Ayer los jueces del Tribunal Oral Federal 2, encargados de juzgar a Cristina Fernández de Kirchner por la causa denominada “Vialidad”, dieron a conocer los fundamentos de la condena (6 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos).
Desde el entorno de la Vicepresidente señalaron que no existen pruebas contundentes, mientras que desde hace tiempo se habla de lawfare, en una clara comparación con el juicio que enfrentó el actual Presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, a quien se le revocó la condena luego de pasar más de 500 días en la cárcel, debido a la parcialidad con que fue juzgado.
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¿Lawfare?
En ambos entornos, tanto el de Fernández como el de Da Silva insisten con la idea del Lawfare. Es decir, la guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública, según lo define el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Es que, en ambas situaciones, existen jueces vinculados a sectores económicos y partidos que están en disputa con las ideas políticas de ambos dirigentes.
Vale recordar que, el caso del actual Presidente de Brasil consistió en una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero al ser vinculado a la operación Lava Jato, por la que, según la Justicia, desvió fondos de la petrolera estatal a cambio de favores empresariales (concretamente en la adquisición de dos inmuebles).
Sin embargo, un aspecto llamativo del caso es que quien lo condenó fue el juez Sergio Moro, más tarde electo por Jair Bolsonaro como su Ministro de Justicia.
Más allá de que los abogados de Da Silva desmintieron las supuestas adquisiciones de inmuebles, a cambio de favores a empresarios, dos años después de la condena de Moro surgió un escándalo debido a chats en que se probó que los fiscales de la causa forzaron a un testigo a incriminar a Lula.
En consecuencia, Moro, ya nombrado Ministro de Justicia de Bolsonaro, se dedicó a cuestionar a la prensa por publicar sus mensajes privados con los fiscales del caso, que, según señaló, “sugieren un direccionamiento ilegal de la causa del Lava Jato para condenar al ex mandatario del Partido de los Trabajadores”, en los tiempos en que la causa ya estaba “debilitada” por distintos cuestionamientos. A la vez, manifestó: “Soy un gran defensor de la libertad de prensa, pero esta campaña contra el Lava Jato y en favor de la corrupción es casi ridícula”.
En el caso de Cristina, las similitudes se pueden encontrar en la relación entre el juez Julián Ercolini, que instruyó la causa Vialidad, con empresarios de medios opositores, como el Grupo Clarín, jueces federales (muchos de ellos, señalados por obstaculizar políticas del actual Gobierno, mediante fallos judiciales) y funcionarios del Gobierno porteño, también opositor, que fue puesta al descubierto en el viaje que realizaron a Lago Escondido, a la estancia del magnate británico Joe Lewis.
Vale acotar que este último es cercano al expresidente Mauricio Macri. No obstante, vale aclarar, Ercolini no pertenece al Tribunal que condenó a la Vicepresidenta, lo que no quita lo llamativo de los fundamentos del fallo, que no hablan de pruebas contundentes sino más bien de “indicios”.
Por otro lado, algo que también llamó la atención durante el periodo en que se realizó el juicio por esta misma causa fueron las fotos publicadas por el sitio Página 12 en que se ve al fiscal de la causa, Diego Luciani, formando parte del mismo equipo de fútbol que uno de los jueces del tribunal que condenó a la Vicepresidente, Rodrigo Giménez Uriburu, en la quinta del ex Presidente Mauricio Macri.
Ante esto, Luciani pidió el rechazo “in limine” de todos los planteos porque no se “dan los supuestos contemplados en la ley” y manifestó: “Se han realizado elucubraciones mal intencionadas para poner en duda mi objetividad”.
En tanto, el juez Giménez Uriburu aclaró que “no lo une ninguna relación de amistad íntima, sino de aprecio y respeto, que nunca ha incidido ni va a incidir en la objetividad en el caso”. Asimismo, sostuvo que “coincidir en una actividad deportiva o científica no es causal de recusación”.
Acusación de la desviación de fondos
Ambos ex mandatarios, Lula y Cristina, fueron acusados por la Justicia por desviar fondos estatales a empresas que los terminaron beneficiando. En el caso de Lula se habló de desviar fondos de la petrolera estatal a cambio de dos inmuebles; algo que fue negado por el brasileño y por lo que, tras probarse la escasez de pruebas, recibió la absolución.
Lo llamativo del caso de Cristina es que entre los fundamentos de la condena que dio a conocer el TOF 2 hace algunas horas, se señala que la acción delictiva habría iniciado en 2005, cuando todavía no había asumido como Presidenta y ocupaba una banca en el Senado de la Nación por la provincia de Buenos Aires.
En otros párrafos de los argumentos, un tanto alejado al del párrafo anterior, la Justicia explayó que la ex Presidenta de la Nación había comenzado a beneficiar a la empresa creada por Lázaro Báez mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en 2009, en el que determinó que la Dirección Nacional de Vialidad debía otorgarle las licitaciones fraudulentas, de modo que, mediante esta firma, Báez llevara el dinero hacia los hoteles Los Sauces y Hotesur, de los cuales Cristina era accionista. Vale aclarar que en la causa de los hoteles, la Vicepresidenta actual fue absuelta.
Cuestiones técnico judiciales
Uno de los motivos por los que Lula fue absuelto por la Justicia brasileña en 2021 fue la falta de pruebas. “No existe evidencia adecuada y ni siquiera mínimamente capaz de demostrar la existencia de un ajuste ilícito entre los imputados para efectos de transferencia de cantidades a favor de Lula y Gilberto Carvalho”, sostuvo el juez Federico Botelho de Barros Viana, del Décimo Juzgado Penal de la Corte Federal de Brasilia.
A su vez, la Corte Suprema anuló cuatro juicios que cursaron contra el exmandatario en tribunales de Curitiba por un conflicto de competencias y decidió que las causas deberán reiniciarse en otros juzgados, con lo que dejó sin efecto penas de casi 26 años de cárcel que pesaban en su contra.
La vinculación de Lula con los inmuebles nunca pudo ser probada y el único testigo que lo incriminó, terminó siendo beneficiado con una baja en la condena. Este era un empresario encargado de la remodelación de los mencionados inmuebles, que se hizo cargo de la obra y ofreció a Das Silva la compra de estos, pero que el ahora Presidente jamás adquirió, según se dio por probado.
En el caso de Cristina, la cuestión técnica puede influir por la absolución en la causa denominada Hotesur y Los Sauces, ya que según los fundamentos de la condena, habría destinado los fondos estatales de la causa Vialidad hacia esos inmuebles, pero entonces ¿Cómo podría ser inocente en una causa y no en la otra?
Otra cuestión que tampoco se sabe si redundará en su favor, o de qué modo podría hacerlo, es el hecho que los jueces descartaran condenarla por “asociación ilícita” al no cumplirse los dos elementos que indica el Código Penal: pluralidad de planes delictivos indeterminados y cantidad de personas que habrían integrado la organización, que debe ser superior a tres.
Lo cierto es que, ahora, luego de que las partes, las que acusan a Cristina Fernández y las que la defienden, apelen el fallo judicial del TOF 2, la causa pasará a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que deberá revisar la decisión y, una vez que esta tome un veredicto, podría llegar a la Corte Suprema, donde se saldará la cuestión.
En todo este camino, podría suceder, al igual que en el caso de Lula, que queden de manifiesto las irregularidades de los procesos judiciales que se mencionaron en la nota y el destino de la Vicepresidenta tome un giro inesperado o no. El tiempo lo dirá.
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