La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, continúa avanzando con un único imputado: Claudio Gabriel Barrelier. Mientras la Justicia reúne pruebas para esclarecer el crimen, comenzaron a surgir fuertes cuestionamientos sobre los antecedentes penales del acusado y las decisiones judiciales que le permitieron permanecer en libertad.
Según trascendió en distintos medios cordobeses, Barrelier registraba antecedentes por causas vinculadas a privación ilegítima de la libertad, además de otras investigaciones en curso. En una de ellas, ocurrida durante 2025, una joven logró escapar de una vivienda vinculada al ahora imputado y denunció haber sido retenida contra su voluntad. A pesar de ello, el acusado recuperó la libertad tras permanecer detenido durante un breve período.
La situación reavivó el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial y la evaluación de antecedentes en casos que involucran violencia contra mujeres. Familiares de Agostina y organizaciones sociales sostienen que las señales de alerta existentes no fueron atendidas con la suficiente celeridad y reclaman que se investiguen posibles responsabilidades institucionales. Este 3 de junio, en una nueva movilización de Ni Una Menos, organizaciones feministas volverán a exigir justicia por Agostina.
La abogada Fernanda Alaniz, representante legal del padre de la adolescente, señaló públicamente que el acusado contaba con antecedentes y causas abiertas que, a su entender, debieron ser consideradas con mayor profundidad por la Justicia.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal Raúl Garzón confirmó que la investigación avanzó hacia una acusación por homicidio y explicó que los antecedentes del imputado fueron incorporados al expediente. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las decisiones adoptadas en causas anteriores, argumentando que correspondían a otras fiscalías.
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Las declaraciones generaron nuevas críticas por parte de referentes políticos y organizaciones vinculadas a los derechos de las mujeres, que cuestionan la falta de respuestas claras sobre por qué denuncias previas no derivaron en medidas que permitieran prevenir nuevos hechos de violencia.
En paralelo, familiares de Agostina manifestaron públicamente su malestar por la actuación de algunos organismos durante los primeros días de la búsqueda. Aseguran que aportaron información relevante desde el inicio y que la respuesta estatal fue insuficiente. El caso también volvió a poner en agenda el debate sobre los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y la coordinación entre fuerzas de seguridad, fiscalías y organismos especializados cuando las denuncias involucran a niñas y adolescentes.
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Mientras la investigación judicial continúa, distintas organizaciones feministas convocaron a actividades y movilizaciones para reclamar justicia por Agostina Vega y exigir medidas más eficaces de prevención frente a las violencias de género.
La causa permanece en etapa investigativa y será la Justicia la que determine las responsabilidades penales correspondientes. Entretanto, el caso abrió una discusión más amplia sobre la actuación de las instituciones ante denuncias previas y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.
Fuente: La tinta
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