La presentación del proyecto de ley del senador Francisco Paoltroni para intervenir la provincia de Formosa encendió una ola de críticas, no solo por la severidad de sus planteos, sino también por la fragilidad jurídica de sus fundamentos. Bajo la consigna de un supuesto “rescate republicano”, la iniciativa propone suspender los tres poderes provinciales y declarar en comisión a todo el Poder Judicial, una medida que colisiona con el propio concepto de la división de poderes, la república o el federalismo.
Hasta el momento, el proyecto no ha cosechado apoyos públicos. Por el contrario, el silencio de referentes de La Libertad Avanza —tanto en Formosa como a nivel nacional— abre interrogantes sobre el verdadero alcance de la propuesta. En ese contexto, crece la evidencia de que no se trata de una iniciativa real sino de una puesta en escena política, por lo que el proyecto dudosamente llegue a buen puerto, si se tiene en cuenta que para que una provincia sea intervenida lo deben avalar ambas cámaras con mayoría absoluta.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la acusación de “insubordinación institucional” contra la Corte Suprema que se adjudica a la Provincia. Paoltroni sostiene que la reciente reforma constitucional de Formosa fue una “treta” para eludir el límite a la reelección, al incorporar una cláusula transitoria que considera al actual mandato como el primero, habilitando así una nueva postulación. La nueva Constitución establece un máximo de dos períodos para gobernador y vicegobernador, vale aclarar.
Sin embargo, esta postura contrasta con la opinión de especialistas de peso. Rodolfo Barra, ex Procurador del Tesoro de la Nación del gobierno de Javier Milei, avaló la legitimidad de la Convención Constituyente formoseña. Además, señaló que este tipo de cláusulas transitorias son herramientas técnicas habituales, comparables con las utilizadas en la reforma constitucional nacional de 1994.
La contradicción deja al descubierto el carácter aislado del proyecto, que hasta ahora solo ha recibido críticas severas y ningún respaldo explícito dentro de su propio espacio político.
¿Qué establece el proyecto de intervención a Formosa?
En su articulado, la iniciativa establece en el artículo 4 el “cese de autoridades del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo”, disponiendo la caducidad inmediata de los mandatos del gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales (pese a que estos no fueron cuestionados por la Justicia y que hay diputados libertarios en Formosa), además de declarar en comisión a los miembros del Poder Judicial. Asimismo, indica que el Poder Ejecutivo Nacional impartirá las instrucciones al interventor federal para garantizar la normalización institucional, con un plazo de dos años para convocar a nuevas elecciones, con lo cual en ese tiempo los y las formoseñas serán gobernador por alguien que no eligieron.
Es llamativo al menos que, teniendo en cuenta que una intervención busca garantizar una forma republicana de gobierno, el camino propuesto sea justamente la suspensión de los tres poderes locales.
Las reacciones desde el ámbito provincial no tardaron en llegar, sobre todo por este último punto, que fue resumido por el diputado Agustín Samaniego de forma contundente: “Pide que un extraño venga a gobernar Formosa. No hay razón jurídica, constitucional ni política para ello”.
Otro de los aspectos cuestionados es la falta de evidencia concreta en la fundamentación del proyecto. Paoltroni no presenta casos ni testimonios específicos, sino que basa su planteo en una supuesta cooptación de los poderes del Estado provincial, que ocurre porque la ciudadanía elige reiteradamente al peronismo, según se interpreta de su proyecto.
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En este punto, nuevamente aparece la mirada de Barra, quien remarcó que una intervención federal solo se justifica en situaciones extremas, como el cierre de la Legislatura o la intervención del Poder Judicial. Escenarios que, según distintos análisis, no se verifican en Formosa y, paradójicamente, ocurrirían si se avanza con el proyecto del libertario.
Por último, el proyecto también cuestiona el sistema electoral de lemas, al que califica como una “distorsión de la voluntad popular”. Sin embargo, resulta llamativo que el propio Paoltroni objete ahora un mecanismo que le permitió integrar la Convención Constituyente y consolidar su trayectoria política reciente, pese a que luego renunció al cargo por el que fue votado.
En medio de la falta de apoyos, las contradicciones jurídicas y las críticas generalizadas, la iniciativa abre más dudas que certezas sobre su viabilidad y, sobre todo, sobre su verdadera intencionalidad política teniendo en cuenta que el año que viene serán las elecciones a gobernador en la provincia. ¿Paoltroni estará interesado en ser candidato?
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