con el sector docente (entre otros). El estudio, difundido por un medio nacional, se contextualiza en la discusión legislativa por la declaración de la educación como servicio esencial, para obligar a los docentes a que garanticen una guardia mínima cuando haya paro de actividades por conflictos laborales (lo que disminuiría la fuerza de la medida).
El Gobierno Provincial de Formosa, además de pagar conceptos como el Fondo de Incentivo Docente y el de conectividad a los docentes que fue dejado de abonar por el Gobierno Nacional, avanzó en implementar el complemento por servicio para el escalafón de los docentes, un beneficio no bonificable, asociado al tiempo prestacional de actividad del agente valorizado en once tramos.
Este complemento fue anunciado junto a un aumento del 28% en el salario de los educadores y de la administración pública general, totalizando hasta el momento un 80% de aumento. Con ello, Formosa busca evitar que el perjuicio a causa de la situación económica y la recesión nacional sea mayor.
Cumplimiento de las clases en Formosa
Formosa, junto a Mendoza, San Luis y Santiago del Estero no tuvo días sin clases, según el relevamiento de la organización Coalición por la Educación, una agrupación de padres, docentes, expertos y representantes de diferentes organizaciones sociales, que contabiliza cuántos días de clase se dictaron, cuántos se perdieron y por qué razones.
En el otro extremo se encuentra Misiones, en donde hasta mitad de año solo habían tenido 44 días de clase “normales” de los 82 planificados, alcanzando 38 días de paro y llegando a cumplir con el 53,66% de clases; Neuquén donde hubo 22 días de paro y Santa Fe con 16. En Corrientes se cumplieron, hasta ahora, con el 93,9% de las clases y Chaco con el 71,43%.
Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial”, que no quedó exento de críticas por la dificultad para su implementación y por quienes consideran que no resolverá los problemas de la crisis educativa
El proyecto aprobado, que ahora deberá pasar por el Senado, plantea un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias: las autoridades escolares deberán garantizar la apertura de los establecimientos en sus horarios habituales y el servicio de alimentación escolar los días de huelga.
El principal reclamo son los salarios. En marzo de 2024, el último dato publicado por el Ministerio de Capital Humano, el salario de bolsillo de un docente de educación primaria de una jornada simple con 10 años de antigüedad fue $416.215.
En mayo, la protesta de los empleados estatales en Misiones por una fuerte recomposición salarial tuvo a los docentes, junto con los policías, como protagonistas. Lideraron incluso un acto inédito de atrevimiento y desafío al poder: marcharon a la casa de Carlos Rovira, el máximo jefe del Frente Renovador de Misiones (el partido provincial que gobierna y que actualmente muestra cercanía con Javier Milei).
“Hay dos cuestiones que resumen el nivel de conflictividad este año a nivel educativo. Por un lado, el presupuesto y el financiamiento. Un Gobierno Nacional que dejó de girar el Fonid, que cubre parte de los salarios docentes, y el Fondo Compensador a las provincias.
Por otro lado, el financiamiento que incluye el aspecto salarial y también el aspecto de sostener concretamente la educación, como es el caso del presupuesto universitario. Un gobierno que hace esto al mismo tiempo arma vouchers y bonos para quienes asisten a las escuelas privadas. Una política de vaciamiento que han llevado adelante todas las jurisdicciones”, apuntó Mariana Scayola, secretaria general de Ademys.
Y cerró: “El otro eje de ataque del Gobierno es contra el derecho a huelga de las organizaciones sindicales. Inició el año jactándose públicamente de no convocar a la paritaria nacional. Y ahora saca la ley de esencialidad. Entonces, al mismo tiempo que ataca el presupuesto, que ataca los salarios, que recorta, avanza con reformas educativas y demás en las jurisdicciones, pretenden cercenar el derecho a la protesta”.
“El reclamo a nivel nacional es por financiamiento educativo”, resumió en diálogo con LA NACIÓN María José Gutiérrez, secretaria general de UTE. “Dentro de ese concepto el salario es solo un vector, pero no es el único. Entendemos que la educación es un derecho y el Estado debe garantizarlo con políticas públicas que aseguren la inclusión y también la calidad”, detalló.
“Si quieren soluciones, esta no es la manera, la forma es con presupuesto educativo, inversión, creación de escuelas, no es la manera nombrar a la educación como un servicio, es un derecho social para todas y todos”, consideró sobre la ley que se aprobó en Diputados.
Más allá de las distintas opiniones en cuanto al proyecto, hay ejemplos claros que demuestran que es posible lograr acuerdos y con inversión educativa evitar paros docentes, sin la necesidad de recurrir a proyectos como los que se discuten en el Congreso.
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