Desde la asunción del gobernador Leandro Zdero en diciembre de 2023, el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) de Chaco atraviesa una profunda crisis caracterizada por el ajuste y el recorte de prestaciones básicas. Esta situación ha derivado en una ola de amparos judiciales presentados por cientos de familias que denuncian la falta de respuestas del Ejecutivo ante la interrupción de medicamentos y tratamientos de alta complejidad.
El INSSSEP es la obra social principal de la provincia, con más de 100.000 afiliados que representan entre el 70% y 80% de la población con cobertura en Chaco, incluyendo a docentes, policías, jubilados y personal de salud. Sin embargo, bajo la actual gestión, la Tesorería General de la Provincia ha comenzado a retener y administrar directamente los fondos de la entidad, lo que ha generado demoras críticas en la provisión de servicios.
La demanda de los afiliados se ha vuelto «estructural», recurriendo a la justicia como única vía para garantizar prestaciones que legalmente deberían estar aseguradas. Los reclamos se centran en:
- Demoras e interrupciones en terapias de alto costo.
- Cambios arbitrarios de prestadores sin previo aviso.
- Falta de medicamentos e insumos básicos.
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El drama de las enfermedades complejas
Uno de los puntos más sensibles de la crisis afecta a niños y adolescentes con patologías extremadamente graves. Según denuncias de familiares y profesionales, en diciembre de 2023 se cortaron totalmente los tratamientos de alta complejidad para enfermedades raras y síndromes específicos.
Entre los casos más urgentes se encuentran menores que padecen:
- Síndrome de West y convulsiones crónicas (con pacientes que han llegado a sufrir hasta 400 crisis en un solo día).
- Síndrome de Chiari, síndrome de Angelman y parálisis cerebral.
- Necesidad de medicación específica de salud mental que ha sido desmentida por las autoridades hospitalarias a pesar de los faltantes.
Conflicto en el Hospital Pediátrico y persecución laboral
La crisis también golpea internamente al sistema sanitario. Trabajadores del Hospital Pediátrico Dr. Avelino L. Castelán han denunciado que sus sueldos están congelados desde hace casi un año, con aumentos irrisorios del 1,2% frente a la inflación. Además de las falencias estructurales y la falta de insumos, los empleados denuncian una política de «silenciamiento» y persecución por parte del gobierno provincial, señalando que durante las protestas la policía ha exigido listas con los nombres de quienes se manifiestan.
Este modelo de gestión, que los trabajadores vinculan directamente con las políticas nacionales del Presidente Javier Milei, ha dejado a miles de chaqueños en una situación de vulnerabilidad extrema, donde el acceso a la salud depende hoy más de un fallo judicial que de la propia obra social
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