Formosa es hoy una de las provincias con mayor crecimiento en infraestructura del norte argentino: más de 2.600 kilómetros de rutas pavimentadas, 13.000 kilómetros de redes eléctricas, 2.500 kilómetros de fibra óptica, hospitales de alta complejidad, más de 1.500 escuelas construidas o refaccionadas y un proceso de desendeudamiento que le permitió mantener superávit fiscal durante dos décadas. Nada de eso ocurrió por azar. Fue el resultado de una decisión política que comenzó a consolidarse en 2003 con la firma del Acta de Reparación Histórica entre Néstor Kirchner y Gildo Insfrán.
Ese acuerdo marcó mucho más que una transferencia de recursos. Expresó un modelo de país que entendía que el desarrollo no podía quedar concentrado únicamente en las regiones históricamente favorecidas. La Reparación Histórica reconoció que existía una deuda estructural con Formosa y que el Estado nacional debía intervenir para equilibrar oportunidades, impulsar infraestructura y garantizar condiciones mínimas de crecimiento.
Hoy, más de veinte años después, el contraste con el modelo impulsado por Javier Milei aparece con absoluta claridad. Años previos a la gestión libertaria se promovió la obra pública, la inversión federal y la presencia estatal como motores de integración territorial, el actual Gobierno nacional avanza con ajuste, paralización de obras y retiro del Estado. Formosa, en ese escenario, funciona como una evidencia concreta de lo que puede generar un modelo de desarrollo sostenido y también de lo que ocurre cuando ese respaldo desaparece.
Su condición de territorio nacional hasta 1955, sumada a largos períodos de gobiernos de facto, implicó menos inversiones, menor infraestructura y un atraso estructural respecto al centro del país. La firma del Acta de Reparación Histórica vino a reconocer precisamente esa desigualdad acumulada.
Sin embargo, el proceso no comenzó de cero. Formosa ya contaba con una planificación estratégica propia, pensado para integrar el territorio y fortalecer su perfil productivo. La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia permitió que esa planificación encontrara respaldo financiero y político a escala nacional.
Los cambios fueron profundos. La pavimentación de la Ruta Nacional 81 terminó de conectar el este y el oeste provincial, mientras obras como el viaducto de la Ruta Provincial 28 sobre el Bañado La Estrella transformaron la conectividad de regiones históricamente aisladas.
El desarrollo hídrico también modificó la realidad provincial. Formosa avanzó en sistemas de almacenamiento y distribución de agua que ampliaron la capacidad productiva y mejoraron el abastecimiento para miles de familias. Paralelamente, la expansión de la red eléctrica permitió llevar energía a zonas donde antes el acceso era limitado o directamente inexistente.
Uno de los aspectos más significativos del proceso fue la apuesta por la conectividad digital. La instalación de más de 2.500 kilómetros de fibra óptica convirtió a internet en una herramienta de inclusión para escuelas, hospitales, centros de salud y comunidades alejadas. Ese esquema de inversión pública también impactó en la economía. Entre 2004 y 2016, el Producto Bruto Geográfico de Formosa creció un 52,6%, por encima de la media nacional. La provincia logró además consolidar uno de los niveles de endeudamiento más bajos del país: el servicio de deuda representa apenas el 0,5% del presupuesto provincial 2025.
A partir de esa estabilidad, comenzaron a impulsarse proyectos orientados a cambiar la matriz productiva provincial y hoy se apuesta por el desarrollo de la planta Fermosa Biosiderúrgica con una inversión estimada en 65 millones de dólares y la proyección de generar miles de puestos de trabajo. A eso se suman el Polo Científico y Tecnológico y programas de formación técnica vinculados a sectores estratégicos.
Nada de esto puede separarse de una discusión más amplia sobre el rol del Estado. Porque detrás de cada ruta, escuela, hospital o red eléctrica hubo una concepción política que entendió al desarrollo como una responsabilidad pública y no como una consecuencia automática del mercado.
Ese es precisamente el punto donde el contraste con el actual modelo nacional se vuelve más visible. La administración de Javier Milei plantea que el Estado debe retirarse y reducir su intervención al mínimo. La paralización de la obra pública y el ajuste sobre las provincias forman parte de esa lógica.
En Formosa, el impacto de esa decisión ya empieza a sentirse. Aunque la provincia mantiene equilibrio fiscal y autonomía financiera, el freno nacional afecta proyectos, actividad económica y generación de empleo. La diferencia es que hoy existe una infraestructura construida durante las últimas dos décadas que permite amortiguar parte de ese escenario.
Por eso Formosa se convirtió en un espejo donde puede observarse con claridad la disputa entre dos modelos de país. Uno basado en la inversión pública, la planificación y el federalismo como herramientas de integración. Otro apoyado en el ajuste y la retracción estatal. Y en esa comparación, los resultados concretos sobre el territorio terminan siendo más elocuentes que cualquier discurso político.
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