Este lunes, la Justicia confirmó que al menos la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en la elección de 2019 en la provincia de Formosa fueron beneficiarios con un bono clandestino que el Gobierno de Mauricio Macri instrumentó en los días previos a los comicios, y que debía tener como destinatarios a personas desocupadas.
El fiscal federal Jorge Di Lello había imputado al exministro de Producción y Empleo, Dante Sica, y al actual Diputado Nacional de Formosa, Ricardo Buryaile, entre otros funcionarios provinciales durante el Gobierno de Mauricio Macri, por supuestas irregularidades en el manejo de un subsidio extraordinario de $5.000 a desocupados lanzado antes de las elecciones del 2019.
La maniobra clientelar
La causa más conocida como Clientelismo M investigada por el fiscal Ramiro González surge de las maniobras denunciadas que darían cuenta que se buscó direccionar la voluntad del electorado a través de la implementación del bono y que, además, se podría haber utilizado para financiar a los fiscales de la alianza Juntos por el Cambio que buscaba la reelección a nivel nacional.
En la causa penal se investiga el hecho de corrupción en el manejo de un fondo cercano a los $650 millones que debía ir destinado a desocupados y fue direccionado a punteros políticos de Cambiemos previo a las elecciones generales de octubre, según se sospecha.
La causa judicial arrancó por una investigación de Ámbito Financiero de septiembre de 2019, que abarcó desde el diseño oculto de la medida hasta su utilización mediante punteros políticos en varios distritos, y recién en las últimas semanas dio a luz un peritaje decisivo.
La causa deriva en la desproporción y el volumen de la maniobra clientelar, quedan más de manifiesto si se tiene en cuenta que la gestión macrista había reservado para todo el distrito 6.800 beneficios, equivalentes al 1,5% de la población, publicó el diario.
La administración macrista jamás anunció públicamente la puesta en marcha de ese programa pese a su magnitud y alcance nacional, no lo publicó en el Boletín Oficial ni abrió registro alguno para que pudiesen inscribirse posibles beneficiarios.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) elevó el estudio a la fiscalía federal a cargo de Ramiro González, que a su vez instruye la causa por delegación de la jueza con competencia electoral María Servini.
El expediente investiga la utilización por parte del gobierno anterior de la resolución 1177/2019 de la Secretaría de Empleo, entonces bajo la órbita de Dante Sica, a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo, que implementó el despliegue en todo el país de 130.000 bonos de $5.000 cada uno, supuestamente orientados a desempleados con un presupuesto total de 650 millones de pesos.
Sica solo aludió al bono clandestino una vez que el diario nacional publicó varias notas al respecto y cuando la magistrada ordenó suspender los pagos a mediados de octubre de 2019, a falta de 10 días para la elección presidencial general, por entender que existía el riesgo de una utilización clientelista que pudiese violar el código electoral.
Clientelismo M en Formosa
En la provincia más de la mitad de los fiscales electorales de Formosa pertenecientes a Juntos por el Cambio cobraron bonos para desocupados y señala al diputado nacional electo Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria, como principal beneficiario de la maniobra.
Llamó la atención la modalidad con la que se iba a otorgar el beneficio, porque para Formosa eran 34 millones de pesos, que alcanzaba a 6.800 beneficiarios.
Con el entrecruzamiento de datos se pudo llegar a detectar irregularidades sobre unos 700 fiscales de Juntos por el Cambio que habían sido beneficiados con el cobro de un bono de $5.000 destinado para personas desocupadas.
El actual diputado nacional Ricardo Buryaile siempre negó las acusaciones en torno a la causa Clientelismo M asegurando que no existió clientelismo electoral.
Dos años y nueve meses después de iniciada la investigación y luego de un intento fallido de peritaje, la Datip finalmente corroboró y amplió que casi la mitad de los fiscales de JXC que participaron en la elección general (243 sobre 503) figuraba como beneficiario del bono de $ 5000. La proporción se eleva a 63% si se toma el número de autoridades de mesa partidarias que participaron tanto en las primarias (PASO) del 11 de agosto de ese año como en las definitorias del 27 de octubre.
Fuente: Ámbito
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