Desde la asunción de la gestión libertaria, la política de reducción de la estructura estatal se tradujo en un desmantelamiento de las capacidades operativas de organismos e instituciones históricas. El recorte, que promedia los 72 despidos diarios, afecta tanto a la administración central como a empresas públicas que cumplen roles sociales y territoriales irremplazables, señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la dotación de personal público de junio.
El caso del Correo Argentino, que encabeza la lista con 5.578 despidos, ilustra cómo la caída de la dotación se traduce en una pérdida de soberanía operativa. Esta empresa no solo distribuye correspondencia, sino que es el brazo logístico que garantiza la llegada de medicamentos, materiales educativos y documentos de identidad (DNI) a zonas donde los operadores privados no llegan por falta de rentabilidad.
Además, su debilitamiento pone en riesgo el soporte logístico indispensable para los procesos electorales del país. En la misma línea, el recorte del 37,5% en ADIFSE (infraestructura ferroviaria) y los 4.208 despidos en la Operadora Ferroviaria atentan contra el mantenimiento del material rodante y la planificación de obras clave para el transporte de cargas y pasajeros, esenciales para la competitividad regional.
La capacidad del Estado para financiarse y gestionar recursos también se ve comprometida. Con la eliminación de 3.427 puestos en ARCA (ex AFIP), se genera un golpe directo a la fiscalización y el control administrativo, herramientas fundamentales para combatir la evasión y garantizar la sostenibilidad financiera del sector público.
Por su parte, la ANSES despidió a 2.982 trabajadores, lo que impacta de manera inmediata en la atención al público y en la celeridad para gestionar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Esta reducción de capacidad operativa afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables que dependen de la presencia eficaz del Estado.
El ajuste no ha distinguido áreas de alta especialización técnica. El CONICET, con una reducción de 2.057 investigadores y técnicos, enfrenta la interrupción de líneas de investigación críticas en salud, ambiente y energía. Del mismo modo, el INTI (854 despidos) ha visto mermada su capacidad de brindar asistencia técnica a PyMES y desarrollar normas de calidad, mientras que el INTA (849 despidos) ve en riesgo la trazabilidad de exportaciones agroalimentarias y la prevención de enfermedades zoonóticas.
Incluso áreas tradicionalmente preservadas de los ajustes, como las Fuerzas Armadas, sufrieron cesantías masivas que suman cerca de 3.000 agentes entre la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Estos recortes introducen serios interrogantes sobre la capacidad de conducción, planificación y modernización institucional en un contexto de demandas estratégicas crecientes.
Finalmente, la seguridad operativa en el transporte se ve amenazada por el recorte del 53% en la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), el organismo encargado de investigar accidentes aéreos, ferroviarios y marítimos para elaborar recomendaciones que salvan vidas. En conjunto, los datos reflejan que el repliegue del Estado no es solo administrativo, sino funcional. La pérdida de «músculo» estatal deja áreas clave para el desarrollo nacional, la soberanía y los derechos sociales subordinados a la lógica del mercado, vaciando de contenido herramientas públicas que históricamente han sido irremplazables.
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