Una auditoría interna del PAMI reveló un esquema sistemático de fraude en prestaciones oftalmológicas que se replicaba en distintas provincias del país, con maniobras que incluyen sobrefacturación, recetas falsas, prácticas inexistentes y cobros indebidos a jubilados.
El informe, basado en cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y controles prestacionales, detectó patrones reiterados entre médicos, ópticas y centros de salud. Entre las principales irregularidades se identificaron la facturación de lentes de alta graduación cuando en realidad se entregaban productos de menor costo, la existencia de prestaciones “fantasma” sin respaldo clínico y la manipulación de códigos para inflar montos.
Además, se comprobó la presencia de circuitos cerrados con conflictos de interés, donde profesionales derivaban pacientes a ópticas vinculadas, y casos en los que afiliados debieron pagar por servicios que debían estar cubiertos. En algunos episodios, los damnificados abonaron cifras elevadas por lentes mientras el organismo también era facturado por esas prestaciones.
Irregularidades extendidas y fallas en los controles
Las auditorías detectaron cientos de casos concentrados en determinados prestadores, con niveles de actividad considerados imposibles desde el punto de vista operativo. También se identificaron recetas emitidas sin fundamento médico y consultas registradas sin la presencia del paciente.
A partir de estos hallazgos, el PAMI —organismo bajo la órbita del Gobierno nacional— avanzó con denuncias judiciales por estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública. Sin embargo, la magnitud y extensión de las irregularidades expuestas reavivan cuestionamientos sobre la eficacia de los controles oficiales y la capacidad estatal para prevenir este tipo de maniobras.
Desde la actual conducción del organismo sostienen que las auditorías forman parte de un plan de ordenamiento que incluye recortes y mayores controles. No obstante, los casos detectados ponen en duda la implementación oportuna de estas medidas y evidencian que las fallas en la supervisión habrían permitido el desvío de recursos destinados a jubilados.
Con información de Radio Formosa
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