El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei conlleva una reducción en la masa de coparticipación federal debido a la modificación de diversos tributos. Entre los gravámenes que verán reducida su recaudación, afectando los ingresos provinciales, se encuentran el Impuesto a las Ganancias aplicado a sociedades, los impuestos internos sobre los servicios de telefonía celular y satelital, y los tributos sobre los seguros.
De acuerdo con cifras recopiladas por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el costo fiscal de esta iniciativa para las provincias del NEA será contundente. La reducción de la masa coparticipable —de la cual las provincias reciben el 59% por ley— impactará de la siguiente manera en la región:
- Chaco: La provincia liderada por Leandro Zdero es la más afectada de la región, con una pérdida estimada de $90.244 millones.
- Corrientes: Bajo la gestión de Juan Pablo Valdés, dejaría de percibir $67.247 millones.
- Formosa: El distrito vería recortados sus recursos en $65.800 millones.
- Misiones: el recorte proyectado en los recursos coparticipables asciende a $59.756.411.600.
Modificaciones que desfinancian la Seguridad Social
El punto más polémico de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para que los empleadores cubran indemnizaciones. Este fondo se financiaría mediante la reducción de 3 puntos en las contribuciones patronales, las cuales pasarían del 20,4% al 17,4% para el sector servicios, y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados con personal registrado.
Aunque esto representa un alivio para las empresas, el informe advierte que tiene un efecto directo de desfinanciamiento sobre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), gestionado por la ANSES. Para el gremio Aefip, se trata de una «reforma tributaria encubierta» que generará problemas de ingresos tanto en las provincias como en la Nación.
Críticas al proyecto: «Un ataque a los trabajadores»
Las voces críticas, encabezadas por el diputado nacional y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, han sido tajantes al calificar la medida. Según sus proyecciones, el desvío de fondos hacia el FAL le quitará al sistema jubilatorio aproximadamente US$ 4.300 millones, lo que definió como un intento de «volver a las AFJP, pero en cuotas».
Capitanich también denunció que la reforma es inconstitucional, dado que las modificaciones impositivas deben originarse en el Congreso de forma específica, y comparó sus posibles efectos con los de la última dictadura militar, afirmando que el objetivo real es “aumentar el desempleo” y no mejorar la productividad.
Por el contrario, desde el Gobierno Nacional relativizan estas cifras y sostienen que este costo fiscal debe verse como una “inversión” necesaria para lograr la formalización de millones de trabajadores que actualmente se encuentran fuera del sistema laboral.
Con información de Perfil y Primera Edición.
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