El conflicto en la Universidad Nacional de Formosa sumó un nuevo capítulo este 21 de abril, luego de que la Federación Universitaria Argentina denunciara «persecución política» contra estudiantes sancionados por reclamar mejoras en el acceso al comedor universitario. La situación, que comenzó como un reclamo por condiciones básicas de bienestar estudiantil, ya adquirió alcance nacional.
A partir de los testimonios de Anahí Molas y Maximiliano Portillo en Radio Fm Digital 91.3, se profundizó que el eje de la disputa gira en torno a cambios en el sistema del comedor: restricciones en el acceso, reducción de viandas y nuevas condiciones de pago que, aseguran, dejan afuera a gran parte del alumnado. «No pedimos nada regalado, solo poder comer», afirmaron.
El reclamó escaló cuando el Rectorado avanzó con sanciones contra estudiantes que participaron de las protestas. Algunos de ellos denunciaron prohibiciones de ingreso al campus por hasta 30 días, lo que impacta directamente en su trayectoria académica. «Nos están impidiendo cursar. En mi caso, estoy haciendo prácticas y si no asisto puedo perder el año o no recibirme, solo me restan tres materias», relató una Anahí.
Además, los alumnos sostienen que las medidas adoptadas por la universidad resultan excluyentes, especialmente para ingresantes y quienes no pueden afrontar un pago mensual fijo. También manifestaron temor ante posibles represalias: «Tenemos miedo de ir a la universidad. Esto ya no es solo un reclamo por comida, es por el derecho a estudiar».
La FUA habla de «criminalización de la protesta»
En este contexto, la Federación Universitaria Argentina intervino formalmente y envió una nota al rector Augusto César Parmetler, en la que calificó las sanciones como «autoritarias e ilegítimas». El Presidente del organismo, Joaquín Carvalho, expresó el «más enérgico repudio» y advirtió que la medida «lesiona el derecho de los estudiantes y cercena el diálogo democrático».
Desde la Federación sostienen que lo ocurrido en Formosa no es un hecho aislado, sino un antecedente preocupante para el sistema universitario: «No podemos avalar la criminalización de la protesta ni que se vulneren principios históricos como la autonomía, el co-gobierno y la libertad de expresión».
En cuanto al pedido, los jóvenes remarcaron que el planteo no apunta a recibir asistencia gratuita, sino a garantizar condiciones mínimas de acceso: «Nosotros no queremos nada de arriba. Lo único que pedimos es que se nos permita comprar nuestra comida dentro de la universidad». También cuestionaron la modalidad actual del servicio, que obliga a pagar un abono mensual cercano a los 30 mil pesos, incluso si el estudiante no puede asistir todos los días: «Antes se podía comprar la vianda en el momento, a un precio accesible. Ahora tenés que pagar todo el mes, vayas o no. Es injusto».
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Accesibilidad y recorte de viandas
Otro de los puntos más críticos es el traslado del servicio fuera del campus. Según denunciaron, actualmente las viandas deben retirarse en un punto externo, lo que complica especialmente a estudiantes con discapacidad o con horarios ajustados. «Hay compañeros en silla de ruedas o con dificultades visuales que tienen que ir hasta la recova. Entre clases no hay tiempo material para hacer ese recorrido», explicaron.
Por otro lado, señalaron una fuerte reducción en la cantidad de raciones: «El año pasado se entregaban alrededor de 800 viandas por día. Ahora no llegan ni a 250. Y los fondos, según entendemos, son los mismos». Esta situación alimenta sospechas dentro del estudiantado. «Si había presupuesto para muchas más viandas, ¿qué está pasando con el resto?», cuestionaron.
La FUA exigió la inmediata revisión de las sanciones y su anulación, al tiempo que se puso a disposición para abrir instancias de diálogo. Sin embargo, estudiantes adelantaron que, de no haber respuestas, evalúan avanzar por la vía judicial. «Vamos a llegar hasta las últimas instancias. Esto no es solo por nosotros, es por todos los estudiantes», afirmaron.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Lo que comenzó como un reclamo por el acceso a una vianda diaria hoy expone tensiones más profundas: el rol de las autoridades, el uso de los recursos y los límites al derecho a la protesta dentro de la universidad pública.
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