El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados, que se abonará durante abril. La medida fue establecida a través del Decreto 213/2026 publicado en el Boletín Oficial y será implementada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El refuerzo económico, que se viene otorgando desde hace casi dos años, tiene como objetivo mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales, en un contexto en el que las actualizaciones mensuales aún no logran recomponer completamente el poder adquisitivo.
Según lo dispuesto, el bono será liquidado por titular y alcanzará a jubilados del régimen general, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas, entre otros grupos contemplados por la normativa.
Cómo se pagará el bono
- Monto máximo: hasta $70.000
- Quiénes lo cobran completo: quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo
- Montos proporcionales: para quienes superen el haber mínimo, el bono se ajustará hasta alcanzar el tope
- Carácter: no remunerativo, sin descuentos
- No se incorpora al haber: no será parte del ingreso mensual ni se tendrá en cuenta para futuros aumentos
Montos en abril con el bono incluido
Jubilación mínima:
- Haber: $380.286,25
- Con bono: $450.286,25
PUAM:
- Total con bono: $378.314,27
Pensiones no contributivas:
- Total con bono: $340.289,48
De acuerdo con lo establecido en la medida, firmada por el Presidente Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete y Jefe de Gabinete Manuel Adorni, el refuerzo extraordinario también alcanzará a quienes perciben la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Asimismo, el beneficio se extenderá a titulares de pensiones no contributivas, incluyendo aquellas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, además de otras pensiones de carácter graciable.
En cuanto a la decisión de no incrementar el monto del bono, el Gobierno sostiene los mismos fundamentos: señala que la fórmula de movilidad anterior presentaba «graves inconvenientes», generaba un «desfasaje significativo entre las variables económicas y su impacto en los haberes», y atribuye a la gestión previa efectos negativos sobre jubilados y pensionados.
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