El 24 de marzo de 1976 no fue solo el inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina: en el NEA, ese quiebre institucional desplegó una trama de violencia sistemática que dejó marcas profundas en el tejido social, político y productivo de la región. A medio siglo, las heridas siguen abiertas: en los cuerpos que aún no aparecen, en las economías que fueron reconfiguradas a fuerza de terror y en las memorias que todavía buscan justicia.
La masacre como método: Margarita Belén
Uno de los episodios más brutales del terrorismo de Estado en el NEA fue la Masacre de Margarita Belén, en la provincia del Chaco. La noche del 12 de diciembre de 1976, 22 personas fueron fusiladas tras ser sacadas de la Alcaidía de Resistencia bajo el pretexto de un “traslado”.
La versión oficial difundida por el Ejército —un supuesto enfrentamiento con “subversivos” en la Ruta Nacional 11— fue rápidamente desmentida por las pruebas: los cuerpos presentaban signos de torturas extremas, ejecuciones a corta distancia y mutilaciones. Muchas de las víctimas habían sido brutalmente golpeadas antes de ser asesinadas; algunas mujeres, además, fueron violadas.
La operación había sido planificada con antelación por mandos militares y ejecutada con participación de fuerzas conjuntas. Incluso se cavaron fosas antes del “traslado” y se montó una escena falsa con vehículos baleados para sostener el relato oficial. Décadas más tarde, la Justicia probó que se trató de un plan deliberado de exterminio.
Recién en 2011, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a prisión perpetua a varios de los responsables. Y en 2021, una sentencia de Casación alcanzó a otro de los implicados.
Centros clandestinos en la vida cotidiana: “La Escuelita” de Formosa
En Formosa, el horror también se instaló en espacios aparentemente comunes. En el barrio San Antonio de la capital funcionó un centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”, que operó bajo control de fuerzas policiales y militares entre 1976 y 1983.
Los testimonios de sobrevivientes reconstruyen un escenario de terror permanente: secuestros nocturnos, torturas con picana eléctrica, golpizas, violaciones y simulacros de ejecución. Las víctimas eran mantenidas vendadas, desnudas y sometidas a interrogatorios constantes por grupos de tareas.
Por “La Escuelita” pasaron decenas de personas, muchas de las cuales aún permanecen desaparecidas. Hoy el sitio funciona como espacio de memoria, testimonio de lo que ocurrió cuando el Estado convirtió sus instituciones en herramientas de persecución.
El río como tumba: desaparición y borramiento
En Corrientes y Chaco, el río Paraná fue utilizado como parte de la maquinaria represiva. Investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y testimonios judiciales confirmaron que muchos cuerpos de desaparecidos fueron arrojados al agua para dificultar su identificación.
Los restos hallados en zonas como Empedrado presentan patrones comunes: cuerpos desnudos, atados, con signos de tortura, mutilaciones y ejecuciones con armas de fuego.
Las versiones sobre cuerpos arrojados desde el puente General Belgrano refuerzan esa lógica de desaparición.
Represión y economía: disciplinar el agro
La dictadura no solo persiguió militantes políticos: también tuvo un claro objetivo económico. En provincias como Misiones y zonas de Corrientes, el terrorismo de Estado operó como herramienta de disciplinamiento sobre el agro.
Antes del golpe, el NEA contaba con una fuerte organización de pequeños productores, cooperativas y movimientos como las Ligas Agrarias. Ese entramado cuestionaba la concentración económica y disputaba mejores condiciones para trabajadores rurales y colonos.
La represión desarticuló esas experiencias. Dirigentes fueron perseguidos, detenidos o desaparecidos, mientras que las condiciones laborales se deterioraron en un contexto de miedo y silenciamiento.
El modelo económico impulsado por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz profundizó estas transformaciones: apertura comercial, desregulación y valorización financiera favorecieron a los sectores más concentrados. En la cadena yerbatera, por ejemplo, los grandes molinos consolidaron su poder mientras los pequeños productores perdieron capacidad de negociación.
En el NEA, como en otras regiones del país, la represión contó con la complicidad de sectores empresariales. Investigaciones académicas señalan que muchas compañías entregaron listas de trabajadores, facilitaron recursos logísticos o incluso cedieron instalaciones para operativos represivos.
Un caso emblemático es el de Establecimiento Las Marías, en Gobernador Virasoro (Corrientes). Allí, una veintena de trabajadores fue secuestrada tras el golpe, en un contexto de creciente organización sindical. Algunos permanecen desaparecidos.
Memoria, verdad y una deuda persistente
A 50 años del golpe, el NEA sigue reconstruyendo su historia. Los juicios de lesa humanidad permitieron avanzar en la condena de algunos responsables, pero también dejaron al descubierto las demoras, las redes de complicidad y las resistencias que aún persisten.
Las marcas del terrorismo de Estado no son solo pasado: sobreviven en las desigualdades estructurales, en las economías regionales debilitadas y en las familias que aún buscan a sus desaparecidos.
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