El pasado 12 de junio, mientras se debatía el proyecto de Ley Bases en la Cámara de Senadores, miles de manifestantes se convocaron frente al congreso para exigir a los senadores que voten por su rechazo.Bajo las órdenes de Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes y llegaron a detener a 33 personas bajo pretexto de atentar al orden público o enfrentamientos con la propia policía. Sin embargo, cuando se fueron difundiendo los nombres y el contexto en el que fueron detenidos cada uno, fue quedando a las claras una arbitrariedad en las detenciones. Consta en un video que un estudiante de kinesiología fue detenido mientras tenía una discusión verbal, sin haber recurrido a agresión física, un vendedor ambulante de café fue detenido mientras se encontraba hablando por teléfono con su madre y otros detenidos incluso se encontraban a varias cuadras del congreso cuando fueron levantados.Pero más llamativo aún fue lo que pasó después. A los 33 detenidos se les aplicó la misma carátula que se suele aplicar en caso de detenciones en una manifestación, que es la de “sedición”. Sin embargo, desde el gobierno nacional no estaban de acuerdo con esta carátula e insistieron en que se los trate a los detenidos como “terroristas”. A su vez, a través de redes y comunicados, quisieron instalar que la manifestación en contra de la Ley Bases, que transcurrió como muchas protestas que se realizan habitualmente en la Plaza de los Dos Congresos o la Plaza de Mayo, se había tratado en realidad de un intento de golpe de estado.La insistencia no fue casual, ya que anticipandose a la movilización, el gobierno nacional publicó el 6 de junio en el Boletín Oficial el Decreto 496/24 que modifica la normativa sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, dando potestad al Poder Ejecutivo de incluir a cualquier persona en el Registro Público de Personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET).
Qué es el RePet
El RePET fue creado por el Decreto 489/2019 y es un registro de acceso público de personas a quienes se ha vinculado con actos terroristas o financiamiento de organizaciones terroristas. El registro fue creado durante la gestión de Mauricio Macri, cuando la misma Patricia Bullrich también se encontraba al frente del Ministerio de Seguridad.En ese momento ya se discutía que un gobierno podría utilizar la carátula de terrorista como forma de persecución política a quienes piensen distinto, por lo que se resolvió utilizar el listado de personas físicas, jurídicas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.Por eso, cuando uno revisa el registro se encuentra más que nada con personas vinculadas a organismos definidos internacionalmente como terroristas, como Al-Qaida o Hamas, y no con lo que a cualquier gobierno de turno pueda considerar terrorismo.
El concepto de terrorismo de un régimen aterrado
El decreto firmado por Milei habilita a Patricia Bullrich a incorporar personas y organizaciones nacionales al Registro de Personas y Entidades Vinculadas a Actos Terroristas (Repet).
Nota completa 👉 https://t.co/686TQaaLrf
— Fundación Alameda (@AlamedaCABA) June 22, 2024
Hoy, en cambio, si el gobierno nacional triunfaba en sus presiones sobre la carátula de las detenciones, se podría haber incluido a los detenidos en la manifestación del 12 de junio en el RePET, aplicando el mismo grado de peligrosidad al estudiante de kinesiología o al vendedor de café con los involucrados con el ataque a las torres gemelas o los secuestros en Israel.Además, la inclusión en esta lista tendría graves consecuencias para los detenidos, ya que habilitaría a tiempos más prolongados de detención preventiva e incluso a incautación de sus bienes.
Es gravísimo lo que cuenta la hermana de uno de los detenidos en el Congreso.
Bullrich le dió la orden a la policía de interrogar y perseguir políticamente a manifestantes.
Todo para infundir miedo y desalentar la movilización. Esto es terrorismo. #MileiTienePresosPoliticos pic.twitter.com/mUOV6TwfKi
— mauro (@MauroFdz) June 18, 2024
Bullrich contra las manifestaciones
La historia de Patricia Bullrich intentando que se considere a manifestantes y organizaciones sociales como terroristas viene de mucho antes de que como ministra de seguridad se interesara por el narcotráfico.Ya en el 2011 se discutió en la legislatura la derogación del artículo 213 del Código Penal, que definía como terroristas a “el que tomare parte en una asociación ilícita cuyo propósito sea aterrorizar a la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, con el fin de propagar odio étnico, religioso o político y se organizare en redes internacionales”.Para su derogación, se redactó la Ley 26.374, que incorporó un agravante en las penas y los delitos a aquel que cometiera un acto con el fin de “aterrorizar” a la población. En su último párrafo, sin embargo, establece que este agravante no se aplicará si el hecho se encontrara dentro del ejercicio de los derechos humanos y constitucionales, como por ejemplo el derecho a la protesta.
Hablan de “golpe de estado”, “terrorismo” y otras barbaridades, y son ellos 🐍 de ambos lados de las vallas. Infiltran, provocan, reprimen brutalmente y luego se victimizan. Payasos Milei, Bullrich y toda su runfla. No a la Ley Bases, basta de represión pic.twitter.com/Wyfsq4DixU
— muralla (@murayeando) June 12, 2024
Patricia Bullrich formó parte de la discusión como Diputada Nacional desde la Coalición Cívica-ARI. No contenta con la propuesta de la 41, emitió junto a Eduardo Amadeo y Federico Pinedo su propio dictamen para que las organizaciones nacionales puedan ser incluidas entre aquellas que podían aterrorizar a la población, pudiendo así considerar terroristas, por ejemplo, a organizaciones sociales o piqueteras.La creación del RePET, en ese sentido, fue un nuevo intento ocho años después de poder caratular como terrorista a manifestantes después de que las organizaciones se movilizaran para frenar la reforma previsional. Sin embargo, el debilitamiento del macrismo para ese entonces solo alcanzó para crear lo que fue básicamente un compromiso de las organizaciones nacionales a buscar personas que las Naciones unidas consideraran terroristas. En cambio hoy, subida al tren de La Libertad Avanza, logra finalmente un decreto que habilita al poder ejecutivo a incluir a organizaciones que se manifiestan por más comida en los comedores populares en la misma lista que Al-Qaida o Hamas.ADEMÁS EN NEA HOY:La industria pyme cayó 19% anual en mayoCaso Loan: la tía del niño apuntó contra el exmilitar detenido y la investigación se trasladó a ChacoGran Hermano sin Furia: ¿por qué la violencia predomina en la casa más famosa?
