A 50 años del golpe de estado que originó la última dictadura cívico-militar (1976-1983), una de las heridas más profundas sigue siendo la apropiación de hijos e hijas de personas desaparecidas. Un crimen que fue silencioso, planificado y sostenido por el propio aparato estatal. Durante esos años, miles de mujeres fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Entre ellas, muchas estaban embarazadas. Sus cuerpos fueron convertidos en territorio de castigo para disciplinar y en botines de guerra para apropiarse de la vida que esas mujeres gestaban.
Parir en cautiverio
Muchas veces no dimensionamos los horrores del terrorismo de Estado, a veces por pudor, a veces por sanitizar el relato, muchas otras porque todo lo que destila es crueldad pura. La mayoría conocemos acerca de las apropiaciones de bebés, pero poco se habla de las condiciones inhumanas en las que eran mantenidas las madres hasta el momento del parto. Para peor, en la mayoría de los casos eran asesinadas y sus bebés usurpados.
Tal como señala el informe de la CONADEP, los centros clandestinos de detención funcionaban también como espacios de maternidad forzada. Ahí, las mujeres eran obligadas a parir en condiciones precarias, muchas veces encadenadas, vendadas y sin asistencia médica adecuada. Los testimonios recogidos de personas que soportaron el encarcelamiento en el centro de detención clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) afirman que: “a nuestra llegada a la ESMA, vimos a muchas mujeres tiradas en el suelo, en colchonetas, que esperaban el nacimiento de sus hijos”.
Algunos testimonios cuentan que las mujeres estaban todos los meses de la gestación sin atención médica, con cadenas en los pies, atadas, acostadas, quietas, con los ojos vendados y torturadas. Lo que llamaban sala de parto era el sótano donde llegaban enfermeras y médicos militares. Los partos eran en presencia de oficiales uniformados y civiles armados y muchas veces las mujeres tenían que ser asistidas por sus propias compañeras detenidas. Ese bebé era separado de su madre a los pocos días. Los niños y niñas eran entregados a familias vinculadas al régimen, muchas veces a los propios represores, o inscriptos con identidades falsas. Así de borraban su origen y cortaban el lazo biológico y político con sus familias.
El robo de identidad como política de Estado
La apropiación de bebés fue una práctica sistemática. El informe Nunca Más dice: “Los represores que arrancaron a los niños desaparecidos de sus madres en el momento del parto, decidieron de la vida de aquellas criaturas con la misma frialdad de quien dispone de un botín de guerra. Despojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad. En ellos se ha golpeado a lo indefenso, lo vulnerable, lo inocente y se ha dado forma a una nueva modalidad de tormento.”
Se calcula que alrededor de 500 bebés fueron robados durante la dictadura. En muchos casos, existían listas de matrimonios, especialmente de militares, dispuestos a adoptar a estos niños. Los represores ganaban doble. Por un lado castigaban a las madres, despojándolas de sus hijos como forma extrema de tortura y por otro lado “reeducaban” a esos niños en valores opuestos a los de sus familias biológicas. Se trató de interrumpir la transmisión de identidades consideradas “peligrosas” y perder, justamente, su memoria. Muchos de esos niños crecieron sin conocer su verdadera identidad. Otros sospecharon durante años. Algunos recién pudieron reconstruir su historia décadas después, con pruebas genéticas y testimonios judiciales.
Abuelas de Plaza de Mayo: la memoria como búsqueda
Frente a ese plan de exterminio y apropiación, surgió una de las organizaciones más emblemáticas de la lucha por los derechos humanos: Abuelas de Plaza de Mayo. Las Abuelas comenzaron su búsqueda en plena dictadura, cuando el miedo era ley. Eran mujeres que, además de haber perdido a sus hijos e hijas, sabían que sus nietos habían nacido en cautiverio o habían sido secuestrados junto a sus padres.
En plena dictadura y sin herramientas institucionales ni apoyo estatal, iniciaron una tarea inédita: reconstruir identidades robadas. Recorrieron juzgados, hospitales, iglesias. Denunciaron en el exterior. Y, con el tiempo, impulsaron la creación de herramientas clave como el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su lucha permitió encontrar a muchos de esos niños e instalar el derecho a la identidad como un derecho humano fundamental. Al día de hoy 140 nietos y nietas fueron restituidos.
Te llamaron de otra manera, pero tu identidad siempre estuvo ahí.
Si naciste entre 1976 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunicate con Abuelas de Plaza de mayo (https://t.co/1oC9aDjZMJ)
Este video es un aporte de Indisciplinadxs para la búsqueda de las 300 personas… pic.twitter.com/6vZ47DPpMW
— INDISCIPLINADXS (@indisciplinadxs) March 23, 2026
La memoria como presente
El robo de bebés durante la dictadura dejó una marca que atraviesa generaciones. Hablamos de los desaparecidos, quienes crecieron con una identidad falsa, de familias que aún buscan, y de una sociedad que sigue reconstruyendo su historia.
Los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones judiciales permitieron demostrar que existió un plan sistemático. Pero también demostraron que fue aún más específica la violencia ejercida sobre las mujeres. Las embarazadas fueron sometidas a un repertorio particular de torturas, atravesadas por su condición de madres. A 50 años del golpe, por esas madres, por esas abuelas, el trabajo de memoria sigue siendo urgente, porque frente a los discursos negacionistas, recordar es un acto de justicia y una forma de resistencia.
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