Una consultora privada reveló un informe lapidario sobre la evolución de las transferencias no automáticas (TNA) del Gobierno Nacional a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante febrero de 2026. Los datos reflejan una fuerte contracción de los envíos discrecionales y una distribución marcada por profundas asimetrías territoriales, ya que a la vez hubo una fuerte concentración de los recursos no automáticos. Fue tan baja la distribución que se habla de una virtual eliminación de las TNA.
Formosa, entre las más afectadas
La situación de Formosa es cuanto es transferencias no automáticas es particularmente crítica: recibió apenas $20 millones en febrero, con una caída real interanual del 96,4% y un monto per cápita de solo $32.
En el acumulado del primer bimestre, junto con Catamarca y Chaco, se ubicó en el extremo inferior de la tabla, captando en conjunto apenas el 0,03% de los fondos nacionales distribuidos en lo que va del año.

En el segundo mes del año, las transferencias totalizaron $120.934 millones, lo que representa una caída real interanual del 35,7% frente a febrero de 2025. Según el reporte, se trata del segundo peor febrero desde 2005, apenas por encima del piso registrado en 2024.
El análisis, ajustado por inflación (con una estimación de IPC del 2,9% mensual), confirma que el nivel de recursos enviados se ubica en un mínimo histórico casi absoluto. Para la consultora, esto consolida una política de fuerte restricción en los giros hacia las jurisdicciones, cuya distribución están reguladas por leyes específicas.
Fondos concentrados en pocos conceptos
Otro dato crítico es la extrema concentración de los recursos. El 90% de los envíos respondió únicamente a dos conceptos:
- 73%: cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema a favor de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- 17%: Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El resto de los programas nacionales apenas explicó el 10% del total transferido, lo que evidencia la virtual paralización de múltiples líneas de asistencia.
En términos geográficos, la concentración fue aún más marcada: solo tres jurisdicciones absorbieron el 85% de los recursos.
- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió $88.597 millones (73,3% del total), impulsada por la deuda de coparticipación federal definida por la Corte Suprema.
- Misiones captó $8.037 millones (6,6%), principalmente por un ATN extraordinario y fondos del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
- Neuquén obtuvo $5.764 millones (4,8%), sostenido por ATN y el programa de estímulo a la producción de gas natural.

En el extremo opuesto, provincias como Entre Ríos, la mencionada Formosa, Catamarca y Chaco recibieron en conjunto apenas el 0,1% del total de febrero.
Caídas críticas y virtual eliminación de fondos
El informe advierte que la heterogeneidad es tan alta que los promedios pierden sentido. Mientras algunos distritos mostraron subas atípicas por la baja base comparativa, otros sufrieron derrumbes casi absolutos.
Entre las caídas más severas se destacan:
- Río Negro: -99,1%.
- Mendoza: -98,5%.
- Chaco: -98,7%.
En estos casos, el informe habla directamente de una «virtual eliminación» de las transferencias no automáticas respecto del año anterior.

Ejecución mínima de los ATN
El reporte también cuestiona la baja ejecución del fondo de Aportes del Tesoro Nacional. En febrero se recaudaron $85.047 millones, pero solo se distribuyeron $20.000 millones (23,5%). En el acumulado bimestral, de un total recaudado de $177.117 millones, se ejecutaron $27.000 millones, lo que equivale a apenas el 15,2%. La baja utilización del fondo refuerza, según la consultora, el sesgo contractivo de la política fiscal nacional.
El primer bimestre de 2026 cerró con transferencias por $160.425 millones, marcando una caída real del 47,2% interanual y posicionándose como el segundo nivel más bajo en veinte años.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentró el 55,5% de los recursos en el período enero-febrero, mientras que varias provincias quedaron prácticamente excluidas del esquema de asistencia discrecional.
El informe concluye que el actual esquema profundiza desigualdades regionales, consolida una distribución altamente concentrada y mantiene a la mayoría de las provincias en un escenario de fuerte restricción financiera.
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