El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo foco de resistencia, esta vez desde un sector que en términos generales suele respaldar reformas promercado. La Cámara de Comercio de Resistencia expresó fuertes reparos a la iniciativa y advirtió sobre posibles retrocesos institucionales, mayor inseguridad jurídica y un aumento de la conflictividad laboral, si el texto avanza sin modificaciones sustanciales.
La posición fue transmitida en una reunión con la senadora nacional por Chaco, Silvana Schneider, en la que los directivos de la entidad dejaron en claro que el acompañamiento al proyecto no es automático ni incondicional. Por el contrario, señalaron cinco artículos puntuales que consideran incompatibles con un marco laboral previsible y equilibrado.
El presidente de la Cámara, Juan Martín Alfonso, explicó que la institución respalda una modernización del sistema laboral solo en la medida en que garantice estabilidad, previsibilidad y reglas claras, en línea con la postura de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la CAME. Sin embargo, advirtió que el texto actual incorpora disposiciones que van en sentido contrario a esos objetivos.
Los artículos de la reforma laboral bajo la lupa chaqueña
Uno de los cuestionamientos centrales apunta al artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos. Para los empresarios chaqueños, esta medida implica un retroceso en el sistema de negociación colectiva, debilita la autonomía de las partes y rompe el carácter integral de los acuerdos laborales, generando mayor conflictividad e incertidumbre jurídica.
Además, sostienen que la norma podría entrar en contradicción con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con convenios internacionales de la OIT, al afectar derechos laborales ya consolidados.
El artículo 128 también fue duramente cuestionado por afectar el principio de paridad entre las partes. Según la Cámara, la norma mantiene aportes obligatorios para organizaciones sindicales, pero prohíbe mecanismos equivalentes para el sector empresario, lo que genera un trato inequitativo y debilita su capacidad institucional de representación.
En tanto, los artículos 130 y 131 fueron señalados por alterar el esquema de articulación entre convenios colectivos. Al otorgar prevalencia a acuerdos de menor ámbito por sobre los de actividad, la reforma podría fragmentar el marco normativo, habilitar desigualdades salariales y vulnerar el principio de “igual remuneración por igual tarea”, uno de los pilares del derecho laboral.
El último punto crítico es el artículo 132, que otorga a la autoridad administrativa la facultad de convocar la renegociación de convenios vencidos y suspender de oficio los efectos de su homologación. Para la Cámara de Comercio, esta atribución introduce un alto grado de discrecionalidad estatal, incrementa la incertidumbre y afecta tanto a empleadores como a trabajadores.
Un respaldo condicionado y una señal política
Lejos de un rechazo ideológico, el planteo del empresariado chaqueño expone una crítica técnica e institucional al proyecto oficial. En ese marco, la Cámara adelantó que se sumará a un trabajo articulado con cámaras empresarias de todo el país para dialogar con legisladores nacionales y reclamar la eliminación de los artículos objetados.
El mensaje resulta significativo: incluso sectores empresarios advierten que la reforma laboral, tal como está redactada, podría erosionar la seguridad jurídica que dice buscar, generar más conflictos y debilitar el sistema de relaciones laborales en lugar de fortalecerlo. Una señal de alerta que complejiza el escenario para el Gobierno de Javier Milei y pone en duda la viabilidad de una reforma aprobada a las apuradas y sin consensos amplios.
Con información de Norte.
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