La crisis de Lácteos Verónica volvió a escalar y expone con crudeza una práctica que el gremio y los trabajadores califican como lock out patronal. La empresa decidió paralizar completamente la producción en sus tres plantas santafesinas —Suardi, Lehmann y Clason— y mantiene una deuda salarial que se arrastra desde octubre, lo que llevó a más de 600 trabajadores a ocupar las instalaciones en defensa de sus puestos de trabajo.
La medida fue tomada de manera unilateral por la firma, sin garantizar el pago de salarios ni ofrecer un plan concreto de continuidad laboral. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el conflicto se inscribe en una crisis que se repite desde hace meses y que ya había encendido múltiples alarmas en la industria láctea santafesina.
Fundada en 1923 y con más de 65 años de presencia en Santa Fe, Lácteos Verónica —propiedad de la familia española Espiñeira— supo ser una empresa emblemática del sector. Incluso durante la pandemia registró récords de ventas. Sin embargo, desde hace al menos dos años atraviesa una profunda crisis financiera y productiva, por la cual solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis que, en la práctica, no evitó el deterioro ni protegió a sus trabajadores.
La empresa produce una amplia gama de productos —leche envasada, leche en polvo, cremas, quesos y dulces— y llegó a emplear a unas 700 personas entre sus plantas y centros de distribución. Hoy, poco más de 600 trabajadores siguen en conflicto, muchos de ellos con una vida entera dedicada a la industria láctea, sin cobrar sus salarios y sin respuestas claras.
El impacto trasciende lo laboral. Más de 150 productores tamberos que entregaron leche a la empresa no cobraron, al igual que transportistas y proveedores. La falta de insumos paralizó completamente la producción y dejó a pueblos enteros afectados por la caída de una de sus principales actividades económicas. Los consumidores, a su vez, ya no encuentran los productos de la marca en góndolas.
Las expectativas de una salida ordenada se frustraron cuando Verónica incumplió un cronograma de pagos semanales acordado con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra). A ese incumplimiento se sumó el vencimiento, el pasado 8 de enero, del contrato a fason de la planta de Lehmann, cuya renovación había contado en otras oportunidades con la intervención del gobierno provincial.
Esta vez, los trabajadores dudan de que la gestión de Maximiliano Pullaro vuelva a interceder frente a una empresa que acumula cheques rechazados por más de 10.900 millones de pesos y una larga lista de compromisos incumplidos.
Para el gremio, la paralización total de las plantas no responde únicamente a una imposibilidad económica sino a una decisión empresaria que traslada el costo de la crisis a los trabajadores. Sin salarios, sin producción y sin control estatal efectivo, el conflicto de Lácteos Verónica vuelve a poner en evidencia las consecuencias de la impunidad empresaria y la fragilidad de miles de familias que dependen de la industria láctea en Santa Fe.
Con información de BAE Negocios.
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