Mientras el debate político gira en torno a la reforma laboral, los números muestran una realidad mucho más profunda: el empleo registrado en Argentina está en retroceso y el tejido empresarial se achica a un ritmo alarmante. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 290.600 puestos formales y cerraron 21.938 empresas. No es una percepción: son datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En Argentina hoy cierran, en promedio, 30 empresas por día. Cada jornada se pierden 400 empleos registrados. No se trata solo de estadísticas: es capacidad productiva que desaparece, son persianas que bajan, es capital humano que queda a la intemperie. El parque empresarial, columna vertebral del empleo asalariado, se contrae en un contexto de apertura comercial acelerada, liberalización y caída del consumo interno. Cuando las empresas desaparecen, el empleo formal no se “flexibiliza”: simplemente se evapora.
El argumento oficial suele sostener que las reformas estructurales generarán crecimiento. Sin embargo, los datos muestran otra tendencia. En el tercer trimestre de 2016, con un PBI de USD 138.466 millones, los asalariados representaban el 75,4% del total de ocupados. En el mismo período de 2025, con un PBI prácticamente idéntico (USD 135.383 millones), esa participación cayó al 71,9%. La economía produce casi lo mismo, pero distribuye peor el empleo. La primarización productiva y el peso creciente de actividades extractivas consolidan una estructura que demanda menos trabajo asalariado estable. No es modernización: es fragilidad estructural. La pregunta inevitable es: ¿dónde están esos trabajadores que dejaron el empleo formal?
La respuesta es clara: en el cuentapropismo. Esta categoría pasó del 20,5% en 2016 al 24,5% en 2025, alcanzando 3,3 millones de personas, el nivel más alto de la serie. Lejos del relato del “emprendedor por elección”, el cuentapropismo crece como respuesta defensiva ante la expulsión del mercado asalariado. El empleo registrado había alcanzado su pico en 2023 con 10 millones de trabajadores; desde entonces cayó 2,5%. El problema no es que haya más emprendedores. El problema es que hay menos empleo formal.
Reforma laboral en medio del derrumbe
En este contexto, la reforma laboral aparece como una respuesta que corre el eje del problema. Mientras los indicadores muestran que el desafío central es la destrucción de empresas y el estancamiento productivo, la agenda se concentra en flexibilizar derechos de quienes aún conservan empleo registrado.
Plantear una reducción de garantías laborales cuando el mercado ya está debilitado implica “nivelar hacia abajo”: en lugar de ampliar la protección social hacia los 3,3 millones de cuentapropistas, se propone recortar derechos a los asalariados. No se trata de modernizar relaciones laborales. Se trata de redefinir el piso de protección en un escenario de retracción económica.
Cuando el sistema productivo pierde empresas, el empleo formal no mejora por decreto. Sin inversión, sin industria dinámica y sin mercado interno robusto, cualquier reforma laboral puede terminar siendo el marco legal de una economía más pequeña y más desigual.
El debate de fondo no es jurídico: es productivo. Sin empresas abiertas y sin crecimiento sostenido del PBI, la discusión sobre derechos laborales corre el riesgo de transformarse en una formalización de la precariedad.
La verdadera reforma pendiente no es laboral. Es productiva.
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