El miércoles pasado inició la etapa de juicio oral por el intento de magnicidio a la entonces vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, sucedido el 1 de septiembre del 2022 cuando frente a su departamento de la capital y en medio de una multitud, Sabag Montiel intentó dispararle en la cabeza con un arma de la cual no salió el disparo.
La etapa se desarrollará durante los próximos 6 meses, en los que cada miércoles se indagará a alguno de los implicados, peritos o testigos. El primero fue el propio acusado, Sabag Montiel, quien se apuró en decir que el intento de magnicidio fue producto pura y exclusivamente de él, intentando despegar del hecho a su ex pareja Brenda Uliarte y a su ex amigo y jefe Nicolás Carrizo.
Pero además, su apuro lleva a pensar que hay una intención de desvincular a otros actores que, en un principio, se sospechaba que podrían haber sido autores intelectuales del hecho o que actuaban de proveedores de la logística.
Uno de estos era el ex diputado del PRO Gerardo Milman, vinculado a Patricia Bullrich y otro era Johnatan morel, referente de una agrupación que clamaba públicamente por la muerte de Cristina Kirchner y que poco tiempo antes del intento de magnicidio se vinculó con la familia del actual Ministro de Economía.
¿Por qué no Milman?
Un mes después del intento de magnicidio, un asesor del diputado Marcos Cleri se presentó ante el juzgado de la causa y declaró que, días antes del atentado, había escuchado a Milman en un bar frente al congreso decirle a sus asesoras “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.
Desde ese momento, la querella de la vicepresidenta insiste en investigar al ex jefe de campaña de Patricia Bullrich, pero el proceso se realizó con varias irregularidades que incluyen dejar que Milman y sus asesoras borren sus teléfonos antes de ser secuestrados por la justicia.
De acuerdo al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires Juan Martín Mena, la justicia tardó varios meses para ordenarle a Milman entregar su teléfono para la investigación, y cuando lo hizo, entregó un celular que había salido a la venta después del hecho, señal de que lo había cambiado.
En unas horas comienza uno de los juicios sobre el intento de magnicidio a @cfkargentina, el de los autores materiales. Uno de los hechos más graves desde la recuperación democrática.
Salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta… pic.twitter.com/8TGl9C5xdI
— Juan Martín Mena (@juanmmena) June 26, 2024
Se comprobó, además, que tanto él como sus asesoras habían borrado contenido de sus celulares antes de entregarlos a la justicia. Una de las asesoras, incluso, terminó confesando que en noviembre del 2022, dos meses después del intento de magnicidio, se citaron con un experto en informática en la Fundación que preside Patricia Bullrich para borrar los contenidos de los teléfonos.
Otro vínculo es que, estando preso, Sabaj Montiel pidió por escrito que de su situación se haga cargo Hernán Carrol, líder de Nuevo Centro Derecha que había viajado al exterior con el jefe de gabinete de Milman. Esto podría implicar una suerte de ajuste de cuentas o pago de una retribución que Carrol pudo haberle prometido a Montiel por ejecutar el hecho.
Sin embargo no se pudo comprobar, ya que Carrol tambien tuvo la oportunidad de borrar su teléfono cuando se lo pidió, meses después del hecho. A pesar de todos estos datos, la jueza María Eugenia Capuchetti no consideró relevante continuar indagando sobre el vínculo entre Montiel y el asesor de Bullrich.
Caputo y Revolución Federal
Otra línea de investigación que se descartó fue la que involucra a “Revolución Federal”, una agrupación que en esas épocas se convocaba frente al congreso con guillotinas y muñecos ahorcados y mensajes de que había que asesinar a los políticos del Frente de Todos.
Si bien la agrupación decía ser independiente, esta línea también involucra a Gerardo Milman, ya que en una oportunidad Brenda Uliarte, pareja de Sabaj Montiel, había declarado que era el asesor de Bullrich quien pagaba a la gente para que asista a las manifestaciones.
Pero también involucra a la familia Caputo a través de Jonathan Morel, referente de la agrupación, que había facturado pagos millonarios a la familia del actual Ministro de Economía desde mayo hasta agosto, poco antes del intento de magnicidio.
La excusa de los pagos fue la compra de unos muebles para unos Salones de Usos Múltiples en el sur. Montiel había puesto una mueblería seis meses antes, argumentando que había aprendido por youtube.
La coincidencia e impracticidad de la compra llevó a pensar que los pagos en realidad tenían otros fines. Por ello, los abogados de Cristina Kirchner presentaron una línea de tiempo mostrando como Revolución Federal realizaba alguna manifestación justo después de que Morel recibiera uno de los pagos de la familia Caputo.
La teoría fue que Revolución Federal había sido financiada para realizar estas manifestaciones violentas y construir una impresión de un estado de ira generalizada para que la población vea como verosímil que alguien pudiera planear un intento de magnicidio en vez de preguntarse las tramas de poder que podrían haber estado actuando como autores intelectuales. Sin embargo, y aunque repetidas veces se pidió que se llame a indagatoria a Rossana Caputo y se investigue a Flavio Caputo.
¿Cómo sigue el juicio?
El Tribunal Oral Federal 6 tiene una larga lista de 277 personas citadas a declarar, en la que se incluyen figuras políticas, personal de seguridad, expertos de distinta índole y testigos presentes en la noche del 1 de septiembre y la propia Cristina Kirchner.
Este miércoles, declaró Nicolás Carrizo, dueño de la máquina para hacer copitos que brindaba a Montiel y Uliarte para vender en la calle. Carrizo había sido indagado porque había escrito en unos chats que fue él quien planeó el intento de magnicidio. En el juicio, Nicolás dijo que lo había dicho en broma, se quebró y pidió perdón a la ex vicepresidenta.
Uliarte también empezó a declarar, pero después se arrepintió. Su abogado pidió que se la someta a pericia psiquiátrica, pedido que le fue negado.
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