La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional encuentra en Corrientes un respaldo político condicionado. Desde el oficialismo rechazan que, bajo ese paraguas, se introduzcan cambios impositivos que afectarían de manera directa los ingresos provinciales.
Esa será la principal discusión que mantendrán el gobernador Juan Pablo Valdés y el ministro del Interior, Diego Santilli que visitará la provincia esta semana, de acuerdo a lo trascendido en las últimas horas.
El legislador nacional por Corrientes, Diógenes González -en diálogo con NEA HOY– sintetizó con claridad esa posición: apoyo al objetivo general de la reforma laboral, pero resistencia a mezclarla con una baja tributaria que impacta sobre la coparticipación.
El diputado radical destacó como un punto a favor de la reforma que impulsa Javier Milei la mayor flexibilidad del sistema. “La posibilidad de entrar y salir de los trabajos con menos rigideces es un dato positivo, porque lo que se busca es que haya un 40% que hace más de 20 años está afuera del sistema laboral y que pueda ingresar”, manifestó.
No obstante, consideró que cualquier modificación debe ser equilibrada: “Hay que encontrar un punto en el que todos ganen. No puede ser una reforma a expensas de las empresas o a expensas de los trabajadores”.
El punto de conflicto: Ganancias y coparticipación
Para el oficialismo de Corrientes el problema no es la reforma laboral en sí, sino la incorporación de una reforma impositiva encubierta. González fue tajante al describir esa situación: “Es como juntar peras con manzanas, porque se está discutiendo una reforma impositiva en el medio de la reforma laboral y se está confundiendo el objetivo de modernizar las relaciones entre el personal y la empresa”.
El punto más conflictivo es la reducción del Impuesto a las Ganancias, uno de los tributos coparticipables más relevantes para las provincias. “Es el punto más complicado y más polémico, porque si reducimos Ganancias estamos afectando la coparticipación”, advirtió el legislador.
Por eso, la postura del Ejecutivo provincial que lidera Juan Pablo Valdés gira en torno a que la discusión impositiva se de por separado.
Un golpe millonario para las cuentas provinciales
Según las estimaciones que maneja el oficialismo correntino, el impacto fiscal sería severo. “La provincia de Corrientes podría perder un volumen de más de 60.000 millones de pesos en el año. Es muchísimo dinero”, alertó a este medio el legislador Diógenes González.
Esa caída de recursos no sería abstracta: afectaría directamente la prestación de servicios esenciales.“Las provincias tienen enormes responsabilidades en el sistema de salud, el sistema de educación pública, la seguridad. Alterar ese flujo de recursos conspira contra el normal desenvolvimiento del Estado”, reclamó.
El trasfondo técnico del reclamo de Corrientes a la reforma laboral
La preocupación de Corrientes se potencia a partir de un cambio clave introducido en el Senado y que pasó casi inadvertido: el artículo 212 del dictamen de mayoría, que dejó en manos del Ministerio de Economía la decisión de cuándo entran en vigencia los beneficios fiscales incluidos en la reforma laboral.
En la práctica, la baja de impuestos ya no sería automática con la sanción de la ley, sino que dependería de una resolución administrativa de Luis Caputo, atada a las metas de equilibrio fiscal.
Ese giro alteró el esquema original del proyecto y abrió un escenario de incertidumbre. Para las provincias, implica quedar expuestas a una doble fragilidad: la posibilidad de perder recursos coparticipables y, al mismo tiempo, no tener certezas sobre cuándo —o si— se implementarán efectivamente los incentivos prometidos para la actividad económica. De allí que varios gobernadores aliados acompañen la reforma laboral, pero resistan el capítulo impositivo.
En ese marco, la reunión entre Valdés y Diego Santilli aparece como un capítulo clave de la negociación política. Corrientes no pone en discusión la llamada «modernización» del mercado laboral, pero deja en claro que no estaría dispuesta a financiar el ajuste nacional con recursos que sostienen servicios públicos.
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