Hace unos días, en Tucumán, durante la cumbre del Parlamento del Norte Grande, industriales de diez provincias elevaron un fuerte reclamo al Gobierno nacional frente al deterioro de la actividad. En ese marco, firmaron un manifiesto conjunto en el que advirtieron sobre una caída interanual de la industria cercana al 9% y exigieron declarar la emergencia del sector, junto con medidas urgentes para evitar el cierre de fábricas y la pérdida de empleo. «No venimos a pedir prebendas; venimos a declarar al sector industrial en estado de emergencia», plantearon.
Entre los referentes que participaron de ese planteo estuvo Juan Manzolillo, presidente de la Unión Industrial de Corrientes (UICORR), quien ahora, en diálogo con NEA HOY, profundizó el diagnóstico y describió la situación crítica que atraviesa el entramado productivo del NEA en el contexto de las políticas del gobierno de Javier Milei.
Manzolillo sostuvo que la industria regional no escapa a una problemática nacional marcada principalmente por la fuerte caída del consumo interno. «El principal motivo de preocupación es la baja del consumo interno, tanto masivo como en general», explicó, y detalló que esto responde a una pérdida del poder adquisitivo: «Hay menos dinero disponible en la gente para consumir. Al haber subido los servicios y otros gastos fijos, lo que queda disponible —aun suponiendo que los ingresos se mantengan— es menor».
«El principal problema hoy es que hay menos plata para consumir, y eso repercute en toda la cadena productiva», sintetizó.
A ese escenario se suman otros factores que agravan la situación. Por un lado, el avance de importaciones en sectores sensibles: «Claramente el textil es impactado por eso», afirmó.
Vale recordar que Corrientes se encuentra atravesada por una crisis de la industria textual que afecta a empresas importantes como Alal, Tipoití, Alpargatas, TN Platex y TANSA, entre otras de diferentes rubros -como el forestal-, que enfrentan el grave contexto económico con cierre de plantas, suspensiones y despidos de trabajadores.
Manzolillo mencionó que el atraso cambiario en términos reales, que golpea a las economías exportadoras: «El dólar está al mismo precio que hace seis meses, pero con inflación acumulada. Eso hace que sea un dólar más barato y afecta, por ejemplo, a una maderera que exporta, porque suben los costos y pierde competitividad».
En línea con el documento presentado en Tucumán, el referente local también apuntó contra las trabas al comercio interprovincial, que complejizan aún más la actividad.
Respecto al vínculo con el Gobierno nacional, el titular de la UICORR reconoció que existe diálogo institucional, aunque sin resultados concretos. «Somos escuchados, pero hasta ahora eso no se refleja en resultados», remarcó.
Uno de los reclamos más urgentes del sector, indicó, es la necesidad de frenar los juicios y embargos impulsados por ARCA. «Una empresa que ya viene con problemas, y por eso no pudo pagar, si además sufre embargos, se le hace mucho más difícil seguir operando», advirtió.
Finalmente, Manzolillo planteó que el país necesita una política industrial activa, orientada al desarrollo y a la generación de valor agregado. «Nos gustaría tener un diálogo con el gobierno nacional orientado al desarrollo y a potenciar la industria argentina», sostuvo.
Y concluyó: «Se necesita una actitud proactiva para que las empresas, sobre todo las pymes, tengan un camino claro hacia dónde generar valor agregado. Porque es el valor agregado lo que genera riqueza en un país».
El escenario que describe Manzolillo no aparece aislado, sino como parte de un proceso más amplio que distintos sectores ya definen como un verdadero «industricidio». Un informe reciente basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y analizado por el centro de estudios Fundar advierte que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, más de 24.000 empresas dejaron de operar en el país. Solo en enero desaparecieron cerca de 2.000 firmas, alcanzando a la mayoría de los sectores y provincias, en un contexto de caída de la actividad, apertura importadora y fuerte presión fiscal.
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