La inversión pública nacional se consolidó durante el último año como una de las variables de ajuste más severas del Gobierno de Javier Milei. Según datos oficiales de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Estado ejecutó un total de $2,1 billones, lo que representa una caída real del 27% respecto al ejercicio de 2024. Este recorte posicionó a la inversión como el cuarto rubro que más incidió en la reducción total del gasto primario.
El desplome se explica fundamentalmente por el recorte en las Transferencias de Capital (TC), que sufrieron un derrumbe del 48,6% interanual. Si bien la Inversión Real Directa (IRD) mostró un incremento del 14,9%, este no fue suficiente para compensar el freno generalizado de la inversión estatal. Durante nueve de los doce meses del año se registraron disminuciones reales, siendo enero el mes con la parálisis más profunda (-84,9% a nivel interanual), señala el informe.
Esta retracción ha llevado a la inversión pública a un terreno inédito en la historia reciente de la economía argentina. Al analizar la evolución en términos del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos cinco años, la inversión pública alcanzó un mínimo del 0,2% del PBI en 2025, una cifra marginal si se compara con el 2,4% del PBI registrado en 2022 o incluso con el 1,5% de 2021. Este escenario marca el nivel de presencia estatal más bajo del último lustro, evidenciando un retiro casi total de la Nación en el financiamiento de proyectos estratégicos.
La función Energía por ejemplo, que incluye principalmente las transferencias de capital a la empresa ENARSA para la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos en la provincia de Santa Cruz, fue la que más contribuyó a la reducción de la inversión.
En materia de vivienda, el impacto ha sido particularmente crítico. La función «Vivienda y Urbanismo» fue la segunda que más contribuyó a la reducción general de la inversión pública tras la disolución de los fondos fiduciarios Procrear y el Fondo Fiduciario de la Vivienda Social. Esta decisión política resultó en una transferencia nula de recursos, dejando truncos planes de acceso a la vivienda y urbanización en todo el país, que hoy explica que muchas casas sin terminar están por ser subastadas.
Dentro de lo poco que se mantuvo activo, se destaca la Inversión Real Directa, que consiste principalmente en las compras que el Estado realiza en bienes de capital, tales como maquinaria, equipos e infraestructura propia. En este rubro, vialidad fue uno de los sectores que más fondos absorbió para proyectos de mantenimiento y atención de emergencias por más de $57.000 millones. Sin embargo, la paradoja es total: pese a estos desembolsos puntuales, el 70% de las rutas nacionales se encuentra hoy en estado crítico debido a la paralización de obras estructurales y el vaciamiento de personal técnico en Vialidad Nacional, lo que ha disparado la inseguridad vial y los costos logísticos.
Finalmente, el informe de la OPC señala un crecimiento del 34,6% en las transferencias de capital destinadas a provincias y municipios, que sumaron $0,2 billones. Las principales beneficiarias de estos fondos fueron Tucumán, Chaco, Salta y Catamarca. Vale aclarar que este flujo de dinero estuvo lejos de tener una distribución federal equitativa: estas provincias fueron las principales receptoras de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos discrecionales que se destinan para atender emergencias puntuales, pero que el Gobierno usó como una herramienta de negociación directa para garantizar el apoyo legislativo necesario en momentos clave en el Congreso.
Con rutas deterioradas, planes habitacionales truncos y provincias dependientes de transferencias discrecionales, el retroceso en la inversión pública señala cómo queda relegado el crecimiento a largo plazo, profundizando las asimetrías territoriales y el impacto social.
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