Desde que el Juez Ercolini, conocido por su polémico viaje a Lago Escondido en el 2022, difundiera que encontró pruebas de violencia de género a Fabiola Yañez, el escándalo de Alberto Fernandez inundó la agenda del sector político y la opinión pública.
El anuncio fue poco después de la reaparición de Mauricio Macri con su anuncio de que desde el PRO haría lo posible por ayudar a Javier Milei, y con las subsiguientes filtraciones de celulares de Fernández y de su secretaria, absorbió toda la discusión pública que antes giraba alrededor de la desaparición de Loan.
El escándalo de Alberto Fernández hizo bien al gobierno, ya que por detrás quedaron la discusión del financiamiento de 100 mil millones para la SIDE, los datos de la economía con industria y desocupación aún a la baja y la foto de los legisladores de La Libertad Avanza junto a ex represores en Ezeiza.
Se cumplen 8 meses de Milei .
Logros :
– Pobreza del 41% al 57% ( 6.000.000 nuevos pobres )
– Indigencia del 12% al 20%
– menor consumo de carne últimos 100 años
– tarifas subieron 2000 %
– desempleo aumentó 32,4%
– 12.000 PYMES cerradasMientras él viaja con la hermana pic.twitter.com/nxRYUA8pgj
— punto ☀️☀️☀️ Argentina Campeón !!! (@puntoabc) August 10, 2024
La fiesta de Ezeiza
Si algo tapó el escándalo de Alberto Fernández fue la polémica que se generó cuando se difundió la foto de la visita de legisladores de La Libertad Avanza a militares condenados por crímenes de lesa humanidad alojados en el penal de Ezeiza el pasado 11 de julio.
Al difundirse fotos de “la fiesta de Ezeiza”, otros legisladores de Unión por la Patria y del PJ inmediatamente exigieron armar una comisión para investigar y expulsar del recinto a los legisladores involucrados. Pero más aún, la semana pasada el escándalo empezó a generar internas en el propio bloque de La Libertad Avanza.
En la visita está involucrado Javier Olivera Ravasi, cura e influencer de derecha e hijo del represor Jorge Antonio Olivera quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad en San Juan. Ravasi confirmó hace unos días en sus redes sociales que la visita tenía la función de diagramar los puntos para un proyecto de ley que apunte a la liberación o flexibilización de las penas de represores de la última dictadura militar argentina.
La diputada libertaria por Mendoza Lourdes Arrieta, quien también participó de la reunión, quiso despegarse de la polémica denunciando en el juzgado N°2 de Lomas de Zamora una trama de presiones y aprietes por parte de sus compañeros de fórmula que la obligaron a participar de la reunión.
En su exposición, expone la existencia de grupos de WhatsApp y revela que además hubo otros encuentros con represores en Campo de Mayo. Además de los involucrados, manda al frente a la ministra de seguridad Patricia Bullrich diciendo que fue ella quien aseguró el salvoconducto para que los diputados pudieran entrar a los penales y reunirse con los represores “sin problemas”.
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La recesión no para
Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) estará difundiendo el dato de la inflación de Julio, y si bien desde el Ministerio de Economía proyectan un número más bajo que el de Junio (4,6), el dato del mes pasado ya informó sobre un freno de la tendencia a la baja, haciendo entrever que llevará varios meses romper la barrera del 3 con posibilidad de que vuelva a repuntar.
El freno de la baja inflacionaria se combina con datos desalentadores de la economía real. La propia INDEC informó hace unos días que la industria cerró el primer semestre con una baja de 16,1%, indicando que la actividad manufacturera sigue sin encontrar su piso y se estima que siga bajando.
Y de la mano de la baja de la actividad, llega el desempleo. El anterior informe mensual de Entidades Financieras publicado por el Banco Central advirtió que enero a abril se cerraron más de 330 mil cuentas sueldos en bancos públicos y privados, mientras que un reciente informe de la consultora Búmeran detectó que más del 50% de las empresas dijo haber realizado despidos.
Y los trabajadores que logran mantener sus puestos de trabajo reciben salarios golpeados por la inflación del primer trimestre. Un informe de la Fundación Capital advierte que desde los primeros meses de la gestión de Milei la masa salarial registrada (público y privada), sufrió una abrupta caída que, aún hoy, se encuentra en el 16,5%. El mencionado informe de Búmeran relevó que solo el 22% de las empresas encuestadas proyecta una suba salarial que pueda igualar lo perdido por la inflación.
Los despidos y baja de salarios ya está generando problemas en las jubilaciones y pasivos. De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) la recaudación del Sistema de Seguridad Social se redujo en un 16,8% a nivel interanual, lo que imposibilita cualquier plan de mejora previsional.
La situación de desocupación llegó a tal punto que, en Rosario, un trabajador despedido se quitó la vida estrellando una avioneta contra una planta de la empresa de despido. Lejos de alivianar la situación, el gobierno reglamentó una reforma laboral quitando multas por despido o por contrato en negro.
SIDE y ciberpatrullaje
Una semana antes del escándalo de Alberto Fernández, desde la presidencia de la nación se cambió la denominación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para volver a la denominación anterior de Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La diferencia es que, mientras que una Agencia adquiere autarquía, la Secretaría depende exclusivamente de la presidencia, pudiendo Javier Milei utilizar los recursos de inteligencia para realizar espionajes.
No contento con eso, decretó fondos reservados para la secretaría por 100 mil millones de pesos por sobre lo ya presupuestado. La cifra es la misma que requirió el financiamiento del INADI, que el gobierno festejó su cierre definitivo esta semana.
La diferencia es que el presupuesto del INADI sostenía 43 delegaciones y más de 400 empleados en todo el país, mientras que los fondos reservados (a diferencia de los presupuestados), no requieren rendición, pudiendo ser utilizados para financiar desde dádivas hasta granjas de trolls en el extranjero.
Este decreto viene aparejado con la creación de la una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) dentro del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Ya en mayo, otra resolución habilitó el ciberpatrullaje, es decir, el monitoreo de información pública en redes sociales y sitios de internet.
Si bien en principio la modernización del estado incluyendo materia de seguridad, incorporando incluso herramientas de inteligencia artificial, podría ser algo a festejar, analistas advierten que ambas iniciativas podrían habilitar el doxeo y persecución en redes sociales a personas que piensen destino a la ideología del gobierno.
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