El Gobierno de Javier Milei tiene más de 100.000 unidades habitacionales inconclusas, que fueron iniciadas durante la gestión de Alberto Fernández. Entre estas se incluyen 17.000 viviendas del programa Desarrollos Urbanísticos de Procrear, 16.000 unidades de la línea Construcción y otras de los programas Reconstruir y Casa Activa-Casa Propia, dirigidos a jubilados, según fuentes del sector.La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) confirmó que la gestión nacional adeuda aproximadamente $55.000 millones a las empresas. Existe incertidumbre sobre si la aprobación de la Ley Bases en el Senado liberará fondos para cancelar estas deudas.Gustavo Weiss, titular de Camarco, comentó que “la deuda del Procrear es por obras ejecutadas el año pasado. El gobierno de Fernández había pagado bastante bien una parte de esas facturas, pero la obra ejecutada en septiembre, octubre y noviembre venció este año y hasta ahora no se pagó nada”. Las obras de construcción de unidades en desarrollos urbanísticos de Procrear y otros planes de viviendas sociales están sin actividad.“Esto significó, por supuesto, el despido de operarios y seguramente algún ajuste en la estructura de mensualizados, como hicimos todos. El Gobierno nos dice lo mismo a todos: no hay plata, tienen que esperar, la prioridad ahora es el ajuste fiscal. Esa es la situación de la obra pública, en particular en Procrear“, añadió.
Viviendas del Procrear en revisión
Para abordar la situación de las viviendas inconclusas, el Ejecutivo considera un acuerdo con el sector privado. La idea, desde que asumieron la gestión (seis meses atrás) es que el Gobierno finalice las obras con un avance del 80% y que las constructoras se encarguen del resto, recibiendo parte de las viviendas a cambio.Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, liderada por Rodrigo Aybar, indicaron que en este momento se están auditando los fideicomisos relacionados con Procrear, el Fondo Fiduciario Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) por parte de la Sindicatura General de la Nación. Mientras tanto, con un presupuesto limitado, buscan herramientas para incorporar a los privados y finalizar las viviendas en ejecución.
Aunque el presupuesto de la Secretaría de Vivienda para 2024 es de USD 374 millones, podría ser insuficiente para concluir todas las soluciones habitacionales en desarrollo.
A fines de mayo se publicaron las Resoluciones 361/24 y 368/24 (Reconstruir y Casa Propia), que permiten al Fondo Fiduciario Vivienda Social incorporar el cofinanciamiento. De este modo, los entes ejecutores podrán complementar el financiamiento del Estado Nacional con aportes particulares, privados u otras herramientas. Este fondo tiene aproximadamente 49.000 viviendas en construcción.
Fuente: Época.
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