La causa de corrupción conocida como “Causa Vialidad” está en boca de todos cuando la semana pasada el fiscal federal Diego Luciani pidió una condena de 12 años de prisión para vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Desde ese momento, la causa se transformó en la única contra la ex mandataria en llegar a instancia de juicio oral y público y tener pedido de pena.
La causa, iniciada en 2016, investiga si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz durante las gestiones del matrimonio Kirchner, entre 2003 y 2015.
El caso tuvo otro capítulo mediático cuando Cristina Kirchner pidió ampliar su declaración indagatoria, ya que algunas de las pruebas que mencionaba el fiscal se agregaron a la causa justo antes de su alegato, mucho después de la primera declaración indagatoria.
A pesar de esta irregularidad, el tribunal le niega la ampliación, por lo que la titular del senado resuelve realizar su alegato a través de su cuenta de Twitter, para referirse a la causa y a los mensajes que se habían agregado.
Una causa con armado partidario
Desde un primer momento, la investigación se basó en una causa previa en la que los jueces de la provincia de Santa Cruz ya dictaron falta de mérito, pero que se retomó en 2016 a través de una denuncia que hizo el entonces Director de Vialidad del gobierno de Cambiemos Javier Iguacel en el Juzgado Federal de Comodoro Py a cargo del Juez Julián Ercolini.
La causa fue tomada por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, éste último es hijo del Ministro de Justicia del gobierno de María Eugenia Vidal y hermano del procurador de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahíques.
La defensa intentó señalar que la causa ya había sido juzgada en Santa Cruz, pero la sala 4 de la Cámara de Casación le negó el recurso. Esta cámara está integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, los dos primeros eran asiduos a jugar al tenis con Mauricio Macri durante su mandato presidencial.
La defensa intentó apelar la decisión de la Cámara de Casación, y la Corte Suprema terminó resolviendo en favor de la negativa al recurso. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, dos de los cuatro jueces de la Corte Suprema fueron nombrados por el propio Mauricio Macri por decreto apenas asumió la presidencia.
La polémica figura de Asociación Ilícita
En concreto, los fiscales federales Luciani y Sergio Mola consideran que la Causa Vialidad tiene “tres toneladas de pruebas” suficientes para evidenciar que existió una asociación ilícita entre los años 2003 y 2015 que direccionaba la obra pública en favor la Lázaro Báez. En este sentido, Luciani alega que desde el Estado se favorecía a la empresa Austral con licitaciones para obras públicas, otorgándole sobreprecios, condiciones de pago, extenciones de plazos y renegociaciones irregulares.
Por eso, solicitó que Fernández de Kirchner sea condenada por los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, y administración fraudulenta agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública.
De acuerdo al artículo 210 del Código Penal de la Nación, la figura condena a quienes formen parte de una asociación o banda de 3 o más personas “destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
La figura tiene la particularidad de que comprende la culpabilidad de la persona con la sola integración de la “banda” delictiva, ya no debiendo probar la realización de alguna tarea material. Debe probarse, sin embargo, la existencia de ese acuerdo entre los miembros de la asociación.
Hay corrientes del derecho que cuestionan la figura de la asociación ilícita por resultar “muy vaga” en su formulación y “difícil de probar“, razón por la cual se la utiliza muchas veces por gobiernos autoritarios para envolver a referentes y organizaciones de la oposición en causas largas que al final no pueden probarse.
Por eso, durante su defensa la ex Presidenta denunció que a la Causa Vialidad se la utiliza para “disciplinar” a la clase política, para que los funcionarios no lleven adelante políticas públicas diferentes a los intereses partidarios de los jueces por miedo a ser perseguidos judicialmente.
“Se esté a favor o en contra de CFK, en lo político propiamente dicho, está fuera de toda duda razonable que la inculpación del fiscal –en lo específico de la causa Vialidad– es un delirio jurídico”
Eduardo Aliverti— El forjista (@ElForjista) August 29, 2022
“Si bien esto no tiene efecto sobre mí, si tiene efecto sobre el resto de la dirigencia política”, explicó, “esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo”
Los mensajes de López y Caputo
Lo que el fiscal Luciani consideró como pruebas contundentes en la Causa Vialidad fueron 6 chats entre el ex Secretario de Obras Públicas, José López, y Lázaro Báez. Al ejercer su “derecho a la defensa” a través de las redes sociales, CFK mostró otros chats de López en los que se involucran también funcionarios del macrismo.
En concreto, la titular del Senado hizo hincapié en el intercambio de mensajes concretos y que denotaban mucha confianza entre López y tres hombres fuertes de la construcción: Juan Chediack (86), Eduardo Gutiérrez del grupo Farallón (177) y Nicolás Caputo (108) quien el expresidente Mauricio Macri calificó como “hermano de la vida”.
Estos mensajes se refieren a negocios entre López y el macrismo que aparecen en el ámbito porteño. En ellos, se observa al exsecretario de Obras Públicas pidiéndole a Caputo que gestione pagos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), tanto durante la gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno como durante la gestión posterior de Horacio Rodríguez Larreta.
“Hola, ¿podrías decirle al IVC que paguen Castañares? Le enviamos los fondos y no pagaron y mañana habrá problemas en la obra, Gracias“, es el mensaje que López le envió en 2015 a Caputo, quien a los minutos le responde: “Ya está, lo harán. Igual necesitamos que ellos refuercen los papeles, les falta de todo”.
“¿Qué hacía Caputo, un empresario de la construcción, manejando y ordenando pagos del IVC? ¿Viste? Flojitos de papeles cobraron igual… con la tuya contribuyente“, exclamó Cristina Kirchner a través de su cuenta de Twitter.
¿Qué es el IVC que mencioné durante mi intervención? Es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. En estos mensajes que vas a leer, José López le pide a Caputo que gestione pagos de ese Instituto. pic.twitter.com/8xOieER2WE
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 23, 2022
Durante su defensa, Kirchner además mostró y leyó mensajes entre López y Caputo por distintas obras en 2013. “Fue por la obra del soterramiento del tren Sarmiento“, explicó, “una obra que se licitó en nuestra gestión y la gana IECSA, la empresa de Calcaterra que en realidad era de Macri”.
La corrupción dentro de la política
Finalmente, en su defensa por la Causa Vialidad, la Vicepresidenta acusa a la justicia. Para ella, la causa habría tenido todos los elementos para realizar una investigación sobre un hecho de corrupción que involucra a toda la política, pero que en cambio, la oportunidad se desperdició al hacerse una interpretación parcial y capciosa de las pruebas con el fin de ensuciar solo a un gobierno en particular.
Tal como les anticipé durante la exposición de esta mañana, comparto con ustedes parte del material periodístico y los documentos que utilicé. https://t.co/8P4Qbs9x1o
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 23, 2022
“Comodoro Py podría haber investigado esto pero no les convenía”, sostuvo, “si había un caso en la Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este: el de José López revoleando los bolsos con 9 millones de dólares en el convento“, sostuvo.
“¿Nadie investigó esto? ¿Saben por qué cuando empezaron a tirar del ovillo de esto pararon? Porque aparecieron ellos con el ovillo, los macristas. Cuando el fiscal Luciani dice ‘donde uno aprieta sale pus’: tiene razón, fiscal Luciani, pus de ustedes, los macristas“, concluyó.
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