A través del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, se anunció el inicio del proceso de regularización laboral para trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial.
Este proceso abarca a quienes dependen del Poder Ejecutivo, Entes Autárquicos y Descentralizados y el plazo para la inscripción será desde el 31 de agosto al 13 de septiembre.
“Promovemos que sea un proceso ordenado, previsible y transparente y donde se cuiden las cuentas del Estado” por lo que “cada postulante certeza en qué lugar está según el orden de mérito para ingresar de forma progresiva a la planta permanente a medida que se vayan dando vacantes en cada área”.
“No habrá acomodos ni presentación de listados, lo único que deben hacer es seguir el proceso”, detalló el Ministro del área, Santiago Pérez Pons, quien participó el anuncio esta mañana en conferencia de prensa.
📣 Anunciamos el PROCESO DE REGULARIZACIÓN
LABORALPara las y los trabajadores 👩🏻💼👨🏾💼 que presten servicios en la Administración Central del Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados y Autárquicos. pic.twitter.com/6HGwDKECTU
— Santiago Perez Pons (@santiperezpons) August 15, 2023
¿Cómo será el proceso?
El proceso de regularización se llevará adelante mediante concursos de antecedentes y oposición, cuyo resultado derivará en una lista de orden de mérito que se utilizará para cubrir cargos vacantes por el plazo 2023 – 2030.
“Se trata de un proceso de regularización para quienes ya se encuentran trabajando en el Estado, priorizando a las y los trabajadores con más antigüedad y formación”, señaló Perez Pons.
Al concurso puede postularse todo personal que actualmente presente servicios en jurisdicciones y entidades de la administración pública.
Esto incluye a jornalizados, contratos de locación de obra (monotributistas) y becas de perfeccionamiento y/o capacitación, incluyendo beneficiarios y beneficiarias de Más Inclusión del Ministerio de Desarrollo Social, del Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos del Ministerio de Educación, del Programa Experto de la cartera de Salud Pública y becados y becadas del Instituto del Deporte.
En el caso de Renta Mínima Progresiva, se considerará a quienes puedan acreditar contraprestación efectiva y comprobable en la actualidad y bajo algún programa de entrenamiento y capacitación laboral durante el 2019.
De la misma forma, no podrán concursar en esta primera etapa trabajadoras y trabajadores que perciban transferencias directas del Gobierno Nacional (por ejemplo Potenciar Trabajo), becados y becadas del programa Enfoque, pensionadas y pensionados provinciales, quienes presten servicios municipales bajo PAM u otro programa municipal y contratados de servicio.
De esta manera, “protegemos el derecho de las y los trabajadores públicos porque son un eslabón esencial entre el Estado y la resolución de los problemas de la gente”, sintetizó Perez Pons.
Fuente: Diario Tag.
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