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Presión de EE.UU. sobre empresas latinoamericanas por Huawei reaviva el debate del libre mercado

La cooperativa neuquina CALF denunció amenazas de revocación de visas por su alianza con la firma china. El caso se suma a otros episodios en Chile, Perú y Panamá. La disputa expone una tensión de fondo: hasta dónde llega la soberanía comercial de un país frente a la presión de una potencia extranjera.
Fuente: abc

Lo que empezó como un mensaje de WhatsApp a un gerente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) terminó convirtiéndose en un episodio diplomático que involucra a dos de las principales potencias del mundo. La empresa, que administra la distribución eléctrica y de fibra óptica en la provincia patagónica desde 1933, recibió advertencias informales de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos: si avanzaba con el acuerdo tecnológico firmado con la compañía china Huawei, sus directivos podrían perder la posibilidad de viajar a territorio norteamericano.

El trasfondo del conflicto se remonta a fines de abril, cuando autoridades de CALF viajaron a China y sellaron una alianza con Huawei para construir un centro de datos regional y avanzar en proyectos de movilidad inteligente vinculados a Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que atraviesa la provincia. Según trascendió, el contacto llegó a través de un agregado de Asuntos Económicos de la embajada, quien consultó directamente si la cooperativa había sobrepasado los límites fijados por Washington.

Ante la magnitud del hecho, el Consejo de Administración de CALF decidió no dejar que un solo trabajador cargara con la responsabilidad de una decisión institucional y envió una nota formal al embajador estadounidense Peter Lamelas, con copia a la Cancillería argentina, pidiendo que se aclarara si esa comunicación representaba una posición oficial de su gobierno. La respuesta no desmintió los hechos: un vocero de la embajada sostuvo que el ingreso a Estados Unidos constituye un privilegio y no un derecho, y remarcó que se revisan constantemente los requisitos de elegibilidad de visas para quienes, a su criterio, pongan en riesgo la seguridad nacional norteamericana.

CALF, por su parte, salió a desmentir que su red de fibra óptica sea «china», como fue caracterizada por el propio embajador. La cooperativa explicó que su infraestructura combina servidores de la estadounidense HPE, equipos de energía de origen norteamericano y europeo, y routers de distintas procedencias, junto con electrónica de red de Huawei. El vicepresidente segundo de la entidad, Carlos Quintriqueo, remarcó que la decisión respondió únicamente a una lógica comercial de costo y calidad, sin ninguna motivación geopolítica de fondo.

Un patrón regional

El caso neuquino no es un hecho aislado. En los últimos meses, Washington sancionó con prohibiciones de viaje a funcionarios chilenos vinculados a un proyecto de cable submarino de fibra óptica con capitales chinos, presionó al gobierno peruano para que no cediera el control operativo del megapuerto de Chancay -construido por una empresa china- y celebró la salida de la operadora hongkonesa Hutchison de dos terminales del Canal de Panamá. A esto se suma la captura de Nicolás Maduro en enero, que dejó expuestos de un día para el otro los intereses petroleros chinos en Venezuela.

Estas acciones se enmarcan en la Estrategia de Seguridad Nacional que la Casa Blanca dio a conocer en diciembre pasado, donde se fijó el objetivo de impedir que potencias no hemisféricas controlen infraestructura estratégica en la región. Para Washington, Huawei no es una empresa privada más: sostiene que mantiene vínculos estrechos con el Partido Comunista Chino y que su tecnología podría emplearse con fines de espionaje o control militar.

La Embajada de China en Buenos Aires no tardó en responder. A través de un comunicado, acusó a Estados Unidos de recurrir al chantaje para bloquear de forma arbitraria una relación comercial legítima entre una empresa argentina y una compañía china, y calificó la maniobra como una falta de respeto a la soberanía nacional. El texto fue más allá y cuestionó la coherencia del propio discurso estadounidense, señalando una contradicción entre los valores de libertad que dice defender Washington y su rechazo a que una firma extranjera opere con normalidad en un tercer país.

La pregunta del libre mercado

El episodio de CALF pone en el centro de la escena una tensión que excede lo diplomático. Estados Unidos, históricamente el principal promotor global del libre comercio y la no intervención estatal en las decisiones empresariales, aparece aquí condicionando con sanciones migratorias personales las decisiones comerciales de una cooperativa de un país soberano. Analistas como Francisco Urdinez, de la Universidad Católica de Chile, advierten que este tipo de estrategias fuerza a los gobiernos y empresas de la región a elegir bando, en un contexto donde China ya superó a Estados Unidos como principal socio comercial de casi toda Sudamérica.

Especialistas como Rebecca Ray, de la Universidad de Boston, sostienen que buena parte del avance chino responde a un vacío que Washington nunca cubrió: la inversión en infraestructura, energía verde y tecnología de punta en países que buscaban financiamiento y no lo encontraron del lado norteamericano. Mientras tanto, en Neuquén, la disputa por un contrato de fibra óptica dejó una pregunta abierta que excede a CALF: qué margen real de decisión comercial les queda a las empresas latinoamericanas cuando esa decisión choca con los intereses geopolíticos de una potencia extranjera.

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