La Cancillería argentina solicitó hoy el retiro de Xavier Alfonso Monge Yoder, Embajador ecuatoriano en Argentina luego de que en Quito se expulsara al Embajador argentino en ese país, Gabriel Fuks, tras declararlo “persona no grata”.
La decisión del Gobierno ecuatoriano tuvo lugar luego de que María de los Ángeles Duarte, ex Ministra durante el gobierno de Rafael Correa, decidiera terminar su estadía de dos años como asilada en la sede diplomática nacional en ese país y trasladarse a la de Caracas, Venezuela.
«El hecho de que en este momento declaremos al señor Fuks como persona ‘non grata’ de ninguna manera debería afectar las relaciones en el mediano y largo plazo entre Ecuador y la Argentina, que son relaciones bajo una base sólida de principios, con una coherencia bilateral muy fuerte», expresaron autoridades ecuatorianas.
La Cancillería argentina informó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, que la ciudadana María de los Ángeles Duarte Pesantes ya no se encuentra en la Embajada argentina.
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— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) March 14, 2023
Por su parte, desde Argentina resaltaron que han tomado con “sorpresa y profunda tristeza la decisión de Ecuador de escalar el desacuerdo existente respecto a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes y llevarlo a nivel de perjuicio en la relación entre ambos países”, de acuerdo al comunicado de prensa de la Cancillería.
“No existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre la Sra. Duarte Pesantes”, informaron desde Argentina.
“El Gobierno argentino seguirá actuando en el marco del pleno respeto de las normas internacionales aplicables y estará siempre dispuesto a entablar diálogo con las autoridades ecuatorianas para encontrar respuestas mutuamente aceptables para esta situación con el objetivo permanente de fortalecer nuestras relaciones con la República del Ecuador”, finalizó el escrito.
¿De qué se acusa a Duarte?
María de los Ángeles Duarte fue condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho, que es imprescriptible en Ecuador. La justicia determinó que la exfuncionaria, junto al expresidente Correa -asilado en Bélgica- y otros exfuncionarios del gobierno, integraban una estructura delictiva que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos con el Estado.
Correa y excolaboradores rechazaron los fallos de la justicia y denunciaron que se trató de una persecución política del actual gobierno de derecha, por lo que pidieron asilo político en otros países.
Fuente: Página 12/ Télam.
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