La usurpación de tierras sigue siendo un tema de debate en la provincia del Chaco. La pandemia por COVID-19 no evitó que integrantes de movimientos sociales salgan a la calle a exigir la construcción de viviendas o llevan adelante usurpaciones de terrenos que no están siendo explotados.
La semana pasada, la Legislatura aprobó la Ley de Emergencia Habitacional para todo el territorio, mientras que legisladores de la UCR apuntan a que se deben sancionar a quienes tomen de forma ilegal tierras.
En ese contexto, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, encabezaron un encuentro con autoridades provinciales para debatir un protocolo de actuación, y abordar de manera integral la problemática de las usurpaciones ilegales de tierras en toda la provincia.
El Estado provincial pretende, además, crear un Banco de Tierras con el objetivo de llevar adelante un ordenamiento en las zonas urbanas y resolver el déficit habitacional que tiene el Gran Resistencia y localidades del interior provincial.
En esa mesa de debate, participaron la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez, la ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana, el Presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura Silvio Del Balzo y representantes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chaco.
Banco de tierras
La situación habitacional, la escasa construcción de viviendas y la proliferación de asentamientos en los últimos cuatro años, obligó al Estado provincial a trazar un plan de urbanización.
A través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia, se creó el Banco de Tierras para que los ciudadanos puedan acceder, de manera equitativa, a un terreno con servicios en donde poder construir su casa.
“El Banco estará a disposición de la ciudadanía para acceder a un lote de tierras en potestad de la provincia, que estarán disponibles para quienes lo requieran, con previos requisitos”, detalló Marta Soneira.
Esta política, está acompañada por un ambicioso plan de ordenamiento urbano para mejorar el hábitat de los barrios y asentamientos donde son necesarias obras de infraestructuras como conexiones de electricidad y agua para que los ciudadanos accedan a mejor calidad de vida.
Parte de las tierras para el Banco se obtuvieron a partir de la firma de la escritura traslativa de dominio de Nación al Chaco de 3.960 hectáreas del ex campo de Tiro de Resistencia. Donde se desarrollará el megaproyecto urbanístico Nuevo Sur Resistencia, para que 31 mil familias chaqueñas accedan a su título de propiedad.
El proyecto prevé la construcción de 2.648 viviendas, 492 lotes comerciales, equipamientos deportivos, emprendimientos inmobiliarios, corredores aeróbicos y juegos infantiles y espacios verdes; queda pendiente una segunda etapa de traspaso a Chaco de 940 hectáreas ubicadas en nueve localidades de lo que eran los polígonos de tiro.
Un protocolo de intervención
“Ante la particular situación que se está dando en la provincia, con usurpaciones diarias en predios públicos y privados, el objetivo es generar acciones y protocolos tendientes a prevenir las usurpaciones ilegales, garantizar la integridad y los derechos de las personas que se ven involucradas en desalojos”, expuso Marta Soneira.
El Procurador General de la provincia Jorge Canteros se refirió a los operativos de desalojo de tierras ocupadas ilegalmente. “Deben respetarse los Derechos Humanos, y debemos respetar los derechos de los propietarios de las tierras y la propiedad privada, así como el derecho del Estado provincial a disponer de las tierras fiscales para los planes de vivienda”, dijo.
En ese sentido, Soneira recordó que “en muchos casos las usurpaciones de terrenos tienen detrás a personas que pretenden beneficiarse de la especulación inmobiliaria”, algo que se intenta impedir a través de la creación de un protocolo que asista a las personas que usurpan un terreno y no tienen vivienda propia.
La demanda habitacional en Chaco es grande y las usurpaciones de terrenos generan conflictos sociales que afectan a muchas familias, así como también a propietarios. Los proyectos urbanísticos y un protocolo de asistencia son la clave para atender las necesidades de un sector que aún no tiene una casa digna propia.
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